Con modificaciones al texto original, severas críticas a la rentabilidad “excesiva” de las empresas y la unidad de todo el arco opositor, Diputados aprobó este miércoles la ley que morigera el aumento de las facturas de los servicios públicos y le propinó un golpe político al Gobierno en su peor momento. Ahora la Rosada apelará a la presión sobre los gobernadores para frenar la iniciativa, como última muralla de contención antes del anunciado veto presidencial.
Pese a las críticas que disparó contra la oposición, a la que calificó de “populista”, “demagoga” y “desestabilizadora”, el oficialismo no logró frenar el apoyo a la ley, que reunió al peronismo federal, el Frente Renovador, el kirchnerismo, el progresismo y la izquierda y juntó 133 votos, contra los 94 que tuvo la postura del oficialismo. Afuera, las calles del Congreso estuvieron copadas por agrupaciones relacionadas con el kirchnerismo, sindicatos, organizaciones sociales y de izquierda que se manifestaron a favor de la ley y contra el acuerdo con el FMI. Por el recinto, en tanto, pasaron intendentes del peronismo bonaerense, el titular de Camioneros, Pablo Moyano, y el líder de los Canillitas, Omar Plaini, que alentaron la aprobación de la ley.
Los intendentes del conurbano dieron su apoyo a la ley en el recinto. (Télam)
El oficialismo mantuvo su discurso. Calificó a la oposición de “irresponsable”, apeló a la conciencia de los diputados del interbloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores y pegó al peronismo federal al kirchnerismo, con el objetivo de quebrar el consenso del espacio que conduce Pablo Kosiner.
“¿Cómo se puede creer la voluntad política de querer sacar al país del desastre que dejó el kirchnerismo unidos al kirchnerismo?”, bramó la secretaria parlamentaria del PRO, Silvia Lospennato, en medio de un griterío por sus constantes alusiones al “populismo”. “Los autores ideológicos del proyecto son los que nos llevaron a esta situación catastrófica”, había dicho al comienzo del debate Luciano Laspina (PRO).
Moyano y Plaini protestaron contra el tarifazo y el acuerdo con el FMI. (Télam)
Los calificativos no hicieron mella en el peronismo, que logró reunir 133 votos, tras haber introducido cambios al proyecto para contener la protesta de los gobernadores. Entre las modificaciones más relevantes, en las que trabajaron el diputado Marco Lavagna (Frente Renovador), Diego Bossio (Bloque Justicialista) y Segio Ziliotto (Bloque Justicialista), en conversaciones de las que también participó Axel Kicillof (Frente para la Victoria), se cuenta la eliminación de la rebaja de IVA para los servicios públicos, que figuraba en el texto original y que había generado el llamado de atención de los mandatarios provinciales, ya que se trata de un impuesto coparticipable.
Además de lo que respecta al IVA, los diputados agregaron un capítulo relacionado con el federalismo, que plantea la necesidad de generar mecanismos para equilibrar los subsidios en todas las provincias - en sintonía con lo que planteó en el recinto el diputado cordobés Martín Llaryora-, eliminaron del universo del proyecto los aumentos en transporte y peajes e incorporaron la creación de una comisión bicameral que tenga a su cargo el control de inversiones que hagan las empresas. Eso se sumó a los dos puntos iniciales, que proponían retrotraer las tarifas al 1 de noviembre de 2017 y atar los futuros aumentos al índice de variación salarial, algo que quedó solo reservado para las categorías de consumo medio y bajos.
Fue contra la falta de inversiones y las excesivas ganancias de las empresas de servicios públicos que algunos diputados opositores centraron su discurso.“Queremos que quienes hoy votan, lo hagan sabiendo que atrás de todo este proceso de incremento de tarifas hay un tremendo negociado. Que nadie venga a decirnos que somos demagogos, o que vamos atrás de tal o cual”, disparó Graciela Camaño. La jefa del bloque del Frente Renovador remarcó que “hay una rentabilidad excesiva e irracional por parte de las empresas de servicios” porque “se logró cartelizar el precio de los servicios” y “no hay compromiso de inversión”.
