Cuatro de los cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia recibieron este lunes por la tarde al jefe de Gabinete, Marcos Peña y al ministro de Justicia Germán Garavano. La cita se concretó un mes después de la reunión reservada que mantuvieron el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti y Garavano, para negociar una tregua duradera, luego de los ásperos cruces que mantuvieron ambos funcionarios, durante la apertura del año judicial, cuando el titular del Poder Judicial lanzó una jornada de consultas, en la Asociación de Magistrados, para reformar el sistema jurídico, aunque ignoró el programa del Ejecutivo, conocido como Justicia 2020, que en algunos aspectos tiene la misma finalidad.
El “encuentro institucional” contó con los cortesanos Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, mientras que la quinta integrante, Elena Highton de Nolasco no estuvo porque estaba de viaje. En un escueto comunicado de la cartera de Justicia, Garavano destacó que “se acordó un cronograma de reuniones mensuales, para poder avanzar en las reformas que impulsa la CSJN, que requieren del apoyo de los tres poderes del Estado, y se trata de un proceso de transformaciones hacia el interior del propio Poder Judicial”. Al respecto, el comunicado confirmó que ese “proceso de reformas, fue anunciado por la Corte en el acto de apertura del año judicial”, pero “por su parte el Ministerio de Justicia, a través del Programa de Gobierno Abierto Justicia 2020, impulsa una serie transformaciones, lo que convierte al tema en una política de Estado”.
El texto que difundió la cartera de Justicia, también fue replicado por el aparato de prensa de la Corte, conocido como Centro de Información Judicial. (CIJ) De acuerdo a esa información, los cuatro cortesanos manifestaron “la necesidad de contar con la cooperación de los demás poderes del Estado, a fin de concretar las reformas y agilizar así los procesos judiciales y lograr una mejor tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos”.
Tras la reunión reservada que se concretó hace un mes, Garavano y Lorenzetti volvieron a juntarse para avanzar en la negociación entre dos de los tres poderes del Estado el 27 de marzo. En esa oportunidad el CIJ difundió una foto del encuentro, pero no aportó información al respecto, aunque la imagen buscó aportar señales de restablecimiento de la tirante relación entre el Gobierno y la Corte.
Sin embargo, entre la foto del 27 y el encuentro de este lunes, se sumaron dos nubarrones en la hoja de ruta que buscaron delinear Lorenzetti con Garavano: la denuncia que presentó la diputada nacional, y socia menor de Cambiemos, Elisa Carrió, para ampliar sus acusaciones contra el titular del máximo tribunal, con el fin de someterlo a un proceso de juicio político.
"No podemos pasar por alto que Lorenzetti está montando un aparato de inteligencia a través del sistema de escuchas, el de peritos y a través de la nueva Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (que podrían funcionar como verdaderos agentes de inteligencia encubiertos)", disparó “Lilita” la semana pasada, que también consideró a Garavano como “un poste” que “está pintado” al frente de la cartera de Justicia.
"Tenemos algunas hipótesis: la llamativa ampliación presupuestaria de la oficina de escuchas, el aumento de personal y de las tareas que realiza evidencia que el Dr. Lorenzetti tuvo por objetivo hacer una oficina en la Corte con enormes atribuciones a través de la cual también se puedan realizar tareas de inteligencia paralela, contrariando el ordenamiento normativo vigente en nuestro país", afirmó la jefa de la Coalición Civica en referencia a la presunta hipertrofia de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) que el presidente Mauricio Macri quitó de la órbita del Ministerio Público Fiscal, y la pasó bajo el control de la Corte.
Ante las consultas de Letra P, fuentes cercanas a Carrió se negaron a aportar el punto de vista de la diputada sobre el encuentro. Desde la semana pasada Garavano le habría ofrecido a Lorenzetti devolver la DAJuDeCo a la Procuración, conducida interinamente por Eduardo Casal, que reemplaza a Alejandra Gils Carbó desde fines de noviembre del año pasado y es considerado “confiable” por el Ejecutivo. La oferta habría sido ratificada este lunes por Peña y Garavano, aunque la Corte no estaría dispuesta a desprenderse del control de la estructura de escuchas telefónicas que, cuando dependía de la ex SIDE, era conocida como la temible Dirección de Observaciones Judiciales, bautizada como “Ojota”.
En medio de la embestida de Carrió contra Lorenzetti, el senador salteño del Bloque Justicialista, Rodolfo Urtubey presentó un proyecto para actualizar una iniciativa del año pasada redactada para controlar la custodia de las captaciones telefónicas con un protocolo y penas específicas para quienes intervienen en esa tarea de espionaje. Tiene el aval del presidente del bloque, el rionegrino Miguel Pichetto, entre otras figuras, y será tratado en la sesión del próximo 18 de abril, luego de obtener un dictamen favorable en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Alta.
“Ya el año pasado advertíamos que la dirección de escuchas judiciales tenía que tener una cadena de custodia para preservar la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones y que éstas tuvieran como destino aportar pruebas en causas penales y no atacar el honor y la dignidad de las personas, sobretodo aquellas que tienen una trayectoria política, con un uso absolutamente ilegal de las mismas”, sostuvo Urtubey sobre la filtración de los diálogos telefónicos que mantuvo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchnner con el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli.