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En la semana de furia de Carrió, la coalición gobernante activa la Comisión de Ética. El PRO, la Coalición Cívica y la UCR comenzarán auditando al intendente de Paraná, acusado de financiar narcos.
Redacción 16/06/2018 16:02
El fotomontaje de la gobernabilidad

La alianza Cambiemos constituyó una Comisión de Ética para investigar y “garantizar” la transparencia en las prácticas políticas de sus dirigentes, militantes y funcionarios de gobierno en todos los distritos del país.

En la semana de furia de Elisa Carrió por la aprobación de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados, el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical avanzan con un reclamo histórico de la legisladora chaqueña y pondrán en funcionamiento un cuerpo interno que trabajará para auditar a funcionarios oficiallistas.

A su vez, según trascendió, tendrá además la función de recomendar cursos de acción a los partidos en relación a la conducta de sus dirigentes y afiliados. La Comisión de Ética, como señaló Letra P, fue aprobada en la última reunión de la Mesa Nacional de Cambiemos, en paralelo con el acto que protagonizó Mauricio Macri en el CCK para anunciar un plan anti narcotráfico pero que, tras bambalinas, fue leído como un foto montaje para exhibir gobernabilidad junto al Partido Justicialista y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

 

La flamante comisión estará conformada por un representante de cada una de las tres fuerzas políticas que integran la coalición de gobierno. A fin de garantizar la adecuada instrumentación de los procedimientos, la Comisión estableció un Reglamento de Funcionamiento y se abocará, en primer lugar, al análisis de la situación del intendente de Paraná, Sergio Varisco.

El jefe comunal de Cambiemos está en el ojo de la tormenta tras estar vinculado al narcoescándalo que sacude a esa ciudad. Varisco está acusado de financiar el transporte y la comercialización de cocaína en Paraná y alrededores, a través de su vínculo con Daniel “Tavi” Celis, un puntero que está preso desde 2016.

Varisco ya había declarado el 4 de junio ante el juez federal Leandro Ríos. El magistrado lo imputó, le restringió las salidas de su provincia y lo obligó a presentarse todos los viernes en los tribunales. Ahora, el jefe comunal amplió su declaración indagatoria y sumó al abogado Mariano Cúneo Libarona a su defensa.

La Comisión de Ética debutará con el caso del intendente de la ciudad de Entre Ríos, pero hacia dentro del interior de Cambiemos hay varios funcionarios que cargan con imputaciones. El recién designado presidente del Banco Central y ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, está imputado por presunto perjuicio a las arcas públicas en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). En tanto, sobre el vicejefe de Gabinete Mario Quintana pesa una imputación por "falsedad ideológica y omisión en sus declaraciones juradas", en el marco de un presunto favoritismo por Farmacity por parte del PAMI a la hora de elegir proveedores.