Además, Piedrabuena embargó al teniente general por un millón de pesos y le dictó la falta de mérito en la causa iniciada por Verónica Matta, quien había denunciado su secuestro en La Rioja durante la última dictadura militar.
Por su parte, Viviana Reynoso, abogada querellante, confirmó que el auto de procesamiento “comprende el hecho uno y hecho dos, que está referido a la privación ilegal de la libertad, el allanamiento ilegal y los tormentos de Pedro Adán Olivera y su hijo Alfredo Olivera”.
La resolución de Piedrabuena también alcanza a otros imputados, como el ex juez federal Roberto Catalán, ya condenado en una megacausa por la comisión de delitos de lesa humanidad.
Reynoso afirmó que la resolución judicial “es una pieza bastante extensa en la que se hace un análisis interesante de lo que ha sido el terrorismo de Estado en La Rioja, que no arranca en el año 1976 con el golpe de Estado, sino que se remonta a 1975 y aún antes”.
“Hay muchísimas pruebas no sólo testimoniales, sino también documentales, que dan cuenta no sólo de la existencia del hecho sino también de la participación de todos los imputados” ahora procesados por la causa Olivera, agregó la letrada.
El pasado 17 de febrero, Milani quedó detenido en La Rioja tras declarar en la causa que investiga los secuestros de Olivera y de su hijo, en marzo de 1977; allí se lo acusó de estar presuntamente involucrado cuando era un joven oficial del Batallón 141 de Ingenieros de esa ciudad.
Un mes después, Milani fue trasladado desde La Rioja hasta el penal de Ezeiza, luego de que la Justicia hiciera lugar a un pedido de su defensa para que estuviera alojado en un centro carcelario, para poder estar cerca de su familia.
En marzo de 1977, Olivera fue secuestrado en su casa y permaneció desaparecido durante dos días, en los que dijo haber sido torturado, y luego lo liberaron en la puerta de su casa y se llevaron a su hijo, Ramón Olivera, quien corrió la misma suerte durante diez días.