El gobierno de Mauricio Macri enfrentará su cuarto paro general organizado por la CGT. Este será diferente: con el Presidente en Nueva York por la Asamblea General de la ONU y en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Cambiemos decidió esquivar la polémica con los sindicatos que convocaron a la huelga para este martes 25 de septiembre. En público, las espadas del oficialismo le restan importancia y advierten que “no gana nadie”; en privado, admiten que el cese de actividades será masivo, aunque se esfuerzan por bajarle el precio.
La Casa Rosada eligió como vocero circunstancial al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que sentenció que con el paro “no gana nadie”. En público, Cambiemos reflotará el discurso de que hay un sector político que trabaja para dificultar la gobernabilidad y que complica a “quienes quieren trabajar”. En tanto, el análisis del oficialismo en privado admite que el paro general será masivo pero que, al mismo tiempo, no desgasta la gestión de Macri.
“Esta no es la forma de resolver los problemas. Esto no significa que tengamos desafíos y problemas que resolver. Pero se resuelven conversando. Esta no es la forma”, retrucó el titular de la cartera de Transporte.
Algo parecido esbozó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio: "Un día de paro es un día perdido".
El ministro sostuvo que la huelga “tiene un costo enorme para todos nosotros”. Si bien la Casa Rosada evita confrontar con el sindicalismo ante el escenario de crisis económica, a sottovoce el oficialismo alimenta la versión acerca de que el paro “cuesta” 30 mil millones de pesos. “No ha dado resultados en el pasado y tampoco es la forma de resolver los problemas actualmente”, completó Dietrich.
“Sabemos que va a ser masivo, pero la consigna está desdibujada y desnuda que es un paro político. Quieren que cambiemos la política económica. Pero no hay ningún reclamo gremial puntual”, fustigan fuentes de la Jefatura de Gabinete.
En rigor, los gremios convocan a la huelga en rechazo a la política económica de la administración de Macri y en repudio al acuerdo con el FMI, que la Casa Rosada busca extender mediante un adelanto de fondos para capear la crisis cambiaria y bajar la inflación, que en agosto logró un pico histórico. En las huelgas generales anteriores (dos en 2017 y uno en 2018) hubo reclamos diversos: en repudio a la política económica, rechazo a la ley de reforma previsional que aprobó el Congreso en diciembre de 2017 y el último, el 25 de junio de este año, cuando los trabajadores se unieron bajo el reclamo de reapertura de paritarias.
A diferencia de otros paros, el Gobierno elige el silencio cauto y esperará la conferencia de prensa de la CGT, donde se estima un duro cuestionamiento del triunvirato hacia la gestión de Macri. La Casa Rosada medirá el minuto a minuto, pero no preparó ningún plan de contingencia para contrarrestar la huelga. En experiencias anteriores, el oficialismo en pleno fatigó las redes sociales con el hashtag #YoNoParo. Se baraja una respuesta similar, pero se analizará conforme avance la huelga, que no contará con movilización ni corte de calles y, al no haber servicio de transporte, tendrá como impacto la foto de los principales distritos del país vacíos, sin gente en la calle, ni trabajadores llegando a sus puestos de trabajo.
Ante ese marco, la posición del Gobierno es clara: evitará inflamar la tensión, dejará que avance la huelga pero buscará garantizar el "derecho a trabajar", como aclaró Dietrich al adelantar que Cambiemos hará todo lo posible para garantizar la circulación. Al menos hasta el momento, el Gobierno únicamente se dirigirá hacia la huelga bajo dos ideas: es una medida que "no suma" y que "cuesta" millones de pesos, como sostuvo el ministro de Transporte en conferencia de prensa.
