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Ley de alquileres, un incentivo de Larreta a la clase media y un gesto a Macri

Quiere aprobar urgente el proyecto para regular las comisiones que pagan los inquilinos. El jefe de Gobierno toma una agenda central en la campaña y, de paso, baja la presión en el Congreso nacional.
Por 17/08/2017 20:37

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dio por terminados los festejos del récord del 50% que acumuló Elisa Carrió en la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno volvió a recorrer los barrios y su administración prepara el “incentivo” que, según sostienen en Vamos Juntos, necesitan para apuntalar y profundizar la llegada a una porción del electorado de clase media que no los acompañó en las PASO del 13 de agosto. Ese incentivo es un proyecto de ley que el PRO quiere aprobado el próximo jueves 24 de agosto y consiste en una modificación de la ley de corredores inmobiliarios que apunta a beneficiar a los inquilinos. Un universo para nada despreciable: el 35% de los porteños habita una vivienda alquilada.

A los créditos para fomentar el acceso a la vivienda a sectores medios, se suma esta modificación que obtuvo despacho parlamentario este miércoles y en la que trabajan en tándem los legisladores macristas Lía Rueda y Daniel Del Sol, presidentes de la Comisión de Vivienda y Legislación General, respectivamente.

El proyecto ingresó a la Legislatura porteña con la firma de Rueda, pero lo diseñó a sottovoce el titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad, Juan Ignacio Maquieyra, junto a la asociación civil Inquilinos Agrupados. Maquieyra tomó la iniciativa a pedido de Rodríguez Larreta, que el año pasado recibió varios mensajes de diputados alertándolo sobre la problemática de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, un tema que ocupaba un espacio considerable en los medios de comunicación e incluso se reactivó este año, en el Congreso de la Nación mediante un reclamo de la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu. El tema se presentó como “ley de alquileres”, pero no existe esa normativa a nivel local. La iniciativa avanza sobre la Ley N°2340 que regula las condiciones del ejercicio de la profesión de los corredores inmobiliarios y fue aprobada en mayo de 2007, a cinco meses del arribo de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.

Con esto Larreta le baja la tensión a un conflicto que empezaba a causar molestia en el bloque de diputados nacionales de Cambiemos, quienes frenaron un proyecto para regular los alquileres mucho más ambicioso que ya cuenta con media sanción del Senado. Este proyecto, además del límite a las comisiones que pueden cobrar las inmobiliarias, establece una fórmula para calcular los aumentos anuales, cruzado por la variación salarial y la inflación, algo que actualmente queda a merced del capricho de la inmobiliaria o de los propios propietarios. Ese expediente, que plantea una reforma al Código Civil y Comercial -lo que le daría alcance nacional- fue cajoneada por el oficialismo en la Cámara de Diputados, evitándole al Gobierno nacional la sanción de una ley que resisten fuertemente el lobby inmobiliario y el de las grandes constructoras, muchas de ellas ligadas directamente al macrismo. Si Larreta consigue regular bajar la demanda en la regulación de alquileres en la Ciudad, controlará buena parte de la presión de las organizaciones de inquilinos -las más potentes radicadas en la Ciudad- y evitarle a la Casa Rosada un dolor de cabeza.

La comisión que cobra el corredor por trabajar como intermediario entre el dueño y el inquilino dejará de ser abonada por la persona física que alquila cuando se trate de un inmueble destinado a vivienda. Por ley, quien pagará ese dinero será el propietario del inmueble y la cifra representará el 4,15% del total del contrato. Ese porcentaje es el que establece la normativa vigente pero, según denuncian el Gobierno y los inquilinos, los corredores inmobiliarios cobran ese dinero en dos oportunidades. “Utilizan un sistema de doble ventanilla: le piden la comisión al propietario y al inquilino a la vez. Como no es necesario que ambas partes se conozcan, aprovechan su rol de intermediario y cobran dos veces por un único trabajo”, cuestionan en la gobernación porteña.

