La batalla con las inmobiliarias por la ley de alquileres seguirá en la justicia

La riña entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el Colegio Profesional Inmobiliario por la modificación de la ley de alquileres seguirá en los pasillos de Tribunales: el sello que agrupa a las inmobiliarias denunciará la “inconstitucionalidad” de la normativa que obliga al propietario de un inmueble a abonar en soledad la comisión de alquiler, prohibiendo trasladar esos costos al inquilino, como ocurre actualmente, en los casos en que la propiedad sea destinada para vivienda. En tanto, el Gobierno de la Ciudad ya prepara un escrito de apelación para contrarrestar la embestida.

La iniciativa fue aprobada este jueves con 51 votos positivos y dos abstenciones, tras su paso por la Comisión de Legislación General, donde ya se vislumbraba el apoyo de distintos espacios políticos: PRO, Confianza Pública, Coalición Cívica, el kirchnerismo y los diputados de Martín Lousteau. El texto avanza sobre la Ley N°2340 que regula las condiciones del ejercicio de la profesión de los corredores inmobiliarios y fue sancionada en mayo de 2007, a cinco meses del arribo de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno porteño.

En concreto, la comisión que cobra el corredor por trabajar como intermediario entre el dueño y el inquilino dejará de ser abonada por la persona física que alquila cuando se trate de un inmueble destinado a vivienda. Por ley, quien pagará ese dinero será el propietario del inmueble y la cifra representará el 4,15% del total del contrato. El equivalente a un mes de alquiler. Ese porcentaje es el que establece la normativa vigente pero, según denuncian el Gobierno y los inquilinos, los corredores inmobiliarios cobran ese dinero en dos oportunidades. “Utilizan un sistema de doble ventanilla: le piden la comisión al propietario y al inquilino a la vez. Como no es necesario que ambas partes se conozcan, aprovechan su rol de intermediario y cobran dos veces por un único trabajo”, cuestionan en la gobernación porteña.

Además, la ley establece que los gastos de los informes de gestión que se deben solicitar a organismos oficiales para determinar condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones no pueden ser abonados por quienes alquilan. Con la nueva modificación, esa obligación recae también exclusivamente en el propietario.

Las inmobiliarias se opusieron desde el minuto cero al proyecto y presentaron una modificación propia en la que defendieron el cobro de honorarios y comisión. Según los profesionales agrupados en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCIBA), el cobro de la comisión y los honorarios –así sean pagados por propietario o inquilino- se justifican porque estos profesionales ponen a “disposición del propietario y los interesados” toda una estructura que comprende instalaciones, cartel en la propiedad, folletería, servicios de sistemas de gestión inmobiliaria, publicaciones en distintos portales inmobiliarios o publicaciones en revistas del rubro inmobiliario.

El lobby de las inmobiliarias no surtió efecto y el Gobierno porteño avanzó con la modificación. Mientras tanto, los corredores presionaron por voltear la ley hasta este jueves por la mañana: tras una solicitada publicada en los diarios La Nación y Clarín, sus caras visibles levantaron el perfil y se movilizaron hasta la puerta de Legislatura porteña en señal de protesta.

Puertas adentro, la decisión estaba tomada. Por la mañana, Rodríguez Larreta ordenó votar la modificación sin temor a futuras complicaciones judiciales. El encargado de bajar el mensaje a los legisladores oficialistas fue el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, que se los adelantó en una breve reunión a Carmen Polledo y Francisco Quintana, vicepresidenta primera de la Legislatura y jefe del bloque PRO, respectivamente. El alcalde siguió el “paso a paso” (una de las frases preferidas de Larreta) de la ley. Intervino en su redacción y pidió informes a Lía Rueda, presidenta de la comisión de Vivienda, sobre el avance de la iniciativa en el Parlamento local.

Fue en vano la presencia del presidente del Colegio Profesional Inmobiliario, Héctor D’ Odorico, y del fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Armando Pepe, que recorrían los pasillos del edificio de Perú 130 en busca de explicaciones. “Pedimos más tiempo para negociar y Horacio (Rodríguez Larreta) no nos escucha”, confesó uno de los conocidos empresarios, ofuscado.

