Avanzada del Gobierno

El oficialismo no descarta “para nada” remover a Gils Carbó por decreto

Lo sugirió Pablo Tonelli, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados. Afirmó que ya hay un antecedente. La procuradora denunció “un armado en los medios” para correrla del cargo.

En la última batalla política que el Gobierno quiere librar antes de las PASO, el intento de remover a la procuradora general Alejandra Gils Carbó por la vía del decreto se hace sentir cada vez más fuerte en boca de propios representantes de Cambiemos. Este martes fue el macrista Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, quien no descartó “para nada” esa posibilidad, luego de que la jefa de los fiscales denunciara “un armado en los medios” para correrla del cargo.

 

 

“No lo descarto para nada”, fue la respuesta de Tonelli al ser consultado en radio Blue sobre si el presidente Mauricio Macri podría recurrir a un decreto para apartar a Gils Carbó, tal como trascendió en los últimos días. La avanzada del Gobierno contra la procuradora, designada en 2012, tiene como eje su vínculo con la gestión anterior y supuestas irregularidades cometidas en la designación y traslado de fiscales. A ello se sumó el inminente llamado a indagatoria por parte del fiscal Eduardo Taiano en la causa donde se investiga la compra de un edificio de la Procuración.

 

Tonelli resaltó que el Gobierno “expresó desde el primer momento su deseo de que Gils Carbó deje de ser la procuradora” porque la consideran “absolutamente parcial, carente de idoneidad, que orienta las investigaciones para favorecer a sus amigos y perjudicar a sus adversarios”. Además, explicó que no es necesario recurrir al juicio político para la destitución porque, según su análisis, la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece ese proceso es “inconstitucional”.

 

“El mecanismo de juicio político para remover al procurador General de la Nación está previsto en la ley orgánica de la propia Procuración. Pero hay jurisprudencia de la Corte Suprema sobre que ese procedimiento sólo lo puede establecer la Constitución, y si eso no ocurre, el hecho de que lo establezca la ley es inconstitucional y no sería aplicable”, razonó el diputado del PRO.

 

Además, Tonelli mencionó que existe un antecedente que ampara su postura: el del ex titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas entre 1984 y 1991, Ricardo Molinas, que fue destituido por el ex presidente Carlos Menem en febrero de ese último año.

 

CORTOCIRCUITO. El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, le bajó el tono a la posibilidad del decreto y abogó por un proceso de juicio político para remover a Gils Carbó, al sostener que “existen causales” para que la jefa de los fiscales “sea destituida” con “el procedimiento que establece la Constitución”.

 

“No conozco que haya una decisión de hacerlo” por decreto, indicó Pérez en diálogo con radio Cooperativa, y agregó que “es una procuradora que tiene múltiples causas que no han sido impulsadas por el Ministerio Público Fiscal y que tienen que ver con corrupción, que constituyen causales de mal desempeño” para destituirla desde el Congreso.

 

De todos modos, reconoció que “es muy difícil tener los votos en Diputados” para impulsar el juicio político, y añadió que también “hay una dificultad en la Cámara sancionadora, que es el Senado”. En efecto, en ambos casos la Constitución exige los votos de los dos tercios de los legisladores presentes, un número que Cambiemos está lejos de alcanzar sin el apoyo mayoritario de la oposición.

 

LA DEFENSA DE GILS CARBÓ. En una entrevista concedida al diario El Cronista Comercial, la procuradora denunció un “armado de los medios” de prensa para forzarla a renunciar y presiones públicas para alejarla de su cargo, aunque sentenció: “Nunca he cedido a las presiones ni voy a renunciar”.

 

Gila Carbó reiteró que “sería un acto totalmente inválido” el llamado a indagatoria en la causa por la supuesta adquisición irregular de un edificio, y adelantó que podría recurrir a “acciones judiciales” porque no puede “acatar un acto de invalidez que expondría a los fiscales a que fueran destituidos por decreto”.

 

“Veo las presiones públicas. Los fiscales generalmente recibimos presiones públicas y también privadas. Las privadas las desconozco. Se ve el armado de medios. Y eso lo conocemos todos los fiscales. Lo que lo protege a uno es hacer lo correcto. Nunca he cedido a las presiones ni voy a ceder en este momento. No voy a renunciar”, insistió la procuradora.

 

Gils Carbó alertó sobre las “distintas estrategias” para desplazarla: “Primero intentaron hacerme renunciar por los medios. Después, (con) la reforma de la Ley del Ministerio Público. Fracasado ese proyecto, y no habiendo causales para un juicio político, van por la comisión bicameral, pretendiendo acorralarme por los traslados de fiscales”, enumeró.

 

“El Presidente dice que quiere que se vaya Gils Carbó para poner a un hombre de su confianza. ¿Con qué autonomía investigarían los fiscales desde Correo Argentino hasta Los Sauces, desde Avianca hasta la denuncia de (Alberto) Nisman?”, se preguntó, y finalizó: “No ha habido ni un solo fiscal en mis cinco años de procuradora que haya salido a decir, y vaya si buscaron, que yo le ordené obstruir o torcer una investigación”.

 

 

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