Luego de Pergamino, buscan profundizar monitoreos en cárceles bonaerenses
Se realizó un acuerdo en este sentido entre la Defensoría del Pueblo y la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos. Se evaluará “la calidad de vida de los internos”.
Luego de la tragedia ocurrida en una comisaría de Pergamino, donde fallecieron siete detenidos, diversos organismos volvieron a poner la lupa sobre el sistema penitenciario provincial. Bajo este escenario, la Defensoría del Pueblo y la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos bonaerense acordaron la articulación de políticas institucionales que tiendan a profundizar y elevar los estándares de eficiencia de los monitoreos que se realizan en unidades penitenciarias.
Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P.
Así lo acordaron el Defensor del Pueblo Adjunto de Derechos Humanos y Usuarios de Servicios de Salud, Marcelo Honores, y el subsecretario de Protección de DD.HH. bonaerense, Sebastián Pereiro.
Durante el encuentro, Honores y Pereiro hicieron un diagnóstico sobre la situación en que se encuentran las unidades penitenciarias de la Provincia, bajo una estricta perspectiva de derechos humanos que, en definitiva, evalúa “la condición y calidad de vida de los internos”, en las 54 cárceles bonaerenses y también en las 150 dependencias policiales a donde se alojan detenidos.
Además de coincidir en la necesidad de articular acciones conjuntas entre la Defensoría y la subsecretaría, los funcionarios pusieron el acento en intercambiar y profundizar la información que surja de los monitoreos que ambas instituciones llevan adelante en las diferentes cárceles.
Vale recordar que, días atrás, siete internos que estaban alojados en la comisaría 1ª de Pergamino murieron el jueves por la tarde en un incendio que se originó producto de la quema de colchones tras una pelea entre reclusos.
Tras los hechos, el intendente aseguró que la comisaría no estaba superpoblada, mientras que el Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó a dos miembros de la policía que estaban de guardia. Desde el Frente Renovador y la Comisión por la Memoria señalaron a Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari como los responsables políticos de lo sucedido.