En la actualidad, el inquilino puede llegar a pagar hasta dos o tres meses de alquiler de comisión producto de los abusos de las inmobiliarias. Desde mayo de 2016, un fallo judicial que hizo lugar a un amparo de la asociación Inquilinos Agrupados obligó a los corredores a cobrar un solo mes de comisión a los inquilinos, tal cual establece la normativa vigente, pero antiquísima y que el oficialismo se apresta a modificar para alivianar los costos gastos que tienen quienes alquilan en la Ciudad. Tras esa medida judicial, algunas inmobiliarias buscaron “compensar” esa faltante mediante el esquema de “doble ventanilla”, según explican voceros del Gobierno porteño.

Además, el expediente establece que los gastos de los informes de gestión que se deben solicitar a organismos oficiales para determinar condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones no pueden ser abonados por quienes alquilan. Esa obligación recae también en el propietario.

La modificación aclara que en los locales y oficinas que prestan servicios de corretaje inmobiliario debe haber carteles visibles al público con la leyenda “Se encuentra prohibido cobrar comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes a los inquilinos. Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios será el equivalente al cuatro con quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato”.

Los corredores inmobiliarios rechazan las acusaciones del oficialismo y la oposición y presentaron un proyecto propio con argumentos muy duros contra la gestión de Larreta. Afectados por la modificación, los intermediarios cruzaron al PRO por “pretender solucionar el problema de acceso a la vivienda de los ciudadanos a costas de un sector de la sociedad y desligando de la responsabilidad del Estado tanto de la Ciudad como de la Nación”.

La iniciativa de los corredores defiende el cobro de honorarios y comisión, aunque también reclama que “si el inquilino no dispone de garantía propietaria” se le exigirá un seguro de caución o garantía inmobiliaria emitida por una entidad bancaria, empresa o compañía aseguradora.

A su vez, el expediente crea la Comisión de enlace y administración del Colegio Profesional Inmobiliario dentro del ámbito de la Subsecretaria de Justicia de la Ciudad. Estaría compuesta por dos integrantes nombrados por el Ejecutivo y uno por el Poder Legislativo. La iniciativa, en especial la idea de crear más estructura administrativa en la Ciudad, ni siquiera abrió un marco de negociación, sino que no tuvo apoyo político: ningún legislador accedió a tomar el proyecto. De esa manera, el expediente presentado por los corredores queda como un texto más que ingresó a mesa de entradas, sin carácter ni jerarquía parlamentaria.

Según los corredores agrupados en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCIBA), el cobro de la comisión y los honorarios –así sean pagados por propietario o inquilino- se justifican porque estos profesionales ponen a “disposición del propietario y los interesados” toda una estructura que comprende instalaciones, cartel en la propiedad, folletería, servicios de sistemas de gestión inmobiliaria, publicaciones en distintos portales inmobiliarios o publicaciones en revistas del rubro inmobiliario. “Todavía aún siendo profesionales se abona el 5,5% de alícuota por ingresos brutos en la Ciudad”, cuestionaron furiosos.

Este reclamo fue presentado en público el miércoles por la tarde, en el marco de la reunión de Comisión de Legislación General. El oficialismo corría con el tiempo: el bloque PRO había prometido sancionar el texto antes de fin de mes.

El tándem Rueda – Del Sol, además, contaba con un agravante que aceleraba el compromiso, ya que el propio Rodríguez Larreta anunció el envío de la ley a la Legislatura y se había comprometido públicamente a tenerlo aprobado rápidamente. El encuentro del cuerpo parlamentario corrió riesgo de suspenderse porque el salón reservado del anexo (ubicado sobre Avenida de Mayo) no pudo utilizarse. A riesgo de perder el quórum, el presidente de Legislación General consiguió que le habiliten el salón Eva Perón del edificio de Perú 130 y logró que los diputados, los corredores y las asociaciones de inquilinos cruzaron los más de 100 metros que separan ese anexo de la Legislatura y la sesión pueda concluir en paz y con el proyecto firmado, listo para llegar al recinto.

En la Jefatura de Gobierno admiten que “no alcanza” con la modificación propuesta pero aclaran que “representa un avance”. Al tratarse de una ley que posee más de una década, el oficialismo se planteó una modificación en dos etapas.

En el primer período se buscará prohibir que el inquilino pague la comisión intermediaria en inmuebles destinados a vivienda y, por otra parte, que tampoco abone los informes oficiales. La segunda fase de modificaciones, explicaron fuentes al tanto de la negociación, hará foco en las garantías requeridas y en nuevas líneas de crédito.

