El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, enterró este miércoles las especulaciones en torno a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y ratificó que el Gobierno no la removerá por la vía del decreto, tal como había trascendido en los últimos días. La posición de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a operar fuerte en la estrategia de Cambiemos, que desde el primer momento buscó apartar a la jefa de los fiscales, investigada por la Justicia.
“Descarto que se utilice el decreto. En eso coincido con la diputada Carrió y es la posición del Gobierno”, ratificó Garavano en diálogo con radio Mitre, luego de que la diputada asegurara, ante las versiones, que “debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó”, cuya designación al frente del Ministerio Público Fiscal fue impugnada por la CC.
El fiscal federal Eduardo Taiano reclamó este martes citar a declaración indagatoria a Gils Carbó por presunto fraude a la administración pública, cohecho y tráfico de influencias, a raíz del supuesto direccionamiento de la licitación y pago de sobornos para la compra del edificio en el que funciona el organismo. La procuradora pidió ser sobreseída.
“Es un hecho que muestra una crisis que yo no recuerdo que haya sucedido nunca en nuestro país”, observó Garavano, y denunció que “Gils Carbó corre el eje de la imputación grave que le hace el fiscal y de las explicaciones que tiene que dar en relación a esta imputación gravísima que un subordinado de ella realiza hacia una eventual destitución”.
En ese sentido, el funcionario enfatizó que “lo primero que tenemos que discutir es la situación irregular de una procuradora que está imputada por un propio fiscal por un hecho gravísimo de corrupción”.
Sin embargo, más allá de esperar la evolución de la causa en la Justicia, Garavano consideró que “hoy la pelota la tiene el Congreso”, ya que “el mecanismo (para remover a la jefa de los fiscales) es el juicio político, y sino la reforma de la ley, que es lo que en su momento planteamos”.
“El Congreso va a tener que dar una respuesta. Hay una comisión bicameral que preside la diputada (Graciela) Camaño que está investigando todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público; está la Comisión de Juicio Político; y hay un proyecto que puede ser tratado. Por lo tanto, hoy la pelota la tiene el Congreso”, explicó.
En efecto, el 18 de octubre del año pasado, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto de reforma integral de la Ley de Ministerio Público Fiscal, cuyo corazón era limitar el mandato del procurador general a cinco años, ya que hoy el cargo es vitalicio.
Esa propuesta de ley fue enviada por el Poder Ejecutivo y, tras un trabajoso debate, Cambiemos consiguió acordar la letra chica con el Frente Renovador de Sergio Massa, que garantizaba sus votos para la aprobación de la ley en la Cámara baja. Sin embargo, a tan sólo pocas horas de la sesión convocada para tratar la iniciativa, Carrió tildó el proyecto de “inconstitucional” y Cambiemos tuvo que bajarlo.
Ya en ese entonces, Carrió clamaba por la destitución de Gils Carbó vía juicio político, un proceso que el oficialismo nunca pudo activar en el Congreso por una sencilla razón: se necesitan los votos de dos tercios de los presentes tanto en Diputados como el Senado, para primero formular la acusación y, en una segunda instancia, juzgar al involucrado.
El Parlamento sí avanzó, en cambio, con la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, donde Cambiemos cedió la presidencia a Camaño, jefa del bloque massista. El cuerpo se constituyó por primera vez el año pasado y en las últimas semanas recibió a numerosos fiscales que expusieron sobre los manejos de la procuradora.
