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Rechazo docente al censo de Finocchiaro: “Se impone autoritariamente”

En Suteba, etiquetaron el relevamiento de matrícula como “un instrumento más de burocratización”. Afirman que mucha información ya está registrada y que significa “una sobrecarga laboral”.

Al advertir que “burocratiza el trabajo docente y no fortalece la educación de calidad”, el Suteba rechazó la realización del censo provincial de matrícula 2017, dispuesto por la cartera educativa bonaerense a cargo de Alejandro Finocchiaro, relevamiento que demandará más de $4 millones y que tendrá como objetivo “la nominalización de los alumnos y de las demandas respecto de los servicios de transporte y comedor”. Para esto, los equipos de conducción de las escuelas están siendo notificados para llevar adelante su ejecución en todo el territorio bonaerense.

 

“Se impone autoritariamente”, refutó el gremio conducido por Roberto Baradel para detallar que el censo se presenta como una definición de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), “en la cual no se da ninguna argumentación del sentido del trabajo al que se convoca, ni se explicitan los objetivos del relevamiento. De ese modo se transforma en un instrumento más de burocratización de la tarea docente, que no fortalece la construcción de educación de calidad”.

 

En esa línea, se cuestionó que se pretenda que el cumplimiento del censo “sea acatado disciplinadamente, bajo apercibimiento”. Al respecto, citaron el fragmento del anexo de la resolución correspondiente que señala: "En cumplimiento de sus funciones, los censistas designados deberán contar con la plena colaboración de los titulares de cada establecimiento, quienes deberán impartir las instrucciones que sean menester bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones correspondientes".

 

Al observarse que el relevamiento “plantea unos plazos perentorios y de corto tiempo para la confección de las planillas”, Suteba advirtió que en las mismas se solicita “una vez más información sobre los/as estudiantes, la que en su mayoría ya está relevada por la DGCyE en la cédula escolar, la misma que confeccionan y actualizan los secretarios de cada establecimiento en cada ciclo lectivo. Además tampoco se aclara si la información relevada será pública o no, ya que se requiere nominalización de los estudiantes de toda la institución”.

 

En tanto, se remarcó que esta solicitud “significa una sobrecarga laboral para los docentes con estudiantes a cargo, que por la razón antedicha no tiene sentido alguno, dado que la DGCyE ya cuenta con la información”.

 

Sobre el modo en que los estudiantes se trasladan entre la escuela y sus hogares, en Suteba reconocieron que es una solicitud realizada por primera vez pero que “podría perfectamente relevarse agregando un ítem a la cédula escolar y actualizarlo en un plazo adecuado que no signifique ningún estrés institucional agregado a la ya compleja vida de nuestras escuelas”.

 

“Estamos de acuerdo con el relevamiento y actualización periódica de la información necesaria para avanzar en una planificación de políticas públicas y financiamiento, los que deben destinarse prioritariamente para que niños/as y jóvenes, que asisten a las escuelas de todo el territorio bonaerense, tengan garantizado el derecho a la educación en condiciones dignas. Asimismo se destinen al cumplimiento integral de todos los derechos de docentes y estudiantes”, remarcaron.

 

No obstante, se subrayó: “No acordamos con que ahora se destinen fondos especiales ($4.009.000) que faltan en las escuelas para que funcionen en condiciones dignas. Ni estamos de acuerdo que su destino sea para realizar un relevamiento que reduplica esfuerzos que ya se hicieron y que implica una sobrecarga laboral para los docentes y equipos directivos. Un censo que sin tener un objetivo clarificado se impone autoritariamente, atenta contra la democratización de la educación”.

 

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro
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