La batalla por las escuchas judiciales suma todos los días un nuevo capítulo con Cambiemos en el poder. Apuntado por Elisa Carrió, con opiniones encontrados al interior de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti resiste para no ceder una herramienta de poder que fue utilizada a su antojo por todos los gobiernos en el último cuarto de siglo y que Mauricio Macri le cedió en su cruzada por debilitar -y después renunciar- a Alejandra Gils Carbó.
Por decreto 256, dos semanas después de asumir, el Presidente dejó en manos de la Corte el Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (DICOM), bautizado ahora como Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC). La procuradora general de la Nación de los últimos años kirchneristas había quedado a cargo de las intervenciones como parte de la reforma tardía (Ley 25.520) que Cristina Kirchner ensayó tras su enfrentamiento con Antonio “Jaime Stiuso” en el último año de su segundo mandato.
A dos años largos del cambio que ordenó Macri, el panorama es mucho más oscuro y se renueva la pantalla del reinado prolongado de los servicios de inteligencia en los expedientes, pero con la cabeza del Poder Judicial como eje de las sospechas que nacen tanto de un sector de la oposición como del propio gobierno.
Las filtraciones que saturaron los medios de comunicación oficialistas durante los primeros dos años del macrismo en el poder provocaron cortocircuitos dentro de la alianza gobernante y con la Corte.
SERVICIO SUPREMO. Después de vapulearlo en la mesa de Mirtha Legrand, Carrió acaba de ampliar su pedido de juicio político contra Lorenzetti en una presentación extensa que incluye un apartado titulado “Oficina de Captaciones Judiciales: la oportunidad que aprovechó Lorenzetti para generar su servicio de inteligencia”.
En ese documento, al que accedió Letra P, la jefa de la Coalición Cívica vuelve a apuntar al director de Captaciones, Juan Tomás Rodríguez Ponte, cercano al juez federal Ariel Lijo, como responsable de las filtraciones en las que CFK maldice ante Oscar Parrilli. “El doctor Lorenzetti está montando un aparato de inteligencia a través del sistema de escuchas, del de peritos y de la nueva asistencia judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (que podría funcionar como verdaderos agentes de inteligencia encubiertos)”, dice Carrió en la presentación que incluye las objeciones de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y de la Iniciativa de Control Ciudadano de los Sistemas de Inteligencia (ICCSI).
Juan Tomás Rodríguez Ponte, director de la oficina de escuchas de la Corte.
Lilita objeta el accionar de la “nueva” Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), famosa durante el reinado de Stiuso como la Ojota que pinchaba los teléfonos de los opositores de turno. Difícil admitirlo: AFI para la SIDE, DICOM y Dajudeco para la ex Ojota son nuevas siglas en busca de despistar y generar simulacros de transparencia en una verdadera caja negra financiada por los argentinos para que dispongan de fondos y hagan lo que consideren necesario, de espaldas a la sociedad.
PICHETTO AL RESCATE. A cargo de dos hombres de Lorenzetti, los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal, Carrió toma notas periodísticas de El Cronista, La Nación y Clarín para destacar que la Dajudeco aumentó personal, duplicó el número de escuchas y creció en sus atribuciones. Además, destaca que la familia judicial aterrizó en la oficina de escuchas con hijos de jueces, camaristas y fiscales. El copamiento de la Dajudeco incluye el rol destacado de Alejandro Lartigua, un custodio de la Policía Federal que fue secretario de Lorenzetti y director de Seguridad de la Corte y hoy es subdirector de la oficina de escuchas. Según dijeron a Letra P fuentes judiciales, el desembarco no se limita a la cofradía de tribunales, sino que hay figuras que reportan al Senado, otra de las zonas del poder que tiene vínculo directo con los tribunales de Comodoro Py.
twitter_tweet
Precisamente, el bloque de senadores del PJ, que es conducido por Miguel Angel Pichetto, acaba de aprobar un dictamen favorable en comisión para un proyecto que regula las escuchas, tal como reclamaba -apremiado- Lorenzetti. Su autor es Rodolfo Urtubey, aliado principal del señor gobernabilidad, que se encargó de defender la tarea que vienen haciendo Irurzun, Leal y Rodríguez Ponte desde que disponen de sus nuevas atribuciones. “Los tres mantienen diálogo constante con el Congreso y estuvieron siempre abiertos a inspecciones de parte nuestra”, dijo el senador rionegrino.
Fuentes del bloque del PJ confirmaron a Letra P que la intención es darle media sanción el miércoles próximo. Presentado como un avance en el control del Congreso sobre las captaciones, la Iniciativa Ciudadana difundió este viernes una carta a los senadores en la que cuestiona el proyecto, reclama que vuelva a comisión y pide un debate público en el que pretende participar, de cara a la sociedad.
