En paralelo a la presión que depositaron sobre los gobernadores el presidente Mauricio Macri y la bonaerense María Eugenia Vidal, al anunciar una rebaja en los impuestos provinciales, el peronismo volverá a marcar esta semana la agenda del Congreso con el rechazo al tarifazo, aunque Cambiemos tiene los números para bloquear el avance de la discusión. Y lo hace unido y coordinado, para asegurarse el quórum que le permita, al menos, abrir la sesión y darle una muestra de poder al oficialismo.
A la inversa de lo que sucedió la semana pasada, cuando el Frente para la Victoria, el Movimiento Evita y la izquierda presentaron un pedido de sesión especial para que el miércoles 18 se trataran en el recinto distintos proyectos anti tarifazos, esta vez fueron el peronismo federal, que responde a los gobernadores, y el massista Frente Renovador los espacios que presentaron la nota para solicitar la reunión. En el escrito incluyeron 26 proyectos de ley, pertenecientes a diputados de distintos bloques de la oposición, incluidos los propios, el kirchnerismo, los puntanos de Unidad Justicialista y la izquierda, que acompañarán con su presencia en el recinto.
Otra diferencia sustancial con lo ocurrido el miércoles pasado es que, esta vez, los jefes de bloque están trabajando a destajo para asegurar el quórum que no tuvieron la semana anterior y que les impidió siquiera poner en debate los proyectos del temario. En eso están tanto el peronismo federal como el kirchnerismo.
Un día antes, el martes 24, se reunirán las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor, que presiden el peronista Sergio Ziliotto y la massista Marcela Passo, respectivamente, con el objeto de debatir y emitir dictamen del proyecto que plantea la necesidad de establecer “tarifas razonables”, en función del coeficiente de variación salarial, que presentaron el Frente Renovador y Argentina Federal.
Pero pese a la voluntad opositora, el proyecto no estará en condiciones de ser debatido el miércoles en el recinto. Sucede que además de esas dos comisiones, el proyecto de tarifas razonables también fue girado a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Alicia Terada (Coalición Cívica), y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Luciano Laspina (PRO). Sin que esas dos comisiones, en manos de Cambiemos, se sumen al dictamen o emitan el propio por separado, el proyecto no puede llegar al recinto.
De la misma forma, los otros 25 proyectos que fueron incluidos en el pedido de sesión especial -a excepción de una iniciativa firmada por la ex diputada massista Liliana Schwindt y Felipe Solá, entre otros– tienen giro a la comisión de Presupuesto. Por ese motivo, el oficialismo podrá bloquear el debate, al menos por un tiempo, ya que la oposición ya encontró el resquicio reglamentario que podría permitirle avanzar en un plazo de 30 días.
Según el artículo 102 del reglamento de la Cámara, “cuando un asunto sea girado a una o más comisiones especializadas y también a la de Presupuesto y Hacienda, aquélla o aquéllas formularán su anteproyecto y ésta deberá despacharlo en el plazo de un mes. Si así no lo hiciera, el anteproyecto de la o de las comisiones especializadas pasará a la Cámara como despacho de la o de las comisiones respectivas, haciéndose constar esta circunstancia en el Orden del Día correspondiente”.
En ese pasaje se podrá apoyar la oposición si logra que las comisiones que maneja emitan dictamen sobre los proyectos anti tarifazos mientras Presupuesto se mantiene al margen de la discusión. Sin embargo, llevar los proyectos al recinto demorará un mes. Es por eso que las principales espadas de los bloques opositores insistirán este miércoles con el pedido de sesión especial.
En el peronismo creen que el Gobierno está haciendo una lectura equivocada del problema del tarifazo. “Se creen que la gente se va a quedar traquila por anunciar que le van a financiar una parte de la factura en cuotas y con intereses. No están viendo la gravedad de la situación”, le dijo a Letra P el presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, que adelantó que su bancada participará de “todos los ámbitos” en los que se ponga en debate el tema. Este lunes firmó el pedido de sesión especial.
“Tenemos claro que algo hay que hacer y que tampoco las tarifas pueden seguir como antes. Una cosa es que subsidies razonablemente a sectores carenciados y otra que subsidies todo. Tampoco estamos de acuerdo en que el Gobierno aumente todo indiscriminadamente. No podés equilibrar el déficit con el bolsillo de la gente”, agregó a este portal un senador del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, que afirmó que “la tarifa tiene como límite que la gente la pueda pagar”. En la Cámara alta también avanzan proyectos para frenar el tarifazo, aunque la estrategia de Argentina Federal es que sean los diputados quienes se pongan al frente de la batalla.
En tanto, desde que tuvo que bajar la sesión ordinaria del miércoles 18, en pleno escándalo por la sesión anti tarifazos, el oficialismo empezó a diseñar la forma de frenar la avanzada opositora. Convocó a las provincias a una reunión del Consejo de Energía, el presidente Macri les pidió a las provincias que bajen los impuestos y financien parte del prorrateo en el pago de tarifas y mandó a la gobernadora Vidal a hacer punta con su anuncio de rebaja impositiva.
En el peronismo, la jugada de la Rosada cayó mal. Diferentes referentes del espacio opositor coincidieron en señalar que la holgura financiera de Vidal proviene de los 40 mil millones que recibirá la provincia este año gracias a la compensación por el Fondo del Conurbano, que logró con la reforma previsional. Es decir, con el recorte de las jubilaciones y la cesión de fondos de las provincias.
Con ese dinero en mano, la gobernadora le metió presión con los anuncios a sus pares. En el Congreso, el peronismo ratificó que devolverá el golpe con otra sesión en la que intentará conseguir quórum para mostrar fortaleza y asestarle un golpe político al Gobierno, pese a que en la práctica no podrá aprobar ninguno de los proyectos.
Como ninguna de las iniciativas llegará al recinto con dictamen, la oposición necesitará de los dos tercios de los presentes para poder habilitar el debate. Pero Cambiemos, con sus 108 diputados, tiene número de sobra para bloquear la discusión.