La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le puso fin a la polémica por el decreto firmado por Mauricio Macri para deportar extranjeros y decidió declarar inconstitucional la medida que modifica la ley de migraciones.
En concreto, la Cámara dio lugar al amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y el Colectivo por la Diversidad para frenar la medida aplicada en enero de 2017.
Los jueces consideraron que el decreto “no sólo constituye una apropiación de facultades legislativas sin causa constitucional que la legitime, sino que también recoge en su articulado soluciones que son incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos que forman parte de las condiciones de vigencia de los instrumentos internacionales en la materia”.
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Respecto al argumento del gobierno de que una supuesta “emergencia en seguridad” justificaba la reforma de la ley de migraciones, los magistrados sostuvieron que “el decreto no expone razones válidas -dadas las deficiencias que presenta en el análisis de las estadísticas- para sostener la necesidad inmediata de modificar la ley eludiendo la participación del Congreso mediante el procedimiento legislativo ordinario.”
Según el fallo, el decreto “establece una serie de restricciones al derecho al debido proceso que no se compadecen con los fines que declara perseguir la norma”.
“Además de los defectos en la fundamentación del estado de necesidad para su dictado (y que por sí solos determinan su invalidez), se advierte que las medidas que constituyen el objeto del acto no guardan proporcionalidad ni razonabilidad con los fines que se pretende alcanzar, pues, a partir de la vinculación que se arguye entre criminalidad y migrantes, se establece un mecanismo sumarísimo de expulsión aplicable a cualquier extranjero, sin consideración a sus circunstancias personales, tenga o no antecedentes penales”, se aclara en el fallo.
La Cámara observó que “el colectivo al que se refieren estas modificaciones de la ley migratoria, constituye un grupo vulnerable, en situación de inferioridad en cuanto al ejercicio real y efectivo de sus derechos”.
En ese sentido, los jueces resaltaron que el DNU firmado por la Casa Rosada “no hace más que perpetuar esta situación de sometimiento, respecto de todos los migrantes, ya que no se limita a los casos de quienes tienen antecedentes penales o específicamente a quienes poseen antecedentes penales por infracciones a la Ley de Estupefacientes”.