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Maniobras oficiales para que las provincias firmen la paz y el Presupuesto

El Gobierno multiplica ofertas a los gobernadores para evitar desencuentros antes de la cita con el Presidente. Fondo sojero e Ingresos Brutos en la ruta de los posibles desacuerdos antes de la foto.

Con foto de familia pero sin la firma de ningún documento. Así pronostican dentro de la Casa Rosada la reunión que encabezará el presidente Mauricio Macri con 20 gobernadores, dentro de una cita que “hará eje en la negociación del Presupuesto 2019, pero con la agenda abierta”, según el pronóstico de uno de los funcionarios del Gobierno que participa de la inestable negociación con las provincias, para intentar consensuar un proyecto que cumpla con una meta de déficit cero para el año próximo.

 

La cita para será a las 17 con 20 de los 24 caciques provinciales. Ya confirmaron su ausencia el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe), y los peronistas Carlos Verna (La Pampa), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

 

Lejos del optimismo que exhiben distintos voceros oficiales, la negociación con las provincias no tendrá un cierre definitivo este martes, aunque su desenlace depende del derrotero que transite el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, durante las horas previas al encuentro con el Presidente.

 

Fuentes de la Casa Rosada aseguraron que el titular de la cartera de Interior tendrá un primer encuentro con los gobernadores del peronismo, que agendaron una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Luego tendría otro, en Balcarce 50, antes de la reunión con el jefe de Estado, que estaría acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el secretario de Energía, Javier Iguacel. Al cierre de esta nota, fuentes de distintas provincias no aseguraban la presencia del ministro en el CFI, mientras que otras lo daban por seguro.

 

“Buena parte de las reuniones de la tarde dependen de lo que pase en el CFI”, aseguró un alto funcionario de Balcarce 50, para dimensionar la complejidad de la negociación en ciernes, que acumula largas reuniones durante las últimas semanas con los ministros de Hacienda de los caciques provinciales.

 

 

EL FONDO SOJERO E IIBB. Uno de los puntos que sigue sin resolución gira en torno a la compensación que exigen las provincias, por la anulación del Fondo Federal Solidario (FoFeSo), destinado al financiamiento de obras de baja y mediana escala con parte del dinero proveniente de la recaudación fiscal por las exportaciones de soja y maíz. Mientras se acorta la cuenta regresiva para la foto con Macri, distintas provincias siguen presentando amparos judiciales para exigir la restitución de los fondos anulados.

 

Para revertir ese frente adverso, el Gobierno desdobló la oferta de compensación de ese dinero, que llega a los 9.000 millones de pesos. Una posibilidad, como informó este medio, pasa por un préstamo proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, dentro de la devolución del 15% que el organismo les retuvo a las provincias. Otra opción, que podría ser complementaria, pasa por el ofrecimiento de créditos blandos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), creado durante el menemismo y actualmente utilizado por Cambiemos para el financiamiento de obras municipales. El ente tiene un consejo de administración presidido por Alejandro Caldarelli, actual secretario de Provincias del Ministerio del Interior, y uno de los tres principales negociadores del Ejecutivo con las provincias.

 

El uso del FGS del ANSeS está en duda por el posible desfinanciamiento del organismo previsional ante el incremento de la inflación y su impacto en el cálculo de la actualización jubilatoria del año próximo. En su lugar podría entrar en juego el FFFIR. Pero en ambos casos, la compensación sería “un préstamo blando”, en lugar de la devolución de los fondos quitados por decreto.

 

Esa variable es parte de los desacuerdos entre las provincias y la nación. No es la única, al cierra de esta nota, tampoco hay una posición común sobre el cumplimiento del Consenso Fiscal respecto a la reducción progresiva de las alícuotas de Ingresos Brutos. El Gobierno insiste en mantener el esquema de reducción y los gobernadores insisten en postergar esa tabla, previsto en el Anexo I del acuerdo firmado en 2017.

 

Son sólo dos de los puntos más espinosos, en una agenda de trabajo donde también hay divergencias sobre el traspaso de la tarifa social eléctrica, que la cartera de Hacienda sacó de la negociación el viernes pasado. “Hay diferencias de cálculo que resta afinar”, atemperó una fuente oficial para relativizar las versiones sobre mayores desacuerdos respecto a otra transferencia clave: la provincialización de los subsidios al transporte público.

 

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