Un puñado de movilizaciones masivas en el conurbano bonaerense y en el interior del país sacaron al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, de la insignificancia que le prodigan en el entorno del presidente Mauricio Macri. Lleva trece meses como sucesor del actual senador Esteban Bullrich y es el único integrante del Gabinete que encabeza Marcos Peña que no afronta reprimendas internas por la subejecución del presupuesto, especialmente el de educación superior, del cual dependen 57 universidades en todo el país y cerca de 180 mil docentes. Antes de llegar al cargo fue Director General de Escuelas de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, pero su buena estrella concluyó cuando apostó todos sus recursos a la derrota de su archienemigo, el sindicalista Roberto Baradel, que buscó y obtuvo su reelección al frente del SUTEBA, el gremio más resistido por Cambiemos.
Para este año, la partida para las universidades era de 106 mil millones de pesos y luego lo redujeron a 103 mil millones, pero al mes de junio les debía 14.500 millones de pesos de los 51 mil millones que tendría que haber girado, es decir, una subejecución del 25% para el primer trimestre. El freno en el envío de fondos es la punta del iceberg del conflicto cada vez más agudo por la pariraria universitaria que mantiene la cartera educativa con los sindicatos docentes, por una razón de peso que alimenta el mal humor: entre el 85 y el 90% del presupuesto total que administra la Secretaría de Políticas Universitarias está dedicado a salarios.
En ese contexto, Finocchiaro controla con mano de hierro la negociación salarial, que sigue clavada en una oferta del 15% para todo el año, en tres cuotas de 5%, 5,8% y 4.2%, que está prevista para diciembre y que ahora fue anticipada a los gremios no docentes, en una estrategia que el Gobierno busca replicar con los profesores para evitar el nuevo conflicto que impida el comienzo de clases luego del receso invernal.
Sin embargo, esta semana, la agudización del conflicto comenzó a desbordar los claustros universitarios y empezó a involucrar a las poblaciones involucradas. Así ocurrió este martes en Florencio Varela, donde más de 30 mil personas realizaron un abrazo a la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) para repudiar la asfixia presupuestaria. La cifra no es menor, porque la comunidad educativa de esa casa de estudios es mucho menor, pero el reclamo incorporó a un amplio sector de los vecinos de ese partido, una de las zonas más sensibles del sur bonaerense, núcleo duro de la Tercera sección electoral.
En Quilmes, territorio gobernado por Cambiemos, sucedió una protesta durante la misma jornada que rodeó la UnQui y también duplicó a la población de su propia comunidad universitaria. La réplica más reciente ocurrió este jueves en el sur cordobés, cuando más de 4.000 personas rodearon las instalaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
INTERNAS TIRANTES. Desde que el estancamiento de la paritaria universitaria comenzó a generar consecuencias políticas en cada una de las provincias, la problemática empezó a ser parte de los reclamos que repiten los gobernadores provinciales en la compleja negociación presupuestaria que mantienen con la Nación. También dentro del radicalismo, que mantiene el control de la estratégica Secretaría de Políticas Universitarias a través de Danya Tavela, referente de la Franja Morada y reemplazante, en agosto del año pasado, de Albor Cantard, ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, que dejó ese cargo en Educación para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe en las últimas elecciones.
“Tenemos un frente dividido: Tavela tiene una buena relación con los rectores y responde al radicalismo, pero Finocchiario endurece la posición y le echa la culpa a Lopetegui”, confió una fuente de Cambiemos en referencia al secretario de Políticas Públicas, con rol de viceministro, Gustavo Lopetegui, que depende de Peña y tiene en sus manos el monitoreo de la cartera educativa.
Los dardos de Finocchiario a Lopetegui tienen una razón de peso: el ministro culpa a sus superiores, pero especialmente a Peña, que le bajó el pulgar a las pretensiones del ministro para disputar la intendencia de La Matanza bajo el signo de Cambiemos.
ESCALADA DEL CONFLICTO. Los abrazos multitudinarios que encendieron luces amarillas alrededor del rol de Finocchiaro aportan un dato que, dentro del Palacio Pizzurno, anticipan otro riesgo: la incorporación al reclamo docente de los rectores de las universidades nacionales, que fueron la pieza determinante durante la pulseada que mantuvo en 2016 el entonces ministro Bullrich y cosechó una marcha inédita de protesta frente a su oficina. Hasta fines de julio, 20 de las 57 universidades nacionales ya habían anunciado dificultades para continuar con su funcionamiento pedagógico luego de octubre por la asfixia presupuestaria. Entre ellas están casi todas las universidades del conurbano bonaerense y las de Santiago del Estero, Río Cuarto, Jujuy, Salta, Tierra del Fuego, Patagonia Austral, Comahue, Nordeste y del Centro de la Provincia de Buenos Aires, entre otras.
La paritaria docente estuvo 90 días sin convocatorias oficiales hasta el lunes. Fue la antesala de una segunda semana de paro de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Histórica (CONADUH) y la adhesión de sectores integrantes de CONADU, el otro gremio de docentes de estudios superiores, además de FADUN.
“Estamos camino a que las universidades chicas no van a poder funcionar después de octubre, en un escenario donde el Gobierno pretende un aumento para el año que viene del 7%. Sería una reducción del 25% en el ingreso de los docentes, que puede desembocar en la reducción de puestos de trabajo, cierre de carreras y fuga de investigadores, como ya está sucediendo por la reducción del 55% en los subsidios de ciencia y técnica”, explicó a Letra P el docente e investigador del CONICET Carlos Defeo, secretario general de CONADU.
“Una muestra de la asfixia a las universidades mas chicas tiene un ejemplo reciente: hasta julio, a la UBA le debían 963 millones de pesos y puede seguir funcionando, pero a la UNAJ le debían 85 millones y en esa fecha ya tenía problemas para funcionar; es realmente grave lo que está sucediendo y eso va por encima de la paritaria”, denunció Defeo, que confirmó la profundización de los abrazos y una agudización de los conflictos a partir de septiembre.
Luis Tiscornia, secretario General de CONADU Histórica, contestó a Letra P que en este conflicto "se está percibiendo que no es una negociación más dura, sino que el ahogo presupuestario tiene que ver con una idea de achicamiento, mercantilización y elitización de las universidades, que transforma el reclamo en un movimiento de defensa de la universidad pública".
Una demostración de la amplitud del conflicto está en la agenda que se avecina. "Esta semana todas las federaciones estamos de paro. CONADU Histótica definió seguir hasta el 24, y también la Federación Tecnológica. Tenemos plenario el viernes y definiremos cómo seguir", detalló el dirigente sindical y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue. "La característica de las próximas semanas será el crecimiento de las jornadas públicas: el 22 en Córdoba habrá movilización convocada por todos los gremios e incluso por el rectorado de la universidad que atravesará la ciudad. En el Comahue van a sesionar en la calle los consejos directivos de siete universidades en señal de protesta por la situación. En Nordeste habrá otra marcha. También se sumará la Federación de Trabajadores No Docentes", anticipó. Serán medidas en una nueva semana de paro en las 57 universidades nacionales del país.
