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El Gobierno acepta postergar Ingresos Brutos, pero quiere discutir los plazos

En Casa Rosada están dispuestos a tomar la demanda de los gobernadores, adelantada por Letra P, de posponer la reducción de la alícuota para morigerar el efecto fiscal. No aceptaría patearlo un año.

Por 02/07/2018 20:47

Bajo total hermetismo, el Gobierno comenzó a negociar con las provincias el diseño del Presupuesto 2019 para cumplir con las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tal como anticipó Letra P, uno de los puntos más importantes de la negociación gira en torno a los plazos de reducción del impuesto a los Ingresos Brutos, que recauda cada provincia. Ese proceso, hasta 2020, está dentro del Pacto Fiscal que firmaron los mandatarios con el Ejecutivo nacional en 2016. Fuentes oficiales de la Casa Rosada confiaron a este medio que están dispuestos a conceder la postergación en los plazos de reducción de esa alícuota, para morigerar la caída en la recaudación de cada jurisdicción, a cambio de evitar que la aplicación del pacto corra riesgo. Los mandatarios habían pedido un año de postergación para reducir ese gravamen y en Balcarce 50 contestaron que están dispuestos a discutir esa prórroga, pero no detallaron cuánto tiempo aceptarían. 

Cerca del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitieron que las negociaciones con cada gobernador ya comenzaron. "Arrancaron, pero no aportamos precisiones porque no negociamos por los medios. Es un intercambio complejo y tenemos dos meses y medio para llegar a un preacuerdo con las provincias", explicó una fuente de la cartera que tiene a su cargo la relación con las provincias. 

 

 

El gran interrogante de toda la negociación es qué podrá ofrecer el Gobierno a los gobernadores en un escenario recesivo y con malas previsiones para el año próximo, donde la agenda estará concentrada en el ajuste fiscal prometido al FMI. "Lo que ellos pidan lo podemos poner sobre la mesa con el objetivo de cerrar el 1,3% el año que viene como norte principal", remarcó un participante de las negociaciones, que se negó a aportar detalles sobre los posibles ofrecimientos. La gran pregunta es si realmente el Estado nacional tiene algún recurso para torcer el escepticismo de cada gobernador, que arranca una negociación en el inicio de un segundo semestre que se preanuncia crítico.

La "dead line" es el 15 de septiembre, fecha final para presentar el Presupuesto del año próximo en el Congreso. Según los voceros oficiales, para entonces la negociación con los mandatarios provinciales estaría cerrada, pero la mayor dificultad del intercambio radica en la inestabilidad del dólar, que el Gobierno no logra controlar, al calor de especulaciones sobre el presunto deseo oficial de dejar la divisa en una paridad de 30 pesos. 

 

 

Cerca del presidente Mauricio Macri recordaron que 12 mandatarios ya "salieron a bancar el cumplimiento de las metas fiscales". Sobre esa masa crítica está concentrado el poroteo fiscal, aunque se trata del 50% de todos los gobernadores del país. Ellos son la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y sus colegas Horacio Rodriguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires), Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Morales (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Mariano Arcioni (Chubut). En la lista que manejan los negociadores del oficialismo también incluyeron el respaldo "del referente económico y diputado nacional del Frente Renovador Marco Lavagna" y del "senador y presidente del bloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto". En todos esos nombres radica la expectativa de los operadores de Cambiemos para transitar el escarpado camino de diseñar el presupuesto 2019 con un ajuste fiscal, que deberá incluir a la otra mitad de caciques provinciales que todavía no formularon ninguna declaración al respecto.

 

 

LA FRAZADA CORTA DE MARCOS. Este lunes, el primero en referirse a la negociación reservada que mantiene la Casa Rosada con los gobernadores fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña. En declaraciones a radio Mitre confirmó el interés oficial en mantener intacto el Pacto Fiscal que algunos gobernadores pretenden poner en discusión. “Buscamos un acuerdo presupuestario, pero podemos garantizar que el camino fiscal del 1,3% (en referencia al ajuste del FMI previsto para 2019) se va a cumplir, porque estamos convencidos, como lo han planteado referentes de la oposición, que habrá un acompañamiento responsable de nuestro Presupuesto. Y además estamos confiados que lo vamos a lograr porque ese compromiso no tiene marcha atrás”, aseguró el ministro coordinador, para confirmar que el Gobierno avanzará, con acuerdo o sin él, con el ajuste convenido con el organismo internacional.

 

 

“No va a ser fácil lograr el equilibrio fiscal en estos dos años y medio. Hace dos años hubo provincias que no podían pagar los sueldos, ahora hay muchas con superávit fiscal”, dijo Peña en referencia a los distritos que, según el Gobierno, estarían en condiciones de resignar recursos en medio de la negociación presupuestaria, donde uno de los puntos clave tienen que ver con la reducción de subsidios al transporte público en el área metropolitana, junto con la transferencia del control de las empresas distribuidoras de energía eléctrica y la reducción de los aportes estatales al consumo de gas y luz en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. A esa lista también se suma la provisión del agua potable, por cuenta de la estatal AySA, cuya administración también sería transferida, “pero con los recursos”, confió a Letra P una fuente que reporta a Peña.

 

 

“Son todas conversaciones que están ocurriendo, tenemos que ser conscientes de dar señales claras. Las conversaciones tienen que ver con el rol de nacional, provincia y municipios y el marco regulador. Está ese compromiso de llegar a ese punto y mientras podemos avanzar sobre cada una de las relaciones provinciales, pero no se va a dar en un marco mediático. Creemos que hay un sendero muy consistente hacia el equilibrio fiscal. Está claro que vamos a un tiempo más recesivo, pero la recaudación de junio cerró por encima de las expectativas, ni estamos en una crisis terminal, ni está todo bien”, opinó el funcionario.

Aunque el funcionario no habló sobre la agenda de negociación con los gobernadores, aportó los contornos del intercambio reservado con los caciques provinciales, donde el Gobierno apuntará a las provincias con mayor superávit, para que se hagan cargo del financiamiento de los subsidios a los servicios públicos, en una mesa donde la Casa Rosada está abierta a negociar, pero no explica qué podría conceder a cambio.