El gobierno local obtuvo una cautelar contra las licitaciones previas al traspaso del complejo al municipio. La provincia advirtió sobre una parálisis en las obras.
Axel Kicillof y Guillermo Montenegro
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, pidió a la Justicia que rechace la medida cautelar presentada por la Municipalidad de General Pueyrredón para impedir el avance del proceso licitatorio en Punta Mogotes. La administración bonaerense argumentó que la iniciativa afectaría el interés público y paralizaría la gestión del complejo costero.
Con la cautelar, el gobierno local alineado con Montenegro busca impedir que tanto la Provincia como la Administración de Punta Mogotes (APM) lleve adelante nuevas licitaciones, adjudicaciones o ejecución de obras hasta que se resuelva el reclamo por el eventual traspaso del complejo al patrimonio municipal. Según el escrito judicial, la comuna quiere que se ordene una prohibición de innovar para impedir el llamado a licitación, la adjudicación y la ejecución de trabajos previstos en el predio. La provincia sostuvo que una resolución favorable al reclamo municipal tendría consecuencias directas sobre el funcionamiento del ente administrador.
En el documento presentado ante la Justicia, la Fiscalía de Estado advirtió que la concesión de la medida solicitada implicaría la paralización de la actividad de la Administración de Punta Mogotes. El organismo sostuvo que esa situación produciría “una grave afectación al interés público”, al impedir la ejecución de políticas y proyectos previstos para el desarrollo del complejo balneario.
La controversia reavivó una discusión que lleva décadas entre la provincia y el municipio respecto de la administración de uno de los principales espacios turísticos de Mar del Plata. El expediente judicial se transformó en un nuevo capítulo de una disputa política e institucional que sumó cuestionamientos cruzados entre dirigentes bonaerenses.
El senador nacional Maximiliano Abad salió al cruce de la postura provincial y defendió la medida cautelar presentada por el municipio. El dirigente radical afirmó que el conflicto podría haberse resuelto hace dos años y responsabilizó al gobernador Kicillof por la escalada judicial.
Abad sostuvo que la administración bonaerense eligió “litigar en lugar de resolver” y consideró que existieron oportunidades para alcanzar un acuerdo político e institucional sin necesidad de llegar a los tribunales. El legislador también respaldó la estrategia impulsada por la municipalidad de General Pueyrredón, al entender que buscó preservar los intereses locales frente a las decisiones adoptadas por la Provincia.
Mientras la causa avanzó en los tribunales marplatenses, el futuro de las licitaciones y de las obras proyectadas en Punta Mogotes quedó sujeto a una definición judicial que podría impactar en la administración de uno de los espacios más emblemáticos de la costa bonaerense.
Abad recordó que el municipio intentó avanzar por vías institucionales para evitar la judicialización del conflicto. “Se realizaron gestiones, contactos y se avanzó con el pago de la deuda. Lo único que estaba en discusión era cómo se concretaba la devolución. La decisión de no resolverlo fue de la provincia. Por eso hoy resulta llamativo que pretendan presentar como un problema ajeno una situación que ellos mismos generaron”, afirmó.
El conflicto por Punta Mogotes tiene antecedentes de larga data. El complejo es administrado por un ente integrado por la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón, pero el municipio reclama desde hace años la transferencia definitiva del predio. En 2024, Axel Kicillof anunció el inicio de ese proceso de traspaso, aunque las diferencias sobre las licitaciones y las obras proyectadas antes de concretar la cesión reabrieron la tensión entre ambas administraciones.
La gestión de Guillermo Montenegro advirtió que se presentó ante la Justicia y puso a disposición los fondos adeudados para que la provincia cobre, junto a la documentación respaldatoria correspondiente. Según indicaron, el gobierno provincial no respondió y continuó un camino judicial que llegó a la Corte, que dio lugar a lo que reclamaba el municipio.
La controversia se intensificó luego de que la Provincia avanzara con un nuevo proceso licitatorio para las unidades turísticas fiscales del complejo. El municipio consideró que esas decisiones condicionan la futura administración local y recurrió a la Justicia para frenar el procedimiento hasta que se concrete el traspaso anunciado por el gobierno bonaerense.