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Contrapuntos en la CGT por la posible incorporación de movimientos sociales

La intención de la CTEP y otras organizaciones de incorporarse a la CGT, una vez normalizada la conducción, abre grietas entre los principales gremios. Legalidad y legitimidad en centro del debate.

Francisco Basualdo 27/04/2018 16:24

Con varios años de acercamientos compartiendo movilizaciones, jornadas de formación y actos en común, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Confederación General del Trabajo (CGT) transitan un debate que hasta hace una década era impensado: la incorporación de los trabajadores de le economía popular a la central obrera.

Las discusiones, aunque avanzadas, no lograron todavía el consenso dentro de la CGT, donde algunos dirigentes rechazan la incorporación de "piqueteros" a la vida sindical mientras que otros, incluidos varios miembros de la actual conducción, respaldan públicamente la política de puertas abiertas.

"Ésta es la casa de todos los trabajadores, ésta también es su casa", suele decirles a los miembros de la CTEP el secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid en los repetidos actos conjuntos que encabeza el principal promotor del ingreso de "los descamisados del siglo XXI".

 

 

Es sabido que Schmid es uno de los interlocutores obreros de las organizaciones populares y quien empujó la participación gremial en las movilizaciones que en agosto de 2016 y 2017 unieron la basílica de San Cayetano con la Plaza de Mayo bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo", una convocatoria que, con sus similitudes y diferencias, hermanó a las organizaciones populares con la movilización que en 1982 encabezó Saúl Ubaldini .

Un hecho que indudablemente abonó la relación entre estos sectores fue la entronización de Jorge Bergoglio como papa y la doctrina social que irradió desde el Vaticano para combatir "la cultura del descarte" y la necesidad de "tender puentes" entre los pueblos.

Schmid no está solo. Varios de los dirigentes de mayor peso respaldan, al menos públicamente, la incorporación de las organizaciones sociales y proponen asumir la agenda de los sectores de la economía popular, entre ellos, la cúpula de los ladrilleros, del gremio de los trabajadores de la AFIP e incluso el líder de los estatales de UPCN, Andrés Rodríguez.

"Dentro de nuestra estrategia está la obligación de contener a esos compañeros y tener una alianza para que cuando llevemos nuestros reclamos a las autoridades, también se incorporen las demandas de ellos" dijo hace algunas semana atrás el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez.

 

 

En esa ocasión, el jefe de los albañiles declaró a Radio Con Vos que "no puede haber un movimiento sindical que plantee sólo la defensa de aquellos trabajadores registrados" cuando hay miles de trabajadores "en la informalidad o la desocupación por los problemas macroeconómicos".

Del otro lado, el pelotón de los gremios que se resisten a sumar a los "piqueteros", tal como los definen, está encabezados por el titular de las 62 Organizaciones Peronistas, Ramón Ayala.

El heredero del Momo Venegas aboga por que la futura CGT surja de "la mayor unidad posible y sin piqueteros ni movimientos sociales".

"La situación de ese sector de la vida nacional genera preocupación, pero no es un gremio confederado y es preciso ser claro al respecto. No puede compartir la futura conducción de la central obrera en esa condición. Nunca ocurrió", dijo el dirigente ruralista en declaraciones a la agencia Télam.

Detrás de estos argumentos se esconde también el temor de los popes sindicales de que el desembarco de las organizaciones populares rompan los equilibrios dentro de la central. Por un lado, los sectores más dialoguistas quieren evitar la posible radicalización de la central que le imprimirían quienes hoy son el sector más dinámico en la movilización y el reclamo callejero, sobre todo en un momento en el que está en debate la relación que tendrán a futuro la CGT y el gobierno de Cambiemos.  

 

 

En paralelo, también existe un temor de que el reconocimiento de la CTEP como entidad gremial implique, de alguna manera, la "normalización" de la informalidad laboral, que impactaría en el corazón mismo del modelo sindical.

Mientras la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa analizan la conformación de un sindicato de la Economía Popular, en paralelo ocurren encuentros entre dirigentes sectoriales en los que, pese a la interna gremial, intentan avanzar sobre cuáles serían los pasos a seguir para una eventual incorporación. En uno de esos encuentros, que contó con la presencia de abogados de la central y dirigentes sociales, se mencionó la posibilidad de que las organizaciones populares contaran con una docena de congresales en la central.    

"Con los movimientos sociales hablamos, yo personalmente me reuní con ellos", declaró a Letra P el secretario general de la CGT Héctor Daer, que advirtió, sin embargo, que "antes que nada, ellos se tienen que constituir como sindicato y a partir de ahí pueden solicitar el ingreso a la Confederación General del Trabajo". 

"Habría que analizar cómo instrumentar técnicamente la cuestión", enfrió el tema Daer, pero reiteró: "Nosotros asumimos la agenda y una estrategia común de cobertura y acompañamiento en favor de todos los trabajadores, estén registrados o en la informalidad".

 

 

Más allá del camino para una "sindicalización" de la CTEP, objeciones internas inclusive, la demanda de los dirigentes sociales para ser reconocidos como un organismo gremial tiene sus fundamentos en el texto elaborado por uno de los principales referentes del sector, Juan Grabois

El trabajo, titulado "La personería social, perspectivas en torno al nuevo régimen de agremiación para los trabajadores de la economía popular", hace una interpretación amplia de los alcances de la Ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, en la que equipara la situación de los trabajadores de la Economía Popular con la de sectores como los canillitas o vendedores ambulantes. Estos sectores, si bien son autónomos en su función laboral, cuentan con representanción gremial en la CGT que los considera trabajadores en relación de dependencia.

En este proceso de "laborizar el fenómeno de la economía popular", el texto de Grabois traza un paralelismo entre las atribuciones que tienen las organizaciones sindicales, según la ley 23.551, y las que les reconoció a las organizaciones populares la resolución del Ministerio de Trabajo firmada en 2015 por Carlos Tomada y ratificada meses después por Jorge Triaca.  

"La equivalencia de objeto de las entidades de la Res. 32/16 con las que tradicionalmente registra la Secretaría de Empleo prueba en forma irrefutable que ambos tipos de asociaciones comparten una misma naturaleza jurídica" y, por lo tanto, estarían en condiciones de solicitar su incorporación a la CGT. Por ahora, el camino elegido es el de la negociación y la construcción colectiva.