EL DNU DE LA DISCORDIA

Desarrolladores en guerra con Larreta y Camarco por freno a la obra privada

El Gobierno impide por 180 días la tramitación de permisos de obras nuevas, pero continuarán los trámites vigentes. Críticas al Código Urbanístico y a la postura de la Cámara de la Construcción.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y los desarrolladores inmobiliarios se baten en una silenciosa guerra fría interna por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le pone un freno a determinadas obras privadas, en el marco de la discusión de los nuevos códigos Urbanístico y de Edificación en la Ciudad de Buenos Aires.

 

El DNU es el primero de la gestión larretista y establece que por 180 días no podrán iniciarse permisos para proyectos de edificios de perímetro libre (torres de 12 pisos). Sin embargo, Rodríguez Larreta dio vuelta atrás y habilitó que sigan en curso los permisos que están en proceso de trámite actualmente (los que recibieron la aprobación de factibilidad). El plan original, que se conoció tras una filtración del “decreto borrador”, contemplaba la parálisis de todas las obras y el freno a los permisos tramitados ante las oficinas de la cartera que conduce Franco Moccia. Los desarrolladores pusieron el grito en el cielo al conocer ese documento y se activó el operativo para modificar el DNU, que finalmente se presentó este jueves.

 

De acuerdo al decreto oficial, los trámites para solicitar obras nuevas o ampliación que ya fueron iniciados con anterioridad seguirán vigentes bajo la órbita de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

 

 

Según pudo saber Letra P, hubo tres factores que alteraron el decreto: un pedido de Larreta para evitar el freno de las obras en ejecución y a punto de aprobarse, el enojo de los empresarios y una llamativa insistencia de grupos de abogados por presentar amparos si la amenaza del DNU filtrado se convertía en el publicado en el Boletín Oficial.

 

La figura del “derecho adquirido” podría haber generado una ola de amparos que colmarían el despacho del procurador Gabriel Astarloa. Si el Gobierno avanzaba y paraba todas las obras, la respuesta lógica hubiese sido la aparición de una catarata de presentaciones judiciales para que los trabajos sigan su curso.

 

CONFLICTO LÍMITE. No obstante, el DNU es una excusa. La riña entre los desarrolladores con el Gobierno porteño radica en el Código Urbanístico y el límite a la construcción de edificios de 13 pisos, que complica a quienes compraron lotes para edificar torres de mayor amplitud y, al entrar en vigencia la nueva normativa, será imposible la realización del proyecto y se generará una desvalorización del terreno.

 

Al mismo tiempo, la discusión en torno a los nuevos códigos generó una grieta entre los desarrolladores y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Meses atrás, funcionarios del gabinete larretista se presentaron ante la Cámara de la Construcción para explicar detalles sobre la nueva legislación y no hubo reproche alguno.

 

 

 

Hubo reuniones entre los desarrolladores y el ministro Moccia, pero no llegaron a buen puerto. “Yo trabajo para los vecinos, no para ustedes”, respondió el titular de Desarrollo Urbano y Transporte ante los cuestionamientos. La guerra fría no merma y en el Gobierno saben que la riña continuará hasta octubre, cuando podría votarse la segunda lectura de los códigos Urbanístico y de Edificación.

 

En paralelo, el oficialismo considera un “trámite” la ley de la plusvalía urbana, que prevé que las parcelas que se vean beneficiadas con mayor capacidad constructiva paguen una contribución para el desarrollo de infraestructura social y de servicios. Requiere mayoría simple y no contempla procedimiento de doble lectura.

 

Por otra parte, en el bloque Vamos Juntos hay un debate en torno a si el DNU requiere doble lectura. El artículo N°103 de la Constitución local no se expide sobre este procedimiento, simplemente aclara que los DNU “son remitidos a la Legislatura para su ratificación dentro de los diez días corridos de su dictado, bajo pena de nulidad”.

 

 

 

En la Jefatura de Gobierno aseguran que el desarrollo de los nuevos códigos se realizó bajo un marco de “participación” para “incluir la mayor cantidad de propuestas de diversos sectores”. El debate se abrió en 2016 y contó con convocatorias públicas a vecinos, ONG, asociaciones profesionales, comunas y representantes de barrios emergentes. “Se realizaron dos rondas de encuentros con vecinos en cada una de las 15 comunas y se llevaron a cabo eventos con las distintas entidades profesionales, académicas, gubernamentales y ONGs, reuniendo a más de 100 instituciones”, destacan desde el Ministerio.

 

“Sabemos que les complicamos el negocio a los desarrolladores, pero hay que cambiar el modelo de Ciudad. También, sabemos que van estar en contra del Código hasta el último día”, argumentan en el Gobierno y sacan pecho “con esto se acaban las torres sorpresa”. “Es un atentado contra la industria”, replican los desarrolladores. “Si compraste un lote hace un año y pagaste derechos de construcción según las normas actuales, perdiste. No podes avanzar porque la Ciudad no te aprueba las obras y encima te modifica el proyecto porque quiere un nuevo Código”, fustigan.

 

Así como está el Código Urbanístico, que modifica el Código de Planeamiento Urbano vigente desde la década de 1970, acumula rechazos en las mesas de los popes de la construcción y el desarrollo inmobiliario. El gobierno de Rodríguez Larreta está dispuesto a dar la discusión, pero no negociará la altura de los edificios y busca limitar a 13 pisos las grandes torres.

 

Patricia Bullrich
José Emilio Neder, senador Santiago del Estero.

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