“La crisis del sistema de inteligencia se ha trasladado al ámbito de la Corte Suprema, desde que una oficina que le depende ha asumido el monopolio de la producción de escuchas. Con deficiencias y complicidades, lo que nos lleva a cuestionar su legalidad y eficacia. Esta misma semana, en otra muestra del grosero nivel de irresponsabilidad e incompetencia del organismo, las propias autoridades de la DAJuDeCO, en un programa de Telefé, en horario central, permitieron la difusión de números telefónicos que estaban siendo intervenidos en el mismo momento de la transmisión”, dice el comunicado.
Senador Rodolfo Urtubey.
TRAMITE EXPRÉS. La Iniciativa que integran ADC, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros, afirma que el proyecto de Urtubey está lejos de resolver los problemas y, en varios aspectos, los agrava, porque profundiza la confusión entre las escuchas de investigación y las de inteligencia y elimina disposiciones importantes de la ley de inteligencia con un “cheque en blanco” a la AFI para realizar escuchas sin tope de tiempo.
Si la iniciativa del PJ obtiene media sanción el miércoles próximo, avanzará un casillero en convalidar por ley el decreto de Macri que le otorgó a la Corte las escuchas y la ratifica “como juez y parte”, contrario al modelo acusatorio vigente. “No es función de la Corte ni de los jueces prevenir ni perseguir penalmente el crimen organizado, ni colaborar con esas políticas. Siendo las escuchas una herramienta de investigación, lo lógico es que sea administrado por la agencia estatal responsable de la persecución penal, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y sus pares provinciales, pero nunca por quienes deben revisar su legalidad”, dice el documento.
La Iniciativa Ciudadana, uno de los pocos espacios que objetó en forma sistemática la designación de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la ex SIDE, coincide con Carrió por lo menos en un punto: sostiene que la creación de la Dajudeco, tal y como está planteada, “funciona como una estructura de inteligencia dentro del Poder Judicial de la Nación, contrario a lo que establece la Ley de Inteligencia y el sistema acusatorio reglamentado en el Código Procesal Penal”.
Consultado por Letra P, uno de los miembros de la Iniciativa, el jurista Alberto Binder, afirmó: “Frente a la grave crisis que hay en el sistema de inteligencia en general y en el de las escuchas en general, lo que hace la ley de Urtubey es ratificar el peor de los rumbos. Vuelve a mezclar los problemas judiciales con los de inteligencia y ratifica a la Corte, que no ejerce ningún control, en un nuevo truco para entregar al sistema de escuchas en manos de los servicios de inteligencia”. Binder, experto en seguridad y director del ILSED, sostiene que el gran problema hoy “es la interferencia del sistema de inteligencia en una justicia federal llena de prácticas mafiosas” y la nueva ley no cambia nada de eso. “Que el presidente de la Corte se preste a este juego es una muestra más de su escasa comprensión del verdadero juego institucional”, afirmó Binder.
LORENZETTITOUR. En la Corte Suprema tampoco existe unanimidad sobre las escuchas. Hace dos semanas, Horacio Rosatti rompió el silencio en el programa de Carlos Pagni. “El problema ya estaba comprado cuando yo llegué. Acá lo importante es el control del Congreso. Tiene que haber un control institucional que esté en el Poder Judicial o en el Ministerio Público Fiscal, como estaba antes. Es fuertemente condenable lo que ha pasado con las filtraciones. Es un circuito sumamente peligroso y llegado el momento, si el Poder Judicial no está en condiciones, deberá ir probablemente nuevamente al Ministerio Público Fiscal”.
Con el asesoramiento de una consultora amiga, Lorenzetti organizó la semana pasada una visita con periodistas a la oficina de escuchas, la tenebrosa ex Ojota, ahora revestida de transparencia bajo el nombre de Dajudeco. En busca de despejar sospechas, la recorrida por el edificio de la avenida Los Incas 3800 no tuvo la acogida favorable de otros tiempos: fue tratada con distancia y definida como un tour en los mismos medios que lo hicieron.
Como afirmó Rosatti, lo importante es el control del Congreso, algo que jamás existió. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia es casi un chiste de mal gusto. Fue creada por una ley de la Alianza a fines de 2001 y promulgada por Fernando De la Rúa el 3 de diciembre de ese año, 17 días antes del estallido que lo sacó en helicóptero de la Casa Rosada. Desde entonces, funcionó como la escribanía de los espías y el poder de turno, sin excepciones. Sin presidente a cargo, hoy la integran senadores como Pichetto, Pedro Guastavino y cristinistas como Marcelo Fuentes y los diputados Rodolfo Tahilade o Leopoldo Moreau y el oficialista Daniel Lipovetsky.
La Iniciativa Ciudadana sostiene que la bicameral nunca demostró voluntad de fiscalización., que su integración es siempre favorable al Ejecutivo y que funciona bajo reglas de secreto innecesarias y contraindicadas para este caso. Además, sólo puede controlar las escuchas de inteligencia, no las judiciales, que son el 90% de las que se realizan y no tienen ningún tipo de control. Pero deberían ser controladas por otro organismo o comisión, que no tenga que ver con las actividades de los espías.