Cuatro días después de las elecciones nacionales bolivianas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) difundió, dentro del plazo legal constitucional, los números definitivos del comicio y confirmó que el actual presidente, Evo Morales, ganó en primera vuelta. El candidato del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) consiguió 2.889.074 de votos y alcanzó el 47,07%, mientras que el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, recolectó 2.240.894 votos y llegó al 36,51%. De esta manera, al superar el 40% y obtener una diferencia superior a los diez puntos con su competidor más cercano, Morales ganó sin tener que recurrir a una segunda vuelta.
A pesar de la publicación completa de los resultados electorales, la victoria de Morales no está exenta de desafíos y polémica. La oposición denuncia “fraude” y ya manifestó que no reconocerá los resultados. Se basa en el hecho de que el domingo a la noche la publicación de los resultados preliminares se detuvo al llegar al 83% y que hasta ese momento los números indicaban que era necesaria una segunda vuelta.
El ente electoral explicó que esa paralización se debió a que faltaba que llegasen los votos de las áreas rurales que se encuentran alejadas de las grandes ciudades y que es, además, un voto históricamente a favor de Morales. Cuando volvieron a publicarse, el lunes a la tarde, los resultados mostraban que el presidente ganaba en primera vuelta, pero la oposición ya había denunciado fraude, ya había convocado a la movilización social y ya se registraban incidentes y hechos de violencia en distintos puntos de Bolivia.
Luego de la publicación de los resultados finales, Mesa publicó un video en sus cuentas de redes sociales donde denunció que el gobierno cometió una “alteración vergonzosa y grosera” del resultado y les pidió a sus seguidores que “se mantengan en acción” en lo que calificó como “una lucha democrática”.
Desde el lunes a la noche se registran movilizaciones y manifestaciones en distintas ciudades del país contra los resultados difundidos por el ente electoral. Hasta el momento se registraron choques entre manifestantes opositores y oficialistas y la policía en ciudades como Cochabamba y La Paz e incendios de dependencias públicas y de locales del MAS en Tarija, Oruro, Potosí y Sucre, entre otras.
Por su parte, Morales denunció este miércoles que “está en proceso un golpe de Estado” preparado por “la derecha” y la “política internacional”. Ante esto, el oficialismo llamó a sus seguidores a estar en “estado de emergencia y movilización pacífica” para “defender la democracia”. Asimismo, Morales le pidió a la oposición no ser “responsable del enfrentamiento entre bolivianos” y no sembrar “odio y desprecio a los sectores populares”. “Tenemos derecho a tener diferencias ideológicas y nos respetamos, pero sembrar odio y desprecio y desconocer el voto indígena es decir que vuelve el racismo”, declaró.
Las denuncias de fraude de la oposición también se apoyan en las declaraciones de algunas organismos internacionales. La Organización de los Estados Americanos (OEA), que envío una delegación de observadores a los comicios, manifestó que el cambio del resultado entre la difusión del domingo y la del lunes es “inexplicable” y aseguró que, “debido al contexto y las problemáticas evidenciadas, continuaría siendo una mejor opción convocar una segunda vuelta”.
Además, convocó a una sesión extraordinaria donde los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos expresaron su preocupación “por las anomalías” en las elecciones y sostuvieron que una posible segunda vuelta debe ser “libre, justa y transparente”.
Asimismo, la Unión Europea, que también envío una delegación, emitió un comunicado en el que expresó que “comparte plenamente” las declaraciones de al OEA y, además, sostuvo que “la mejor opción sería realizar una segunda vuelta para restablecer la confianza y asegurar el respeto pleno de la elección democrática del pueblo boliviano”.
Por su parte, el gobierno boliviano invitó a la OEA a revisar el escrutinio electoral “acta por acta”, propuesta aceptada por el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro. Asimismo, durante la sesión extraordinaria realizada en Washington, el ministro de Justicia, Héctor Arce, rechazó la posibilidad de convocar a una ballotage y declaró que “es imposible que se pueda pensar, modificar o alterar lo que establece la Constitución”.
De esta manera, el país andino se enfrenta al peor escenario imaginado momentos antes de las elecciones. La escueta victoria oficialista, que perdió casi 930 mil votos en relación a las elecciones de 2014, atraviesa serias dudas y denuncias por parte de una oposición que instaló la denuncia de fraude desde el comienzo de la campaña presidencial. Estas denuncias, sumadas a la movilización social de los sectores oficialistas y opositores, alimentan el riesgo de que se profundice la fuerte polarización que vive el país y generar una crisis social.
A pesar de que la paralización del recuento de los votos no es la primera vez que ocurre, principalmente porque existen regiones donde acceder es muy difícil y porque, además, el escrutinio preliminar necesitaba de Internet y no en todas las comunidades existe esta conexión, de la predisposición del gobierno a revisar el recuento y de la posibilidad de controlar todas las actas a través de la web, la oposición sostiene que no reconocerá los números finales y amenaza con profundizar la protesta social en todo el territorio nacional.
El trabajo prudente y cuidado de la comunidad internacional, especialmente a través de la auditoría que la OEA aceptó realizar a través de una invitación del propio Morales, será fundamental para intentar destrabar una situación que provoca temores muy serios en una región marcada en la actualidad por los enfrentamientos sociales. El antecedente de Venezuela es lo suficientemente claro e importante como para que las partes tomen las medidas necesarias para intentar destrabar un conflicto que amenaza con profundizarse y complejizarse en el futuro.
