El jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó que la negativa del papa Francisco de visitar el país sea por motivos políticos y aclaró que el Sumo Pontífice “no necesita invitación” para venir a la Argentina.
"Nosotros no consideramos que haya ninguna cuestión política respecto a su visita a Argentina", sentenció el funcionario en el marco de la visita de Francisco a Chile y Perú.
En este sentido, consideró que “sería buenísimo” que el Papa visitara el país, aunque dijo que el Gobierno “respeta sus tiempos”. “Es muy importante que esté en la región", analizó en conferencia de prensa tras la primera reunión de Gabinete del año.
"La Argentina es su casa, Argentina es su tierra y él no necesita invitación. Él considerará el mejor momento, la mejor oportunidad para visitarnos", resaltó.
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Este lunes, cuando el avión que traslada al Papa hacia Chile sobrevoló territorio argentino, Francisco envió un telegrama protocolar con un saludo para sus compatriotas, en el que evitó referirse a una posible visita a su tierra natal.
En el escrito, escrito en inglés y dirigido al presidente Mauricio Macri, el Pontífice envió sus "cálidos augurios" y bendición a la Argentina. Lo cierto es que desde la Casa Rosada no pierden las esperanzas de que Francisco visite este año la Argentina.
"Lo que sabemos y hemos reiterado muchas veces es que lo esperamos con el corazón y los brazos abiertos", señaló Peña aunque remarcó que respeta “su proceso de decisión".
En otro orden, durante la conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete se refirió al avance de la Justicia sobre los sindicalistas y calificó de “disparatadas” las acusaciones de “persecución política” de gremialistas.
“Hemos visto varias estrategias de defensa judicial planteando la teoría de la persecución política y creemos que son disparatadas", refutó. Y agregó: "No creemos que haya lugar para eso hoy, eso exige la madurez, especialmente de los que fueron funcionarios públicos para dar las explicaciones del caso”.
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Lo cierto es que en medio de la avanzada de la Justicia contra los dirigentes gremiales, la bancada de diputados de Cambiemos busca poner en agenda un proyecto para limitar los mandatos sindicales.
Peña recomendó tener la "serenidad de saber que está absolutamente garantizado el Estado de Derecho y de legítima defensa". "Los que tienen causas puntuales abiertas deberán dar las explicaciones del caso, y si están tranquilos de que las acusaciones no tienen fundamentos, eso se sabrá", afirmó.
Otro de los anuncios de Peña fue la decisión del Gobierno de avanzar con el despido de cientos de empleados públicos "sobrantes". "Impulsaremos una nueva Ley de Ministerios, que reflejará esa reducción, que no quiero animar un número, pero de mínima va a ser de un 20% de los cargos políticos del Poder Ejecutivo", explicó.
Detalló que la remoción de cargos se aplicará en ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales, principalmente. El jefe de Gabinete consideró que se trata de un "esfuerzo en materia de austeridad" que debería imitarse "en las provincia, en los municipios".
En lo que va del año, ya son 1.177 los empleados cesanteados a lo largo de todo el país. De esa masa crítica, el 40 por ciento de los despedidos provienen del Ministerio de Defensa, que desvinculó a 70 trabajadores de su plantilla e incrementó a 410 el total de trabajadores despedidos de esa cartera.
La Jefatura de Gabinete, en manos de Marcos Peña, echó a 27; Presidencia de la Nación a 28, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a cargo de Miguel De Godoy a 108; el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) a 120; el Ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren a 140; Modernización, en manos de Andrés Ibarra, a 10; Cultura, bajo el control de Pablo Avelluto, a 64; Medio Ambiente, dirigido por Sergio Bergman, a 30; la ANSES a 7; Radio Nacional a 16 y la Televisión Digital Abierta (TDA) pulverizó 180 fuentes de trabajo.