La modificación de la ley de corredores inmobiliarios busca beneficiar a los inquilinos. Un universo para nada despreciable: el 35% de los porteños habita una vivienda alquilada. La zona con mayor cantidad de inquilinos es la reconocida como “Eje Rivadavia”, que comprende parte de las comunas 5 y 6, donde reside un voto tradicionalmente relacionado con el radicalismo. Se trata de los barrios en donde Lousteau ha cosechado sus mejores marcas en la Ciudad, a pesar de que el resultado en las PASO del 13 de agosto disminuyó drásticamente a comparación con el ingreso al ballotage del 2015.

En la Jefatura de Gobierno presentan la modificación de la ley de alquileres como un “incentivo” a la clase media. La lectura se amplía cuando se cruzan los números y los barrios en donde mayor cantidad de inquilinos hay en la Ciudad y el objetivo que se trazó Larreta para los comicios generales: tras el 50,13% de Elisa Carrió, trabajará para ampliar esa cifra y busca quitarle apoyo al ex embajador argentino en Estados Unidos, como informó Letra P. Bajo esa lógica, se redoblará el esfuerzo en barrios “radicales” como Caballito, Almagro y Boedo, aunque la líder de la Coalición Cívica ganó holgadamente también en esa zona de la Capital.

El proyecto ingresó a la Legislatura porteña con las firmas de un grupo de diputados oficialistas, pero lo diseñó a sottovoce el titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Ignacio Maquieyra, junto a la asociación civil Inquilinos Agrupados. Maquieyra tomó la iniciativa a pedido de Rodríguez Larreta, que el año pasado recibió varios mensajes de diputados alertándolo sobre la problemática de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, un tema que ocupaba un espacio considerable en los medios de comunicación e incluso se reactivó este año, en el Congreso de la Nación, mediante un proyecto de la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu.  Una vez ingresado el proyecto, la negociación la trabajaron en tándem los legisladores macristas Rueda y Daniel Del Sol, presidentes de la Comisión de Vivienda y Legislación General, respectivamente.

VÍA JUDICIAL. Tras la aprobación, el segundo capítulo de la ley de alquileres se rodará en la justicia capitalina. “Vamos a meter un recurso de amparo el día lunes y luego seguir el tema por la reglamentación”, adelantó Pepe a Radio Ciudad. En la gobernación porteña sabían desde hace días que las inmobiliarias iban a batallar por declarar inconstitucional la modificación de la Ley N°2340. La respuesta oficial recaerá en el IVC, pero también en el Procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa, de extensa trayectoria en litigios y con un papel clave en la estrategia del Gobierno de la Ciudad para cobrar la deuda en Ingresos Brutos de Cristóbal López, aunque el diseño de esa jugada fue propiedad exclusiva de Fabián Rodríguez Simón.

Los corredores inmobiliarios aseguran que la modificación de la ley arrojará como resultado un incremento de los contratos de alquileres. Al quedar obligado el propietario a pagar en soledad los informes de habilitación y la comisión inmobiliaria, ese dinero que hoy ponen los inquilinos se cubriría con un incremento del alquiler. Lo que, entonces, volvería a salir del que busca un lugar para vivir en la ciudad.

“En la Ciudad de Buenos Aires hay siete mil corredores, de los cuales un 95% son unipersonales. Son inmobiliarias que atiende el corredor con su señora y con un hijo que ayuda. Esas inmobiliarias van a tener que cerrar las puertas”, sentenció Armando Pepe en diálogo con Radio Rivadavia. “A la larga el más perjudicado va a ser a quien se pretende proteger, que es el inquilino. Cuando los propietarios tengan que pagar honorario van a subir el valor de los alquileres y lo va a terminar pagando el inquilino”, concluyó.

“Es una hipótesis, no sabemos si los alquileres aumentarán. Pero esa situación la contemplamos con los inquilinos, en las reuniones previas, y nos dijeron que estaban dispuestos a pagar $200 o $300 más por mes que todo junto al inicio del contrato. Esta ley reduce drásticamente los costos de ingreso”, reconoció Maquieyra en diálogo con La Nación.

En la Jefatura de Gobierno admiten que “no alcanza” con la modificación propuesta pero aclaran que “representa un avance”. Al tratarse de una ley que posee más de una década, el oficialismo se planteó una modificación en dos etapas.

En el primer período se buscó prohibir que el inquilino pague la comisión intermediaria en inmuebles destinados a vivienda y, por otra parte, que tampoco abone los informes oficiales. La segunda fase de modificaciones, explicaron fuentes al tanto de la negociación, hará foco en las garantías requeridas y en nuevas líneas de crédito.