El Gobierno utilizará el costo fiscal como principal argumento para justificar el veto a la ley opositora para retrotraer las tarifas de los servicios públicos de luz, gas y agua a los valores de noviembre de 2017.
El eje central de los funcionarios, que lograron instalar en las tapas de los diarios, serán los $ 115.000 millones que el Estado deberá desembolsar para continuar con la norma que impulsó el peronismo.
Según datos del Ministerio de Hacienda, el mayor costo fiscal es para la electricidad que alcanza casi $ 75.000 millones. Luego le sigue el gas con $ 34.643 millones y el agua $ 5.450 millones.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó este jueves que "la ley ya está vetada" porque el Congreso "no tiene la facultad para fijar tarifas" y, además, la norma "atenta contra los intereses de las provincias". En rigor, lo que ocurrió es la firma por parte del Presidente del decreto respectivo, que entrará en vigencia cuando sea publicado en el Boletín Oficial.
"La ley ya está vetada, porque es una ley irresponsable. No respeta el mandato constitucional: no es facultad del Congreso fijar tarifas. Va en contra del federalismo y atenta contra las provincias. Eso no lo podemos permitir", enfatizó el funcionario durante una conferencia en la Casa Rosada.
Además, el jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno no está "de acuerdo con el doble discurso de los gobernadores".
Con 37 votos a favor, provenientes del Bloque Justicialista, el Frente para la Victoria y otras bancadas satélite, y 30 en contra aportados por Cambiemos y buena parte del Interbloque Federal, la norma se aprobó luego de casi 12 horas de debate.
La norma retrotrae las tarifas a noviembre de 2017 y dispone que los aumentos no superen el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes, al tiempo que señala que las empresas deberán devolver lo que se cobró de más hasta el momento.
Vale recordar que para evitar que la ley termine en el veto presidencial, algo que finalmente sucedió, el oficialismo intentó hasta último momento bloquear la aprobación de la ley mediante una ausencia de senadores que dejara la sesión sin quórum y, de hecho, la sorpresiva retirada del puntano Adolfo Rodríguez Saá les dio una luz de esperanza.
Sin embargo, incluso los pocos senadores peronistas que no acompañaron el proyecto, como Rodolfo Urtubey o los miembros del Interbloque Federal, se mantuvieron inamovibles en su postura de no quitar quórum.