Al filo de las elecciones generales de octubre, en la Ciudad de Buenos Aires una propuesta para adecuación de los sueldos del Poder Judicial porteño con el Nacional convulsionó al mundillo judicial y político. La iniciativa nació del juez y consejero porteño Marcelo Vázquez, que sigue el tema hace años y por un error administrativo llegó a ingresar como proyecto a la Legislatura porteña, aunque corre riesgo de naufragar ante la resistencia del Gobierno.
En la Jefatura de Gobierno la propuesta cayó como una bomba ante la crisis económica y la "imposibilidad" de absorber desde las arcas públicas la masa de salarios. Según el proyecto de Vázquez, el principio de traspaso de competencias de Nación a Ciudad contempla un desembolso de partidas que colaboraría para cubrir esos gastos. En concreto, reclama la adecuación de remuneraciones y categorías a las vigentes en la justicia federal mediante una ley que toma como antecedente lo que rige en la provincia de Santa Fe.
En ese sentido, la normativa se asienta bajo la idea de la "intangibilidad" de las remuneraciones del Poder Judicial que implica equidad de derechos y salarios entre los jueces. "Que sea por ley es para garantizar el derecho", se explica en los fundamentos del proyecto.
La propuesta generó también un eco de tensión en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, que no presentó ninguna propuesta de equiparación ni de aumento de salarios. Según la iniciativa de Vázquez, un ministro del TSJ debería cobrar lo mismo (de básico) que su par de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyas autoridades acaban de autorizar un 69% de incremento salarial.
En el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta hay furia con la propuesta porque, en plena campaña electoral y con la idea del ajuste fiscal aún fresco en el electorado, aparece una propuesta para incrementar salarios de funcionarios del Poder Judicial capitalino. Actualmente, un juez de primera instancia de Ciudad ganan un 25% menos que los nacionales y por eso Vázquez reclama avanzar con una adecuación del sueldo básico antes de que se haga efectivo el traspaso.
La iniciativa agrega a los procuradores a la franja de empleados judiciales que puede cobrar hasta un 25% en concepto de título. La normativa indica que este beneficio es para abogados y el proyecto de Vázquez busca modificar la Ley N°7 para incluir a quienes tengan ese título universitario. Un procurador está destinado a trámites en tribunales y, a diferencia de un abogado, no puede patrocinar clientes.
"A fin de ayudar a efectivizar el proceso el proceso de transferencia se deberán realizar las adecuaciones legales en el orden interno anticipando de manera eficiente la conflictiva situación de derecho que resultara del traspaso total de la justicia nacional ordinaria, tendientes a garantizar la intangibilidad de las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios nacionales, a los fines que ese proceso de traspaso no afecte derechos legítimamente adquiridos y constitucionalmente protegidos y que, asimismo, no perjudique a los que corresponden a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial local, procediendo a la equiparación de sus remuneraciones", fundamenta Vázquez en el proyecto.
En ese sentido, aclara que "corresponde equiparar las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la C.A.B.A. con las de los Magistrados y Funcionarios Federales". "Teniendo en cuenta que hoy las mismas no son equivalentes, evitando de esta manera futuros planteos jurídicos que impidan el traspaso en base a un menoscabo que pudieran sufrir los Magistrados Nacionales –quienes si se hallan equiparados a los Magistrados y Funcionarios Federales- en la percepción de sus salarios", agrega.
PAPELEO. Vázquez presentó la iniciativa ante el Consejo de la Magistratura y aún resta su evaluación en el plenario de consejeros. Sin embargo, también giró la propuesta al presidente de la Legislatura, el vicejefe Diego Santilli, y al de la Comisión de Justicia, Daniel Presti.
El magistrado sostiene que únicamente hizo circular la propuesta mediante una carta y que por un "error" administrativo la iniciativa llegó hacia la oficina de Mesa de Entradas del Parlamento para constituirse como un proyecto presentado. En rigor, el texto tiene articulado y fundamentos como cualquier proyecto de ley. No obstante, el Gobierno porteño le baja el pulgar a la iniciativa y el proyecto podría naufragar en el edificio de Perú 160.
