El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV) elevó este lunes a la Organización de Estados Americanos (OEA) una impugnación a la candidatura como comisionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Carlos Horacio de Casas, designado por el Poder Ejecutivo pese a su pasado como abogado defensor del represor Enrique Blas Gómez Saa, ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, quien, gracias al trabajo de De Casas, logró la inimputabilidad por cuestiones mentales en una causa por secuestros y torturas durante la última dictadura cívico militar, tramitada en Mendoza.
Además, una nota de similar contenido fue presentada por los legisladores opositores en la Casa Rosada. La misiva, en la que reclaman que el Gobierno retire la candidatura de De Casas, llegó a la Secretaría General de la Presidencia.
Esta presentación se suma a la que prepara un grupo de organismos de Derechos Humanos, que busca impedir que la postulación sea ratificada en la Asamblea General de la OEA, en junio próximo.
La carta del FPV, a la que accedió Letra P, fue elaborada por la diputada Diana Conti y lleva las firmas, además, de Héctor Recalde, Teresa García, Juan Manuel Pedrini, Luana Volnovich, Matías Rodríguez, Gabriela Estévez, Mauricio Gómez Bull, María Cristina Britez, Rodolfo Tailhade, Mayra Mendoza y Andrés Larroque. Y hace hincapié en dos aspectos de la nominación de De Casas. Por un lado, su falta de idoneidad en materia de Derechos Humanos. “Se ha dedicado primordialmente al derecho empresarial”, se aclara. Por el otro, al trabajo de este letrado, miembro del Opus Dei y ligado históricamente a la UCR mendocina –su hijo fue jefe de asesores del ex senador Ernesto Sanz, socio fundador de la alianza Cambiemos- como defensor de un violento y orgulloso torturador.
En el escrito dirigido al secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, se contextualiza la situación partiendo de la condición jurídica y a las funciones de la CIDH. “La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la Comisión Interamericana debe estar compuesta por ´personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos´ (art. 34)”, aclara la carta de los legisladores kirchneristas. Y sigue: “Esta exigencia no es arbitraria, sino que responde a la función primordial que se asigna a la CIDH: promover la observancia y la defensa de los derechos humanos (art. 41). Sin embargo, el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional de nuestro país no cumple con estos requisitos”.
“De Casas carece de trayectoria en la materia –continúa la impugnación-. Su formación y antecedentes laborales demuestran que no cuenta con capacitación ni experiencia en la defensa de los derechos humanos. Se ha dedicado primordialmente al derecho empresarial, actuando también como abogado defensor en causas penales por otro tipo de delitos. Así, es evidente que la´reconocida versación en materia de derechos humanos que exige la Convención Americana no se encuentra satisfecha en lo más mínimo”.
Inmediatamente se apunta a su labor en causas por delitos de lesa humanidad: “A la ausencia de una trayectoria en la defensa de los derechos humanos en la región debe sumarse el hecho de que De Casas se ha desempeñado como defensor de un acusado por crímenes de lesa humanidad. En efecto, De Casas ha defendido al represor Enrique Blas Gómez Saa, actualmente impune por razones de salud. Gómez Saa fue integrante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña y tiene pendiente un juicio oral por privaciones abusivas de la libertad y torturas cometidas entre 1976 y 1978 contra tres víctimas: Oscar Martín Guidone (estudiante), Martín Ignacio Lecea y Roberto Edmundo Vélez (militantes del Partido Comunista)”.
Pero no es sólo su trabajo como defensor de Gómez Saa lo que lo ubica en un lugar complicado a la hora de ser nombrado nada menos que en la CIDH, sino las herramientas que utilizó en esa tarea. “Ha trascendido públicamente que en su actividad como litigante -dice la carta dirigida a la OEA- De Casas objetó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Esto resulta flagrantemente opuesto a la postura que ha sentado el sistema interamericano de derechos humanos, tanto a través de la Corte Interamericana (“Almonacid Arellano vs. Chile”) como a través de la Comisión (caso Julia Gomes Lund y otros, “Guerrilha do Araguaia”)”.
“La discusión no debe girar en torno a cómo defender los intereses de un acusado en un proceso penal. Por el contrario, el eje de la discusión debe ser si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede estar integrada por una persona cuya única experiencia en materia de derechos humanos ha sido defendiendo a un acusado por crímenes de lesa humanidad. Entendemos que la respuesta a esta pregunta solo puede ser negativa”, sigue. Y señala que “la candidatura de Carlos H. De Casas ha sido rechazada públicamente por numerosos organismos de derechos humanos en nuestro país, que han remarcado su falta de idoneidad” y que “la preocupación se incrementa si tenemos en cuenta que esta candidatura no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de debilitamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia por parte del Gobierno Nacional”.
“La designación de este candidato implicaría un notorio incumplimiento a las exigencias establecidas por la Convención Americana. Por esta razón, hemos urgido al Poder Ejecutivo Nacional a que retire la candidatura de De Casas. Del mismo modo, en caso de que el Gobierno Nacional haga caso omiso a nuestro pedido, solicitamos a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que Carlos H. De Casas no sea designado en el cargo para el que ha sido propuesto. Asimismo, pedimos que se facilite una copia de esta nota a todos los Estados miembros, para que cuenten con esta información a la hora de elegir a los miembros de la Comisión”, cierra el texto.
