El Bloque Peronista de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires quiere aprovechar la disolución del Ministerio de Modernización porteño, apalancado tras la llegada de Andrés “Andy” Freire al Parlamento, para que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta destine fondos de la extinta cartera a subsidiar el 50% de las tarifas de servicios públicos de empresas y fábricas recuperadas.
Freire dejó el ministerio tras asumir en la Legislatura, pero tiempo después el Gobierno porteño avanzó con la eliminación de Modernización, cuyas áreas se repartieron en otros ministerios de la Ciudad. Además, Freire renunció a su banca hace semanas y, si bien su ex ministerio fue disuelto, los diputados peronistas reclaman que su presupuesto puede ser “reutilizado”.
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En rigor, el peronismo porteño sostiene que el gasto en publicidad de ese ex ministerio debería destinarse para para subsidiar el 50% de las tarifas de las Cooperativas de Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas para paliar los incrementos en las boletas de luz, gas, agua y electricidad. La iniciativa fue presentada en el mes de mayo por el diputado Santiago Roberto y contó con las rúbricas de apoyo de sus compañeros de bloque María Rosa Muiños, Claudio Heredia y Silvia Gottero.
“El objetivo de nuestra propuesta es morigerar una situación que se agravó con los sinceramientos de tarifas de los servicios públicos llevados a cabo por el Gobierno Nacional y brindar una herramienta de ayuda económica que les permita afrontar los nuevos costos del esquema tarifario”, señaló Roberto.
El proyecto propone crear una línea de subsidio para costear los servicios públicos y aplicaría para las cooperativas de trabajo, fábricas o empresas recuperadas que estén inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) y estén radicadas y se desarrollen en la Ciudad de Buenos Aires.
El monto máximo del subsidio será equivalente al 50 % de la factura mensual de electricidad, gas por redes y agua corriente de cada beneficiario y tendrá vigencia hasta tanto no se implemente el acceso de las mismas al régimen de tarifa social. El beneficio será retroactivo a las facturas ya pagadas desde el 1° de enero de 2018. A más de un mes de la presentación del proyecto, el oficialismo no puso a consideración el tema y el texto duerme en la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria.