“Se acabaron los vivos, los laboratorios nos subestimaron”, dijo el titular del PAMI, Sergio Cassinotti, un rato después del acto en el que junto al presidente Mauricio Macri se cerró el nuevo acuerdo de provisión de remedios para jubilados. En medio de las diferencias y desconfianzas de Macri con el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, Cassinotti fue el elegido para comandar el golpe final al sector de producción de medicamentos. Un plan que se ideó en los años de Mario Quintana en la Jefatura de Gabinete y que se consumó no sólo con los diálogos de este funcionario y el Presidente, sino en la prédica constante de Elisa Carrió, enemiga manifiesta de los popes de la cámara de laboratorios nacionales CILFA.
Semejante movida esconde temas críticos: una posible crisis económica y financiera en las farmacias pequeñas, que podrían complicarse en plazos de pagos largos, y el consecuente fortalecimiento político de la posición de Farmacity, la firma del fondo Pegasus que el 7 de noviembre tendrá su pelea de fondo para ingresar a la provincia de Buenos Aires en la audiencia pública a la que fue convocada por la Corte Suprema.
Quintana, el ideólogo del plan inicial contra los laboratorios nacionales.
Como otro efecto secundario del plan para cortar la hegemonía y la especulación de los laboratorios con precios, nadie en el sector farmacéutico se explica cómo irán a bajar los precios de los remedios en el mediano plazo, una de las promesas de Macri en la conferencia de prensa que dio en la sede del Laboratorio Pablo Cassará, una pyme de Villa Lugano que es parte de la cámara de cooperativas Cooperala.
Carrió, la segunda espada, denunció penalmente a la cúpula de CILFA por desestabilización.
“Claramente, esto salió de la cabeza de Quintana y (Gustavo) Lopetegui ”, contaron a Letra P fuentes del sector farmacéutico. Pocos se esperaban que la venganza de los laboratorios terminara por consumarse con dudas y riesgos para los que venden el producto. Reniegan de un primer asunto. Hasta el momento, PAMI les venía pagando a 60 o 120 días a los laboratorios, un sector de firmas diversas integrado por más de 150 empresas y algunas firmas grandes, como Roemmers, Bagó o Roche. En el nuevo convenio, que rige desde el 1 de noviembre y tiene el primer vencimiento entre 23 y 24 del mes, cada una de las cinco federaciones de farmacias que manejarán el tema cerró diferentes tiempos de pago. El caso de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la más representativa de las pymes, acordó a priori el pago del 70% de las facturas en los primeros cinco días y el resto en 60 días. Se preguntan en el rubro de dónde sacará PAMI el dinero para pagar en plazos menores, considerando además que el organismo que conduce Cassinotti le adeuda a farmacias y laboratorios más de 2.000 millones de pesos.
No dudan en las farmacias que la embestida contra los laboratorios no contempló el daño que se le podría generar al esquema de pagos de las pymes. La idea que flota en el sector es que un posible debilitamiento de las farmacias de barrio, sin espalda para resistir cortes en la cadena de pago, habilitará el juego para el único player grande, la Farmacity que supo ser de Quintana. “Van a venir como los salvadores y les van a terminar dando el ingreso a la Provincia, que es lo que buscan”. Es que en las farmacias nadie se explica y mucho menos disfruta con la decisión sorpresiva del Ejecutivo.
El malestar de los boticarios está puesto, además, en el desbarajuste del nuevo sistema de información que deberán aplicar las farmacias. Cassinotti lo promocionó como FarmaPAMI, pero no lo maneja el Estado, sino una empresa privada, Praxis S.A.
En este contexto y más allá del daño colateral, el Gobierno decidió ir a fondo en la comunicación de lo que observan como un logro. Puso a casi todo Cambiemos a celebrar la movida en redes, hasta los intendentes del conurbano usaron sus cuentas para contar la novedad. No es casual: cuando a principios de año midieron los efectos de la contienda con los laboratorios percibieron que rinde en la clase media y en los jubilados una guerra dialéctica con un sector que no solo el Gobierno observa como especulador.
