El escándalo que atraviesa a Cambiemos por la existencia de unos 1.200 aportantes truchos de la última campaña electoral de la provincia de Buenos Aires no sólo conmovió al Gobierno. También dejó en evidencia las dificultades técnicas que tiene la Justicia para investigar a los financistas individuales de las fuerzas políticas, su solvencia y la trazabilidad de los fondos entregados para motorizar las campañas.
Una muestra de esos obstáculos está en las dificultades que tiene la Cámara Nacional Electoral, que cuenta con un cuerpo de siete auditores para las 24 provincias sin acceso a la base de la Administración Nacional para la Seguridad Social (ANSES) para entrecruzar la información que necesite chequear a partir de alguna inconsistencia detectada.
Se trata de la base de información individual más grande del país y la misma que el presidente Mauricio Macri dejó bajo control del jefe de Gabinete, Marcos Peña, a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública a fines de 2017.
Fuentes judiciales confiaron a Letra P que el equipo de especialistas del tribunal electoral ya comenzó a trabajar sobre los listados de aportantes de las listas de Cambiemos para las elecciones legislativas del año pasado a partir de las revelaciones que hizo el portal El Destape, por la investigación del periodista Juan Amorín. Los trabajos son paralelos a la pesquisa que lleva adelante el fuero penal federal, en manos del fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello.
Ante las consultas de este medio, fuentes del tribunal electoral confirmaron la realización de una investigación de oficio. A pesar de la feria, el cuerpo de auditores tomó el caso, en un contexto donde ninguna de las fuerzas políticas tiene los balances aprobados de las últimos dos comicios.
“El trámite de control de financiamiento es largo dentro de la Justicia Electoral, porque, ante cada irregularidad, los auditores señalan las inconsistencias, le piden al juez de cada distrito que cite a los aportantes y luego cada fuerza política puede hacer su descargo, como sucedió con Cambiemos en las últimas elecciones”, explicó otra fuente judicial en referencia a “una decena de casos detectados por los auditores de la CNE, que pudieron profundizar sobre esas inconsistencias a partir de la utilización del sistema Nosis”, la única herramienta que pueden usar en el fuero electoral, ya que los técnicos no tienen acceso a la base de datos de la ANSES ni a las bases de información de los demás organismos fiscales que dependen del Estado Nacional.
“Es increíble que no tengamos competencia penal para juzgar delitos electorales, pero tampoco contamos con las herramientas para agilizar las investigaciones que realizamos”, se limitó a contestar un funcionario vinculado al fuero electoral que eludió referirse a la serie de acordadas firmadas por los miembros de la CNE en piden mayor presupuesto para contar con, al menos, un auditor por provincia y el acceso a las bases de datos de los organismos públicos.
Las consecuencias de esa ausencia de herramientas, advertidas por el tribunal electoral desde hace años, generó zozobra en la Casa Rosada luego del escándalo de los aportantes y de la reacción que tuvo la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cuando rompió el silencio al respecto y anunció la remoción de la contadora general provincial María Fernanda Inza, a quien ella misma había promovido para el cargo y a quien despidió horas después de formalizar su designación.
Al día siguiente, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, presentó a la prensa acreditada el proyecto de reformar la ley de financiamiento electoral, que establece la bancarización de los aportes y blanquea los aportes privados. Además, satisface dos viejos reclamos de la CNE: sumar 17 cargos de auditores y habilitar “la colaboración entre la Cámara Nacional Electoral y la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (PROCELAC), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la ANSeS, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción, y cualquier otro organismo que la Justicia estime conveniente”.
Eso no es todo. El proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados hace diez días también “establece la obligatoriedad para que estos organismos públicos compartan la información con la Justicia Electoral, a los fines de combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas, o simplemente para controlar mejor los aportes y gastos”.
Detrás del apuro del Gobierno, están todos los dictámenes negativos de los auditores contables, que derivan en sanciones y multas de acuerdo a la ley, impuestas por cada juez con competencia electoral. “Muchas de las sanciones aplicadas tienen como base aportantes que fueron convocados por el juez, que estaban prohibidos por el monto y porque presumiblemente fueron una forma de encubrir el monto de empresas que no podían aparecer porque eran contratistas del Estado o estaban encubriendo sus aportes”, resumió un funcionario judicial en diálogo con este medio.
La corroboración de la identidad de cada aportante a una campaña electoral tiene una centralidad clave, porque, si esa persona no aportó el dinero, ¿quién lo hizo?. Esa respuesta puede sacar el tema de las multas del Código Electoral a la justicia penal, como lo hace el fiscal Di Lello, que ya confirmó por parte del Ministerio de Desarrollo Social que 205 aportantes bonaerenses dudosos de Cambiemos eran beneficiarios de planes sociales.
Di Lello avanza en el expediente que tiene la jueza María Romilda Servini de Cubría, porque la justicia Eelectoral no tiene competencias penales, pero, si contara con el personal y las herramientas suficientes, podría aportar elementos de prueba clave respecto al lavado de dinero para campañas políticas a través de aportantes apócrifos. La trazabilidad de los fondos es uno de los temas menos abordados por las reformas electorales que promueve el Gobierno y fue incluído en el último proyecto, al calor del escándalo reciente.
Ese elemento es clave dentro de la puja que mantiene el fuero electoral con el Poder Ejecutivo, especialmente desde 2007, cuando los pocos auditores electorales advirtieron sobre los aportes financieros recibidos por el Frente para la Victoria, que derivaron en el caso de la “mafia de los medicamentos”.
