El jefe comunal de Morón, Ramiro Tagliaferro, respaldó la decisión del Gobierno de endurecer las políticas de seguridad con los extranjeros que comentan algún tipo de delito en Argentina al solicitar que se expulse del país a un ciudadano peruano, femicida de una joven de El Palomar.
“Mis condolencias a familiares y amigos de Ailén Decuzzi, asesinada por el cobarde femicida peruano Félix Bazalar. Espero que la Justicia le aplique la máxima pena posible y expulse a este asesino de nuestro país”, tuiteó el intendente de Morón tras el hallazgo del cuerpo de la joven en una pensión de El Palomar, golpeada y estrangulada por su novio.
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Su pedido está en línea con la posición del Gobierno y con el eje de trabajo que viene desarrollando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tendiente a endurecer las políticas de seguridad con los extranjeros que tengan antecedentes penales en sus países de origen o cometan algún tipo de delito en el territorio nacional.
“Los que quieran venir a la Argentina tienen que hacer un aporte para volver a la línea fundacional de nuestro país”, dijo la ministra en noviembre pasado luego de manifestar que “el que quiera andar armado que ande armado”. “Todo extranjero que tiene antecedentes, si tenemos las bases de datos por acuerdos con sus países, es parado en la frontera. Algunos son expulsados del país cuando cometen delitos. Hoy las fuerzas que están en la frontera no dejan entrar a muchas personas que no reúnen las condiciones adecuadas”, agregó en una entrevista concedida a La Nación.
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La solicitud de Tagliaferro llega luego de una importante polémica en torno al pedido de deportación de los extranjeros que fueron detenidos durante los incidentes en Plaza Congreso cuando en la Cámara de Diputados se debatía el Presupuesto 2019. En ese momento, la mirada se puso sobre dos venezolanos, un paraguayo y un turco, quienes fueron encarcelados tras la represión en las inmediaciones del Congreso.
El tema vuelve a escena tras la reglamentación del protocolo conocido como Chocobar que habilita a los policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad a disparar armas de fuego a presuntos delincuentes en fuga e incluso permite su manipulación contra una persona que se presume cometió un delito y no está armada.