X
El secretario Cantón pidió “no dejarse llevar por las encuestas” y Ritondo y Conte Grand desestimaron su aplicación. Mienras, se investiga el asesinato de un militante con un arma de fuego.
Redacción 07/12/2018 9:21

El reglamento para el uso de armas de fuego firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich -con el respaldo del presidente Mauricio Macri- sigue generando una grieta dentro del oficialismo. Mientras aún resuenan las duras expresiones de la diputada Elisa Carrió, en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal se encargó de descartar la aplicación de ese protocolo en su territorio a partir de desenfundar sus principales espadas en la materia, quienes rechazaron este texto, algunos con duros términos, en un escenario donde la Policía Bonaerense se encuentra en el ojo de la tormenta por el asesinato aún no esclarecido de un militante de la CTEP que murió en La Matanza, en el marco de un operativo represivo de la fuerza, a raíz de un disparo de bala de plomo.

Quien salió al cruce de este reglamento con mayor énfasis fue el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón. "Da la impresión de que el protocolo planteado por la Nación es un riesgo para todos y se acerca más a lo que dicen las encuestas de opinión sobre la mano dura que a los principios éticos que deben guiar a una sociedad", advirtió.  

En declaraciones a Infobae, el funcionario vidalista, que integra el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que, "en momentos en que hay una polarización social y donde los valores tradicionales retrocedieron ante la aparición de la xenofobia y el antisemitismo, los líderes políticos deberían ser receptivos de los principios éticos y no dejarse llevar por las encuestas". Y resaltó: "El protocolo para las fuerzas de seguridad federales no respeta los principios esgrimidos desde Naciones Unidas, por lo que el uso de las armas de fuego queda diluido y resulta ser vago por lo que genera un peligroso antecedente para la ciudadanía".
 

 

“REGLAMENTACIÓN BASTANTE SIMILAR”. Este jueves por la noche, Vidal rompió su silencio acerca del tema, aunque sin ahondar en una posición concreta, tal como la fijaron sus funcionarios. En declaraciones a TN, sostuvo: "Coincidimos como equipo en que hay que darle todas las herramientas a la Policía para hacer cumplir la ley. El Gobierno nacional ha decidido sacar este protocolo porque tiene cuatro fuerzas, porque no tiene un marco legal claro. En el caso de la Provincia, ya tenemos una ley que está vigente desde 2006 y que define claramente cómo tiene que actuar la Policía en el uso de armas de fuego, con una reglamentación bastante similar a lo que ha hecho la ministra Bullrich".

 

Cantón ya había arremetido recientemente en su cuenta de Twitter contra las declaraciones de Bullrich en las que la ministra afirmó: "El que quiere estar armado que ande armado. Argentina es un país libre". El titular de Derechos Humanos bonaerense replicó: “La libertad que quiere la enorme mayoría de los argentinos es caminar por la calle sin portar armas. El monopolio del uso legítimo de la fuerza debe ser del Estado”.
 


Con mayor moderación, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, también se mostró esquivo a la aplicación del protocolo Bullrich en su jurisdicción: "Desde el gobierno bonaerense consideramos que el policía tiene que tener todas las herramientas para hacer cumplir la ley, pero no todas las policías son iguales. En este caso, el Gobierno nacional considera que debía unificar el criterio de acción de las fuerzas federales y por ello instrumenta este nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego", dijo a Infobae.

Por su parte, el ex secretario de Legal y Técnica de Vidal y actual procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, rechazó: "La Provincia no está en condiciones de asumir un protocolo de esta naturaleza hasta que tenga realmente capacitadas las fuerzas", señaló para argumentar que, "si no, estamos ante un riesgo muy grande".

El aspecto donde pone énfasis Conte Grand bien puede desprenderse de lo sucedido semanas atrás en Villa Celina, distrito de La Matanza, cuando un conflicto de tierras derivó en un accionar represivo de la Policía bonaerense. En ese marco, se produjo el homicidio de Rodolfo “Ronald” Orellana, un militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
 


Apenas conocido el hecho, familiares y la organización en la que militaba Orellana denunciaron que la víctima “fue fusilada por la Policía” a partir de un disparo con bala de plomo. Sin embargo, en el Ministerio de Seguridad aludieron a un “informe médico” que determinó que “no se observa proyectil alojado”, que “no hay orificio de salida” y que “no fue una bala”.

Pero horas más tarde Conte Grand confirmó que el hombre murió por el impacto de una bala de plomo que ingresó por su espalda, a la altura del omóplato, y salió por su cara, echando así por tierra la versión de la cartera conducida por Ritondo. La responsabilidad del hecho aún no está esclarecida, aunque las organizaciones sociales no dudan en atribuir el disparo a “una policía con uniforme de la Bonaerense rubia que disparó”.