SANCIONES. Por su parte, el kirchnerismo sugirió establecer sanciones para quienes incumplan la normativa. El PRO buscará instalar esa discusión a fin de año. Con esa promesa convenció al kirchnerismo y al Partido Justicialista, aunque también cuenta con el apoyo del resto de los bloques opositores. El dictamen de mayoría consiguió las firmas necesarias y el expediente se pondría consideración el jueves 24 de agosto. El oficialismo necesita 31 votos pero calcula que saldrá por unanimidad, a excepción de los tres legisladores enrolados en la izquierda (FIT y Autodeterminación y Libertad) que se inclinarían por la abstención. La diputada del Frente de Izquierda Laura Marrone adelantó la postura y rubricó un despacho de minoría en la reunión de la Comisión de Legislación General del jueves 16 de agosto.

El diputado de Confianza Pública Diego García Vilas sugirió que el expediente establezca que cuando deba renovarse el contrato de alquiler la comisión represente el entre el 1 o el 1,5% del total del contrato suscripto entre las partes. Se trata de una disminución de aproximadamente tres puntos en el valor de la comisión, en concepto de renovación del contrato

Tras ese pedido, el oficialismo se comprometió a “estudiarlo” y los legisladores integrantes de la Comisión de Legislación General pasaron a firmar el despacho oficialista. El bloque de Martín Lousteau no estuvo presente y no lo firmó. Tampoco lo hizo García Vilas, a sabiendas que sus aliados del PRO contaban con los votos para emitir dictamen, situación avalada por los legisladores amarillos. La noticia llegó a los oídos de la legisladora que presentó la ley. Rueda quedó estupefacta por la decisión del hombre que responde a Graciela Ocaña, la candidata a diputada nacional de Cambiemos que representó a la gobernadora María Eugenia Vidal en las PASO.

La titular de Vivienda apostaba a un “apoyo total” a la ley por parte del frente Vamos Juntos, que integran PRO, Coalición Cívica y Confianza Pública en la Ciudad y en la Legislatura se constituyó como interbloque. En la bancada macrista le bajaron el tono a la situación porque saben que el ocañismo respaldará la ley el jueves próximo.

La lucha de los inquilinos en la Ciudad tuvo conocimiento público en 2016 porque el reclamo no sólo llegó a la Legislatura porteña y los despachos del Gobierno porteño, sino que también se sintió en la calle y en los medios de comunicación con campañas y pegatinas de afiches por parte de Inquilinos Agrupados, entre otras asociaciones. “Es un avance enorme más allá de que no resuelve el problema de los inquilinos, porque en un contexto como este sería el único distrito del país en que la comisión paga el propietario”, sostuvo el referente de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz, en diálogo con Letra P. 

“El Gobierno empieza a entender que la política de vivienda que ha tenido no resulta, la política del negocio y crédito y que no resuelva problemas. Intentaron con el alquiler se puede y entendieron que eso iba a volver a ser un fracaso. Insisten en que el mercado tiene que resolver el problema de la vivienda y nosotros insistimos que no va a resolver ni alquiler ni temas más graves. Logra avanzar sobre temas puntuales para los sectores medios pero hay deficiencia muy grande en la oposición”, cuestionó, tras destacar la iniciativa en la reunión de Legislación General.

El proyecto que promueve el oficialismo, tras un anuncio público de Rodríguez Larreta, se desprende del reclamo de inquilinos, pero también se trabajó para "complementar" las iniciativas de otros legisladores de la oposición, como el legislador del Partido Socialista Auténtico Adrián Camps, los peronistas María Rosa Muiños y Claudio Palmeyro, los kirchneristas María Magdalena Tiesso y Javier Andrade. Por el oficialismo, Rueda presentó el texto y se repartió con Del Sol la negociación con la oposición para que la ley avance. No obstante, el expediente fue redactado con Maquieyra, que también propuso que el IVC ofrezca un registro de incumplimientos inmobiliarios para que los inquilinos puedan denunciar abusos o problemas con alquileres.

Según datos de Inquilinos Agrupados, el porcentaje de inquilinos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del 35%. En Rosario la cifra es del 30% y en la ciudad de Córdoba del 27%.  Las comunas que mayor cantidad de inquilinos tienen en CABA son la N°5 (Boedo y Almagro) y la 6 (Caballito).