Dentro de los 50 kilómetros previos al límite exterior del país, y también en las zonas que sean definidas como “estratégicas”, los efectivos de las Fuerzas Armadas contarán con la posibilidad de repeler un ataque, es decir, que podrán detener y utilizar sus armas de guerra contra aquellos que protagonicen un ataque externo, pero no necesariamente de una fuerza extranjera, sino de las “nuevas amenazas” que definirá el Gobierno. También podrán cuidar “objetivos estratégicos” con las fuerzas de seguridad y participar en misiones internacionales de Naciones Unidas "u otros organismos internacionales”, según sostiene el decreto que el Poder Ejecutivo está por publicar, y al que accedió Letra P, para redefinir el nuevo rol del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y permitir su participación en seguridad interior.
Hasta ahora sólo pueden hacerlo ante la agresión de una fuerza militar de otro país, aunque esa limitación cambiará a partir de los cambios que implementará en forma inminente el presidente Mauricio Macri en la Ley de Defensa Nacional (23.554), a partir de la firma de un nuevo decreto reglamentario de esa norma, que modificará al 727/06, firmado hace doce años por el entonces mandatario Néstor Kirchner y su ministra de Defensa, Nilda Garré.
El decreto vigente fue redactado para establecer límites específicos entre seguridad interior y defensa nacional. Cuando el Boletín Oficial publique el nuevo texto, esas limitaciones se harán nuevamente difusas y habilitarán una serie de zonas grises en las facultades intervención de las Fuerzas Armadas. La más inquietante tiene que ver con las atribuciones que tendrá el personal castrense para actuar ante esas “nuevas amenazas”, que estarían concentradas en ciberdefensa, terrorismo y narcotráfico, tres puntos que hasta ahora son materia exclusiva de las fuerzas de seguridad federales.
EL NUEVO DECRETO. Según el texto del decreto al que accedió Letra P, la modificación alcanza a cinco artículos del 727/06, y también deroga el decreto 1691/06 que establece la directiva sobre organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas. En el artículo 1, el nuevo texto establece que son un “instrumento militar de la defensa nacional, que serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina, la vida y libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. Al mismo tiempo aclara que “el cumplimiento de esta misión primaria no afecta lo dispuesto en la Ley 24.059 de Seguridad Interior, en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior”.
En el segundo artículo, el nuevo decreto establece que las Fuerzas Armadas “enmarcarán su planeamiento y empleo en tipos de operaciones de Defensa de los intereses vitales de la Nación, en el marco de la ONU, u otros organismos internacionales, encuadradas en la ley 24.059 (Seguridad Interior) y operaciones en apoyo a la comunidad internacional e internacional. A tales efectos ajustarán su formulación doctrinaria, planificación y adiestramiento”, sostiene el texto, donde habilita a las fuerzas armadas nacionales a participar de operaciones, como lo hizo Argentina en la Guerra del Golfo, durante la presidencia de Carlos Menem, o en la próxima cumbre del G-20.
El tercer artículo permite la creación de la fuerza conjunta de 10.000 efectivos. “El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional, el cual deberá concebirse como única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propias de cada una de las fuerzas”, y tendrá como misión primaria fundamental “asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa”. El cuarto punto reforma el artículo 24 del decreto 727/06, sostiene que esa fuerza conjunta “tendrá por misión alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición”. El decreto también cuenta con un quinto artículo, que define que “las Fuerzas Armadas y/o las Fuerzas de Seguridad podrán custodiar los objetivos estratégicos” definidos por la ley de Defensa Nacional.
MUCHO MÁS QUE UNA REFORMA. “No haremos otra cosa que cambiar la definición de enemigo externo, que hasta ahora está ceñida a un Estado extranjero. De ahora en adelante estará concentrada en un ataque externo, no solamente de una Nación, sino de un grupo de narcotráfico o terrorista”, detalló a Letra P una alta fuente la Casa Rosada para confirmar que la administración de Cambiemos buscará “darle sustento legal a la decisión política” que Macri formalizó este lunes desde la guarnición militar de Campo de Mayo.
“Es necesario avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del Sistema de Defensa de nuestro país que nos permita reflexionar sobre el presente y el futuro de las Fuerzas Armadas”, disparó el jefe del Estado, en un discurso donde remarcó la necesidad de que los militares “puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras”.