Con la muerte en La Matanza sin esclarecer, vidalistas rechazan el protocolo Bullrich

El secretario Cantón pidió “no dejarse llevar por las encuestas” y Ritondo y Conte Grand desestimaron su aplicación. Mienras, se investiga el asesinato de un militante con un arma de fuego.

El reglamento para el uso de armas de fuego firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich -con el respaldo del presidente Mauricio Macri- sigue generando una grieta dentro del oficialismo. Mientras aún resuenan las duras expresiones de la diputada Elisa Carrió, en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal se encargó de descartar la aplicación de ese protocolo en su territorio a partir de desenfundar sus principales espadas en la materia, quienes rechazaron este texto, algunos con duros términos, en un escenario donde la Policía Bonaerense se encuentra en el ojo de la tormenta por el asesinato aún no esclarecido de un militante de la CTEP que murió en La Matanza, en el marco de un operativo represivo de la fuerza, a raíz de un disparo de bala de plomo.

Quien salió al cruce de este reglamento con mayor énfasis fue el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón. "Da la impresión de que el protocolo planteado por la Nación es un riesgo para todos y se acerca más a lo que dicen las encuestas de opinión sobre la mano dura que a los principios éticos que deben guiar a una sociedad", advirtió.  

En declaraciones a Infobae, el funcionario vidalista, que integra el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que, "en momentos en que hay una polarización social y donde los valores tradicionales retrocedieron ante la aparición de la xenofobia y el antisemitismo, los líderes políticos deberían ser receptivos de los principios éticos y no dejarse llevar por las encuestas". Y resaltó: "El protocolo para las fuerzas de seguridad federales no respeta los principios esgrimidos desde Naciones Unidas, por lo que el uso de las armas de fuego queda diluido y resulta ser vago por lo que genera un peligroso antecedente para la ciudadanía".
 

 

“REGLAMENTACIÓN BASTANTE SIMILAR”. Este jueves por la noche, Vidal rompió su silencio acerca del tema, aunque sin ahondar en una posición concreta, tal como la fijaron sus funcionarios. En declaraciones a TN, sostuvo: "Coincidimos como equipo en que hay que darle todas las herramientas a la Policía para hacer cumplir la ley. El Gobierno nacional ha decidido sacar este protocolo porque tiene cuatro fuerzas, porque no tiene un marco legal claro. En el caso de la Provincia, ya tenemos una ley que está vigente desde 2006 y que define claramente cómo tiene que actuar la Policía en el uso de armas de fuego, con una reglamentación bastante similar a lo que ha hecho la ministra Bullrich".

 

Cantón ya había arremetido recientemente en su cuenta de Twitter contra las declaraciones de Bullrich en las que la ministra afirmó: "El que quiere estar armado que ande armado. Argentina es un país libre". El titular de Derechos Humanos bonaerense replicó: “La libertad que quiere la enorme mayoría de los argentinos es caminar por la calle sin portar armas. El monopolio del uso legítimo de la fuerza debe ser del Estado”.
 


Con mayor moderación, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, también se mostró esquivo a la aplicación del protocolo Bullrich en su jurisdicción: "Desde el gobierno bonaerense consideramos que el policía tiene que tener todas las herramientas para hacer cumplir la ley, pero no todas las policías son iguales. En este caso, el Gobierno nacional considera que debía unificar el criterio de acción de las fuerzas federales y por ello instrumenta este nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego", dijo a Infobae.

Por su parte, el ex secretario de Legal y Técnica de Vidal y actual procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, rechazó: "La Provincia no está en condiciones de asumir un protocolo de esta naturaleza hasta que tenga realmente capacitadas las fuerzas", señaló para argumentar que, "si no, estamos ante un riesgo muy grande".

El aspecto donde pone énfasis Conte Grand bien puede desprenderse de lo sucedido semanas atrás en Villa Celina, distrito de La Matanza, cuando un conflicto de tierras derivó en un accionar represivo de la Policía bonaerense. En ese marco, se produjo el homicidio de Rodolfo “Ronald” Orellana, un militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
 


Apenas conocido el hecho, familiares y la organización en la que militaba Orellana denunciaron que la víctima “fue fusilada por la Policía” a partir de un disparo con bala de plomo. Sin embargo, en el Ministerio de Seguridad aludieron a un “informe médico” que determinó que “no se observa proyectil alojado”, que “no hay orificio de salida” y que “no fue una bala”.

Pero horas más tarde Conte Grand confirmó que el hombre murió por el impacto de una bala de plomo que ingresó por su espalda, a la altura del omóplato, y salió por su cara, echando así por tierra la versión de la cartera conducida por Ritondo. La responsabilidad del hecho aún no está esclarecida, aunque las organizaciones sociales no dudan en atribuir el disparo a “una policía con uniforme de la Bonaerense rubia que disparó”.