Algo similar había planteado Bossio quien señaló que, con un aumento del 927 por ciento que tuvieron las tarifas de gas entre 2016 y 2017, las empresas del sector obtuvieron ganancias por 1.032 millones de pesos. En el caso de las eléctricas, con 920 por ciento de aumento en el mismo período, las ganancias treparon a 2.312 millones. Además, señaló que las empresas no solo obtienen ganancias sino que reparten divididendos, en lugar de invertir.
“Sobre la cuestión tarifaria hay una sola verdad. El recurso de la energía se puede tomar como un bien en manos de privados para hacer guita. O como un instrumento de desarrollo. Ahí está el punto central, el modelo de país de Macri”, afirmó Kicillof. Y agregó: “Lo que vinieron a hacer con las tarifas es cumplirles el sueño de los que privatizaron los servicios públicos de los ‘90. Lo dijo (Domingo) Cavallo, que era la culminación de su proyecto”.
En paralelo a la discusión por tarifas, el acuerdo con el FMI se llevó gran parte de los discursos de los diputados. “Fuimos a tocar la puerta de la casa del diablo. El Fondo Monetario es eso en la memoria de todos los argentinos”, señaló el diputado del Frente para la Victoria Fernando Espinoza. “El mejor equipo de los últimos 50 años aplicó políticas claramente contradictorias una con la otra y terminaron yendo al Fondo. ¿Adónde creían que nos iba a llevar este menú de desregulación del mercado cambiario?”, señaló el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. “Sería bueno que me den un caso de un país que haya acordado un crédito stand by con el Fondo y haya sido exitoso. Jamaica, hermoso país, Irak, no lo conozco y Kenia, tampoco lo conozco, son los tres países que tienen un crédito stand by con el Fondo. ¡Volvimos al mundo, muchachos!”, ironizó el jefe del bloque kirchnerista.
“En este momento, cuando después de mantener una política financiera absolutamente vulnerable y riesgosa, con un juego permamente entre la tasa de interés y el valor del dólar, que no tuvo en cuenta el desequilibrio de la balanza de pagos y termina de una manera absolutamente lamentable y una pérdida de soberanía económica en manos del FMI, que nos digan irresponsables a nosotros es un chiste”, afirmó Felipe Solá, que respondió a las críticas de Cambiemos.
El oficialismo no tuvo más recursos para oponer resistencia. Apuntó contra el peronismo con calificativos y lo desafió a "ganar las elecciones si quieren fijar tarifas", como dijo el mendocino Luis Petri. La respuesta del Argentina Federal provino del presidente del bloque, Pablo Kosiner, quien enumeró, uno a uno, los proyectos que presentaron la Coalición Cívica, la UCR y el PRO cuando eran oposición con el objetivo de fijar tarifas. Además, recordó que en 2010 dejaron sin Presupuesto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. "Nos han calificado de demagogos, de irresponsables. Nosotros no dejamos sin presupuesto a la Argentina", remató.
Golpeado, el oficialismo se sentó a esperar su derrota. Sin Elisa Carrió ni la mayoría del bloque de la Coalición Cívica en el recinto para acompañar el rechazo de Cambiemos, con la ausencia de la bancada completa del Frente de la Concordia Misionero, el apoyo de parte de la bancada de Santiago del Estero, y los votos de todo el Frente para la Victoria, el interbloque Argentina Federal, el massismo, el progresismo, los diputados que responden a Alberto Rodríguez Sáa, la izquierda y el bloque Córdoba Federal, Diputados aprobó la ley, con 133 votos afirmativos, 94 en contra y 3 abstenciones, del bloque de Martín Lousteau.
De esta manera, el proyecto pasará ahora al Senado, donde el Gobierno aspira a ejercer mayor presión para frenar la sanción. Sin embargo, según pudo saber Letra P, los cambios que los diputados introdujeron al proyecto ya fueron consensuados con los senadores que forman parte del interbloque Argentina Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto, y tiene la llave para la aprobación. Pichetto ya adelantó que "en dos o tres semanas", el proyecto llegará al recinto. De mantenerse la voluntad del peronismo, y sin que medie intervención efectiva de los gobernadores, el Congreso empujará a Macri a un nuevo veto, en uno de los temas que más afectó en el último tiempo su imagen en las encuestas.