A contramano de la expectativa que tenía el Gobierno nacional la semana pasada, cuando apostaba sus fichas a que la presión sobre los gobernadores frenara la embestida de los diputados opositores sobre las subas de tarifas, los cambios que hará el peronismo federal en el proyecto, sumados al enojo del gobernador Juan Schiaretti por una presentación de Cambiemos contra el Pacto Fiscal en Córdoba, dejó a la oposición a las puertas de la aprobación de la ley que frena el aumento en las facturas de los servicios públicos.
“Vista la gravedad institucional en la que nos encontramos al haberse cambiado las reglas de juego con esta actitud inentendible del PRO cordobés, avalada desde el Ministerio del Interior, nos obliga a los diputados a analizar la nueva situación frente a la sesión por las tarifas”, anunciaron el domingo los legisladores del bloque Córdoba Federal, que forma parte del interbloque Argentina Federal, que preside el salteño Pablo Kosiner.
La expresión de los diputados del bloque, avalada en privado por Schiaretti, responde a la presentación contra la provincia que hicieron el viernes los referentes de Cambiemos en Córdoba -los intendentes de la capital, Ramón Mestre (UCR), y de Oliva, Oscar Tamis (PRO)- ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir 405 millones de pesos en concepto de fondos de coparticipación. En la misma demanda se advierte sobre la posible “inconstitucionalidad” del Consenso Fiscal, que firmó la Nación con 23 provincias en noviembre de 2017.
“Desconocer lo que el Presidente de la Nación firmó con los gobernadores, y ratificado por el Congreso y la Legislatura de Córdoba -con el voto de los legisladores del PRO-, significa un cambio de reglas institucionales y políticas que pone en crisis el Pacto Fiscal”, dijeron los diputados de Córdoba, antes de anunciar su pedido de “libertad de acción” -ya consentido- al gobernador para votar la ley antitarifazo.
La jugada provincial de Cambiemos es llamativa, ya que Schiaretti había sido el primero de los gobernadores de la oposición en salir a respaldar la postura de la Casa Rosada sobre la ley de tarifas. “Los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso de la Nación”, había dicho el gobernador en un comunicado el miércoles 2.
Con distintos matices, y en paralelo al debate del proyecto en la Comisión de Presupuesto, en el transcurso del día se fueron sumando otros gobernadores. El salteño Juan Manuel Urtubey dijo que “si la gente no lo puede pagar, por más voluntad que uno ponga, eso no camina”. Aunque afirmó que “es un disparate pretender congelar o retrotraer las tarifas”, le tiró la pelota al Gobierno: “Nosotros somos la oposición, le marcamos al Gobierno que esto está mal, lo tienen que hacer como les parezca que lo tienen que hacer y naturalmente deberán explicarle a la gente por qué las propuestas que nosotros hacemos, que pueden ser sustentables o no. coincidan”.
En tanto, el tucumano Juan Manzur evitó meterse en la discusión parlamentaria y aseguró que las familias “no pueden pagar las tarifas” y que los aumentos “fueron desmedidos".
El misionero Hugo Passalacqua fue más allá y aseguró que no avalaba “la sanción de alguna ley que signifique un perjuicio al Presupuesto que ya fue sancionado oportunamente”, pero dirigió su principal crítica contra uno de los ejes de la ley, que plantea la rebaja del IVA en los servicios públicos, algo que afecta directamente los recursos de las provincias, ya que el IVA es un impuesto coparticipable.
El entrerriano Gustavo Bordet dijo que “el Congreso nacional no es el ámbito de definición de la política tarifaria energética, sino que es responsabilidad del Gobierno nacional, que es quien debe hacerse cargo de sus decisiones”.
Las declaraciones de los gobernadores se hicieron sentir en el interbloque Argentina Federal, que impulsa junto al Frente Renovador el proyecto al que también apoya el kirchnerismo. Los diputados Martín Llaryora (Córdoba) y Juan José Bahillo (Entre Ríos) firmaron en disidencia el dictamen de la Comisión de Presupuesto. El misionero Jorge Franco fue el único miembro del interbloque Argentina Federal que no lo firmó.
Sin embargo, la decisión de los diputados del interbloque de eliminar del proyecto la rebaja del IVA, confirmada este lunes por Kosiner, sumada al enojo cordobés, podría terminar de sumar los votos que la oposición necesita para aprobar la ley y enviarla al Senado, donde la bancada que preside Miguel Ángel Pichetto presentó la misma iniciativa, que prevé retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y luego plantear una actualización en función del coeficiente de variación salarial.
De mantenerse la decisión del bloque peronista alineado con los gobernadores, una vez que la ley sea sancionada, el Gobierno apelará al veto presidencial, ya anunciado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
