El programa económico acordado con el FMI como condición para el otorgamiento de un préstamo contingente deja mucha tela para cortar. Para empezar, los propios datos técnicos del crédito: se pone a disposición del Gobierno (es decir, no se presta directamente, sino que está disponible para cuando el Gobierno quiera efectivizarlo) por tramos, de acá a 2020, hasta llegar a USD 50.000 millones: así cubre buena parte de las necesidades de endeudamiento para los próximos años. Se comienza a pagar recién en 2021, en cuotas periódicas. La tasa de interés depende de cuánta plata efectivamente se use: es 2% anual si se piden menos de USD 8.500 millones, 4% si es más que ese monto o 5% anual si es más de USD 8.500 millones y además se mantiene el crédito por más de tres años.
La política acordada con el FMI es básicamente la que Cambiemos ya venía proponiendo, pero con números más consistentes. Es la misma política, profundizada y acelerada.
El programa económico surge de una propuesta del gobierno argentino, que el FMI aprobó. Hay una afinidad ideológica y política entre la cúpula del FMI y la administración Cambiemos que es clara; viene de su formación teórica y de su experiencia común en entidades financieras. Por eso, nada de lo que se acordó es muy distinto de lo que la alianza gobernante ya venía haciendo y proponiendo: sólo profundiza y acelera el esquema ya en implementación.
En primer lugar, se aceleran las metas de reducción del déficit fiscal. En vez, de -3,2% del PBI, el déficit de este año apunta a -2,7% del PBI. En vez de -2,2% para 2019, la nueva meta es -1,3% de déficit. En 2020, en vez de -1,2%, tendríamos equilibrio. Y en 2021 llegaríamos a 0,5% de superávit.
Esa mejora fiscal no viene de la mano de más recaudación, sino, sobre todo, de menores gastos. El acuerdo ya incluye en qué se va a gastar menos, por grandes conceptos: obra pública, subsidios, salarios públicos, transferencias a provincias. En cambio, no habrá disminución de gasto social: el acuerdo establece (cosa inédita en acuerdos con el FMI) no sólo que no baje el gasto en jubilaciones y planes sociales, sino que aumente en caso de que la situación socioeconómica empeore más de lo previsto (sí, se prevé que empeore: el resto de 2018 va a ser malo). Además, la caída de obra pública tiene un impacto muy federal: va a crear mucho menos empleo (empleo muy precarizado y masculinizado, pero empleo al fin, un ingreso extra en hogares de todo el país).
El escenario para 2018 es negro para hogares, pymes y negocios de barrio en general: salarios que crecen mucho menos que la inflación, contracción/recesión económica, deterioro de situación laboral.
El Gobierno apuesta a retomar su "sendero de crecimiento" en 2019, ya da 2018 por perdido. Eso también implica que en 2018 va a hacer todos los ajustes que necesite: por ejemplo, podría haber más aumentos de tarifas que los previstos hasta acá. ¿Por qué? Para que la meta de inflación 2019 no sea tan difícil de cumplir y para llegar a las elecciones de agosto-octubre de 2019 con alguna mejora que permita mostrar esperanza y promesas nuevamente.
El déficit financiero nacional (o sea, el total, que incluye todos los ingresos y gastos) baja de 5,1% del PBI en 2018 a 3,7% en 2019: esto es, una merma de 1,4 punto. Pero, si sumamos a las provincias en esa cuenta, baja de 6,7% a 5,6%: es decir, 0,9 puntos.
En efecto, las provincias pueden resultar una vía de escape para el gasto público. Es probable que Cambiemos intente pasar responsabilidades (vivienda, obra pública, salud) a los estados provinciales (como ya venía anticipando la Jefatura de Gabinete); más obra por Participación Público-Privada en 2019 (es obra pública financiada hoy por privados que mañana pagará el Estado, pero que hoy no se contabiliza como gasto público);y también aprovechar que 2018 “ya está resignado” para concentrar los ajustes necesarios en estos próximos meses.
Queda para otro análisis profundizar sobre los cambios que se vendrán en el Banco Central (y su vínculo con el Tesoro Nacional) y la dinámica de la deuda pública, que son modificaciones sumamente importantes para el futuro económico, y sobre lo que el acuerdo pretende respecto de cuestiones de género, que resta ver en qué políticas se concretan para no quedar sólo en “buenas intenciones”.
La cuestión de fondo es que este acuerdo es un seguro de supervivencia del modelo económico de Cambiemos. La política acordada con el FMI es básicamente la que Cambiemos ya venía proponiendo, pero con números más consistentes (bajar la inflación más gradualmente, por ejemplo, que va más en línea con bajar el déficit fiscal más rápidamente). Es la misma política, profundizada y acelerada. Por eso, el Gobierno no tiene problema en aplicarla.
Pero, ¿y cuando queramos (este gobierno, otro, quien sea) cambiar esa política económica? Si efectivamente tomamos una parte importante de estos 50.000 millones de dólares con el FMI, van a ser "impagables": va a haber que renegociarlos periódicamente. Cuando vayamos a renegociar, el FMI no va a seguir prestándonos si cabíamos el esquema económico que pretende que tengamos. Ergo, cambiar el modelo económico va a costar mucho más. Una "pérdida de soberanía", digamos. Puede pasar que para, ese entonces, tengamos un acceso abaratado y más fácil a endeudarnos en mercados voluntarios, que nos permitan financiarnos ahí para pagar estos compromisos con el FMI y no depender políticamente de él, pero eso es algo muy incierto hoy en día.
En definitiva, el acuerdo es una garantía del FMI y de Cambiemos sobre la supervivencia de este modelo de negocios, más allá del gobierno de Cambiemos. Quienes estén haciendo o vengan a hacer negocios con este esquema, saben que tienen ese seguro a futuro. Ese seguro/acuerdo obviamente da más seguridad a los ganadores y las ganadoras de este modelo y, en cambio, a los sectores que vienen perdiendo les aleja cualquier luz que estuvieran viendo al final del túnel. El modelo económico de Cambiemos, con esta deuda con el FMI, gana horizonte a mediano plazo.
* El autor es economista, director de EPyCA Consultores.