La enunciación presidencial blanqueó un plan diseñado desde el año pasado, cuya presentación fue postergada por el malestar militar ante un exiguo aumento salarial del 8% que fue incrementado hasta el 20%. Una semana antes de que ese aumento ingrese a los bolsillos castrenses, Macri confirmó que será “fundamental” que los militares participen “en la custodia y protección de los objetivos estratégicos”.
Bajo ese eufemismo, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del General Bari del Valle Sosa, contará con una Fuerza de Despliegue Rápido que llegará a los 10.000 uniformados, pero que será estrenada en Salta y Jujuy a partir de agosto con 500 efectivos que se instalarán cerca de la frontera norte con “fines disuasivos”, aunque estarán habilitados para aplicar su fuerza bélica en forma complementaria con Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía Seguridad Aeroportuaria (PSA). Del Valle Sosa es el militar más respetado por Macri y mantiene una añeja relación con el general Daniel Reimundes, parte de la cúpula del Ejército hasta que fue removido por Kirchner.
CLARIDADES QUE OSCURECEN. “El concepto de disuasión que vamos a aplicar no tiene nada que ver con temas seguridad interior”, espetó una fuente oficial vinculada al aparato castrense, que buscó aportar un ejemplo, pero sin aportar certezas. “Si instalamos una unidad militar en un pueblo vulnerable cercano a la frontera norte, la sola presencia de esa guarnición es disuasiva, aunque contará con la capacidad legal para actuar ante un ataque externo en base a las nuevas definiciones estratégicas, que les permitirá repeler ese hipotético ataque externo”, detalló la fuente consultada, en referencia a la habilitación legal que tendrán los hombres y mujeres verde olivo para utilizar su fuerza y poder de fuego dentro de territorio nacional, pero dentro del radio fronterizo y en zonas clave, donde los militares reemplazarán a los efectivos de las fuerzas de seguridad.
“No estarán solos, estarán para coordinar con Gendarmería, pero tampoco podrán hacer inteligencia. Será una ocupación disuasiva para el control de la frontera”, remarcó la fuente, que también detalló un progresivo reemplazo escalonado de la presencia de efectivos de fuerzas de seguridad en el interior de determinados “objetivos estratégicos”, como “la central nuclear de Atucha, donde permanecerán adentro del establecimiento y podrán repeler un ataque externo”.
La nueva versión del decreto reglamentario que supervisa el jefe de Gabinete Marcos Peña, junto el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo y al ministro de Defensa, Oscar Aguad, también buscará empalmar con el decreto 228/2016, que declaró la Emergencia de Seguridad Pública y que habilitó la intervención de aviones de la Fuerza Aérea en el derribo de aeronaves no identificadas. Ese texto, firmado por Macri dos meses después de asumir la Presidencia, “tendrá otra ejecución a partir de este nuevo paradigma, no sólo porque los militares contarán con un nuevo respaldo legal para cumplir con su tarea, sin que corran riesgos penales, sino porque también contarán con otros incentivos a partir de este nuevo programa de modernización de las Fuerzas Armadas”, detalló otra fuente vinculada a temas militares, que graficó de ese modo la resistencia que los uniformados tendrían, hasta ahora, para aplicar la ley de derribo o intervenir ante nuevas amenazas, sin respaldo jurídico ni incentivos salariales.
“Es cierto que los militares piden mayor resguardo jurídico para aplicar la ley de derribo, pero también hay cambios técnicos que les permitirán actuar mejor, como el cambio de los radares fijos, por los radares móviles que estamos diseñando entre Defensa y el INVAP”, amplió el funcionario consultado. “Sin un régimen legal acorde, y sin los radares adecuados, no tiene sentido romper un corredor aéreo de narcos, pero con estos cambios la situación es diferente”, confió la fuente.
G-20. Aunque la Casa Rosada no detalló de qué modo llegará a los 10.000 efectivos, existe una certeza para fin de año. “Uno de los estrenos tendrá que ver con la seguridad de la Cumbre del G-20, porque es un pedido internacional contar con aviones supersónicos para garantizar el control del espacio aéreo. La nueva fuerza va a trabajar con las custodias internacionales”, detalló la fuente, que no descartó el desembarco de militares extranjeros para cada custodia presidencial.
