LA ECONOMÍA DE CAMBIEMOS

La pesada herencia de Iguacel (o cómo dejar más deuda en cada función)

La compensación a las empresas por el valor del gas en dólares terminó en la entrega de títulos públicos. El secretario de Energía ya había sido una usina de endeudamiento en Vialidad.

La compensación por el precio dolarizado del gas, que el Gobierno pretendía que fuera afrontado por los usuarios en 24 cuotas con intereses a pesar de que se refería a consumos ya cancelados, derivó, como se sabe, en un escándalo y en una decisión posterior de trasladarles esa carga a todos los argentinos, incluso a los más pobres y a quienes no disfrutan del servicio por red, a través de la emisión de deuda pública. El saldo del episodio expuso, además de las grietas de Cambiemos y de la política energética oficial, una tendencia del secretario de Energía, Javier Iguacel, a dejar nueva deuda para el Estado en cada uno de sus pasos en la administración pública, algo que ya había anticipado en su función anterior como titular de Vialidad Nacional.

 

Tras algún exceso, el funcionario, que fuera hombre de Pluspetrol, un jugador importante del sistema energético local, alegó en su defensa que la ley lo obliga a establecer compensaciones por el costo en dólares del gas que las distribuidoras pagan a las generadoras y, más como un comentarista que como un funcionario con responsabilidades, habló de la conveniencia de reformular ese esquema. Mientras se estudia la pesificación de los contratos, lo que queda en concreto son ganancias a salvo para las compañías y nueva deuda por unos $20.000 millones para todos los argentinos.

 

Por qué hay que pagar en dólares por un producto de consumo esencial y cuyos costos están, en buena medida, en pesos; cuál es la justicia de que surja una deuda nueva sobre consumos ya saldados; por qué no se hacen cargo de parte de aquellos empresas que se han hecho con rentas extraordinarias por la disparada del dólar; si estas se cubrieron o no, como deberían haberlo hecho, en el mercado de dólar futuro; y, sobre todo, por qué la sociedad tiene que pagar una devaluación monstruosa producto de las propias políticas oficiales son dudas que quedaron sin respuesta.

 

Pero lo de Iguacel ya parece un sistema. En efecto, desde su anterior posición en Vialidad Nacional -que abandonó en junio para transformarse en ministro de Energía y, tras la reciente jibarización del gabinete, en secretario del área-, sus acciones también se tradujeron en deuda para todos. Desde allí fue uno de los inspiradores del polémico programa de Participación Público Privada (PPP), que no es otra cosa que deuda encubierta, ya que, conforme el avance de las obras públicas que realicen las empresas concesionarias, el Estado debe entregarles a aquellas títulos de deuda como garantía de repago. Deuda a 15 años por obras para corredores viales por 6.000 millones de dólares, en un primer tramo, a una tasa todavía desconocida pero seguramente muy elevada.

 

Más allá de los cuestionamientos que ha recibido en muchos de los países que lo aplicaron, básicamente por su elevado costo financiero, el esquema PPP se presentó en la Argentina como uno destinado a que las empresas oferentes debieran encargarse de proveer las fuentes de financiamiento y asumieran el riesgo de sus inversiones durante un  período total de repago de 15 años. Su cara visible es el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y su ejecutor en el área vial, la primera que se puso en marcha, fue Iguacel.

 

Dietrich “le vendió” inicialmente la idea a Mauricio Macri, quien la compró pese a las dudas que le expresaron otros ministros, como Rogelio Frigerio. Las estrecheces fiscales, y la necesidad de llegar al equilibrio de las cuentas públicas en el 2019 electoral dejaron, finalmente, al sistema PPP como la única apuesta fuerte del oficialismo para dinamizar la obra pública.

 

Gustavo Reija, director de Mecronomic, recordó en diálogo con Letra P que “el mismo día de apertura de las ofertas para el primer tramo de obras, por unos 6.000 millones de dólares, comenzó la brutal depreciación del peso. A ello se sumó la aparición de la causa de los cuadernos en los que figuraban varias empresas de las que habían resultado ganadoras de proyectos PPP”. Suficiente para que las promesas de financiamiento de las concesionarias se esfumaran y el propio Estado tuviera que salir al ruedo.

 

“A raíz de la causa de los cuadernos, las firmas no podían obtener la financiación requerida por no pasar los estándares de acuerdo a las políticas de compliance de los bancos, y el incremento de las tasas en pesos y en dólares terminó por complicar definitivamente cualquier posibilidad de financiamiento”, añadió el especialista.

 

Ante esto, la reacción oficial pasó por incrementar la burocracia a través de la creación de la Secretaría de Participación Público-Privada en el ámbito del Ministerio de Hacienda, con el objeto de cumplir las funciones asignadas por la ley 27.328 y su decreto reglamentario 118/2017. Y después avanzó con la constitución de un Fondo Fiduciario que permitiera asegurar el acceso de las empresas a los fondos necesarios para la puesta en marcha de las obras, lo que requerirá un capital inicial de 1.200 millones de dólares.

 

“Con esto, el Estado asume parte del riesgo empresario que el sector privado financiero no está dispuesto a asumir. Eso va en contra del espíritu original de la PPP”, explicó Reija.

 

El fideicomiso opera como una valla de protección entre los bancos y las constructoras y se erige en un virtual contratante de empresas a las que encarga los trabajos. Si éstas no cumplen en tiempo y forma, el fideicomiso puede, en teoría, reemplazarlas sin comprometer la totalidad de los fondos previstos. Así, sin financiamiento privado con un riesgo país volando por encima de los 630 puntos básicos, el que terminó haciendo punta fue el Estado, a través del Banco Nación, que anunció que prestaría “entre 200 y 300 millones de dólares en condiciones de mercado”.

 

 

 

Nuevas preguntas. ¿Tiene sentido que el Gobierno asuma la constitución del fideicomiso cuando no se conocen los riesgos potenciales de solvencia de las empresas contratistas, dada su exposición a posibles denuncias? Y de la mano de lo anterior, ¿cuál será el costo final de las obras, cuando ya con un riesgo soberano alto pero todavía sin el caso de los cuadernos entre manos, especialistas calculaban que el costo final de las obras realizadas por el sistema de PPP fuera de tres a cuatro veces superior al que implicaría llevarlas a cabo del modo tradicional?

 

Hoy, con tasas de interés en Estados Unidos del orden del 3% y un riesgo argentino que suma a eso unos 6,5 puntos porcentuales más, el costo financiero del programa PPP pergeñado por Dietrich e Iguacel ascendería a más del 10% anual en dólares, a quince años, por los 6.000 millones de dólares establecidos en los primeros contratos de corredores viales.

 

“En su reciente visita al Parlamento, el ministro Dietrich no pudo precisar el costo final de las obras dado que dos variables clave en el cálculo, como son la tasa de interés del financiamiento y el tipo de cambio, hoy están indeterminadas por el plazo de las obras”, ponderó el economista de Mecronomic.

 

“En una economía que se achica, en la que el Gobierno no ha logrado estabilizar la tasa de inflación y el tipo de cambio, comprometer recursos públicos para reducir riesgo empresario no parece la mejor opción de política, sobre todo con costos inciertos que podrían ser sumamente gravosos en el futuro y constituirse en una nueva hipoteca para el futuro”, cerró.

 

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