La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio y se refirió a la megacausa de corrupción en la obra pública, tras quince días de denuncias, ex funcionarios y empresarios arrepentidos que confesaron haber pagado coimas para ganar licitaciones durante su gobierno y el de Néstor Kirchner. La ex mandatario tomó impulsó y durante un comunicado desmintió haber recibido algún tipo de soborno, cuestionó al juez Claudio Bonadio por el "menú de arrepentidos", cargó duro contra el gobierno de Mauricio Macri y ,nuevamente, habló de una concatenación de intereses mediáticos para perjudicar su figura.
“He decidido no hacer comentarios sobre remiseros 'arrepentidos' que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también 'arrepentidos', que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. Sin embargo, como ex presidenta de la Nación tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero –nuevo 'arrepentido'- que, según títulos catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial”, escribió CFK en su página web oficial y replicó en las redes sociales.
En rigor, según publicaciones periodísticas, el empresario Romero confesó ante la justicia que había abonado 600 mil dólares en concepto de coimas al gobierno kirchnerista para conseguir la renovación por decreto de la concesión de la explotación de la Hidrovía en el tramo del río Paraná-Paraguay. Tras brindar una extensa explicación técnica sobre las razones jurídicas del decreto en cuestión, CFK subrayó que su intervención en la medida "se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratifica lo actuado y resuelto por la UNIREN, con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sin cuya aprobación no hubiera habido decreto”.
“Hoy, en un verdadero menú de “arrepentidos” a la carta, el Sr. Gabriel Romero dice haber pagado dinero por la firma de ese decreto que, finalizado todo el proceso explicado previamente, era para mí obligatorio firmar”, justificó CFK. En ese sentido, destacó que “sería muy interesante” que Romero “indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto".
Para alimentar de épica su explicación sobre las denuncias de coimas y corrupción en su gobierno, Cristina marcó que nadie le pagó por "llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos". "Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación", argumentó con épica kirchnerista, tras quince días de silencio sobre un tema que compromete a ex funcionarios de su administración, como el entonces ministro Julio De Vido (Planificación) y el ex secretario de Coordinación de esa repartición, Roberto Baratta, y el ex secretario de Obras Públicas José López.
“El evidente manejo extorsivo de la figura del “arrepentido” llevado a cabo por Bonadío y Stornelli, es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas”, cuestionó la ex presidenta.