En la previa de la asunción, el presidente electo, Alberto Fernández, enfrenta el primer encontronazo con el Círculo Rojo. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) arrancó un lobby feroz contra el proyecto de Ley de Góndolas que se tratará esta semana en Diputados y, por carta, avisó que su aprobación “atenta contra la libre oferta y provisión de bienes” y puede significar la perdida de entre 5.000 y 7.000 empleos por caída en la rentabilidad sectorial.
La normativa, que ya se discute en labor parlamentaria y llegará este miércoles al recinto, es un pedido expreso de Fernández para combatir la concentración en la producción y venta de alimentos. La ley fija un cupo de 30% de provisión de productos pyme en góndolas y establece una rotación sin lugares fijos que alterne primeras marcas con las más pequeñas.
Fernández quiere la ley para balancear la concentración productiva.
El aviso de AmCham llegó en forma de misiva al despacho de la diputada Marcela Passo, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y referente del Frente Renovador, la fuerza que conduce Sergio Massa.
Fuentes del entorno de la legisladora brindaron a Letra P detalles de la carta: “Es imperativo traer a su consideración el impacto negativo que la eventual sanción de cualquiera de los dictámenes referenciados generará en el ambiente de negocios de la Argentina al permitirse (…) una situación de intromisión que atenta lisa y llanamente contra la libre oferta y provisión de bienes, so pretexto de facilitar y garantizar las condiciones de libre competencia entre los establecimientos de consumo masivo y sus proveedores”, dice y agrega que la norma “atenta no solo contra garantías básicas como el ejercicio de la industria lícita, el comercio, el uso y disposición de la propiedad, sino que también abre la puerta a controversias internacionales por ir contra aquello a lo que Argentina se ha obligado en tratados internacionales de jerarquía constitucional”. Este último dato es relevante porque lleva el sello que las compañías estadounidenses tienen en todo el mundo: la idea de libertades absolutas para comerciar, que además van en línea con el aval político de la Casa Blanca.
Marcela Passo, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor.
Asimismo, el texto de la nota que recibió Passo advierte que “la pérdida de puestos de trabajo, por pérdida de rentabilidad y eficiencias, se estima entre 5.000 y 7.000 personas”. También, que “se prevé un aumento de los costos laborales en la cadena de comercialización del 20% y un aumento de precios de venta final al público por traslado de costo incremental del 10% al 12%”.
El dato de la ley es casi menor en relación a lo que representa como señal. Es el primer enfrentamiento que Fernández tiene con CEOs con los que sus enviados ya mantuvieron contactos. La AmCham tiene en su seno a empresas alimenticias de peso, al igual que supermercados, y el lobby contra la norma ya se venía pensando. De hecho, la embestida contra el proyecto sale de los estadounidenses en forma directa, sin pasar por otras cámaras más representativas como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).
De todos modos, desde el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja aseguraron a este portal que “la ley sale”.
