22|4|2022

El Gobierno nominó como comisionado ante la CIDH al abogado de un torturador

03 de febrero de 2017

03 de febrero de 2017

El candidato para el organismo regional de Derechos Humanos es Carlos Horacio de Casas, defensor de Enrique Gómez Saa, acusado de secuestros y torturas en Mendoza en la dictadura.

El Estado argentino, a través de la Cancillería, presentó el miércoles 1 de febrero a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la candidatura del abogado Carlos Horacio De Casas como comisionado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que tiene como objetivo la “promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano”. Lo que, para evitar tropiezos en la designación, no se aclara en esa misiva diplomática es que De Casas fue el abogado defensor de Enrique Blas Gómez Saa, represor y ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en una causa tramitada en Mendoza por secuestros y torturas durante la última dictadura cívico militar.

 

“El 1° de febrero se presentó a la Secretaría General de la OEA con copia a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH la candidatura de Carlos H. de Casas propuesta por la Secretaría de DD.HH. y Pluriculturalidad de la Nación a cargo del Secretario Claudio Avruj con el aval del Ministro de Justicia Garavano, para desempeñar el cargo de comisionado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el período 2018-2021”, afirmó el Colectivo Nacional Mario Bosch - Red de Abogadxs en Causas de Lesa Humanidad. La designación, explican, será tratada en la Asamblea General de  la OEA, en junio próximo.

 

Esta información fue confirmada a Letra P por la Secretaría de Derechos Humanos, desde donde despegaron a Avruj, y por el Ministerio de Justicia –de que depende la Secretaría-, pero también desligaron a Garavano. “Es una postulación del Estado argentino, que la presenta la Cancillería a la CIDH. La postulación no es personal, es del Estado argentino a través del Ministerio de Justicia y la Cancillería. Es el Estado en su conjunto”, esgrimieron voceros oficiales de DD.HH. Ninguno de los consultados sabía del trabajo de De Casas como defensor de represores. Y aseguraron que la recomendación llegó desde la UCR.

 

SIN JUICIO. De Casas fue el abogado defensor en una causa por delitos de lesa humanidad contra Gómez Saa, acusado –tal como lo describe el requerimiento de elevación a juicio oral- de “Privación abusiva de la libertad agravada por violencias y amenazas y por haber durado más de un mes por tres hechos en concurso real”, contra Roberto Edmundo Vélez, Oscar Martín Guidone y Martín Lecea; “Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político” de las mismas tres víctimas y “Lesiones gravísimas calificadas por haber sido cometidas con alevosía” contra Guidone.

 

El inicio de este juicio había sido fijado para el 11 de noviembre de 2013, a las 9.30, pero De Casas consiguió que nunca empezara. “Gómez Saa fue declarado inimputable por incapacidad mental”, contó a Letra P Pablo Salinas, abogado querellante en este expediente y en otras 240 causas por delitos de lesa humanidad.

 

“Se hizo una pericia médica y determinó que no estaba en condiciones de entender la acusación. Y en Argentina no hay juicio si no comprendés la criminalidad de tus actos –agregó-. Después se le repitieron las pericias, se hicieron cuatro pericias más y el acusado se puso cada vez peor. Hay muchos represores en esa condición: quedaron incapaces y no se los pudo juzgar”. “En el momento que se hicieron pedí contra pericias, porque yo dudaba de que fuera así”, contó Salinas, “pero cuando se hizo en la Facultad de Medicina, la última que se hizo, ya está, no cuestionamos más”.

 

“Fue un abogado correcto, defendió como corresponde y no como otros casos que he tenido, en los que el defensor defiende la dictadura”, opinó Salinas de la actuación de De Casas. Y enseguida aclaró que “De Casas no apareció en otras causas, no es un asiduo defensor de represores”.

 

Esta decisión es un eslabón más en la cadena de provocaciones surgidas desde el Poder Ejecutivo hacia la lucha histórica por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Se suma al negacionismo del plan sistemático de exterminio esbozado días atrás por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, pero que tuvo su más ruidoso exponente en el propio presidente, Mauricio Macri, quien se negó a confirmar la cifra de 30 mil desaparecidos, habló de "guerra sucia" para referirse al terrorismo de Estado y mencionó como "el curro de los derechos humanos" a los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar.

 

Provocaciones de rango amplio, que van desde la intención de hacer móvil el feriado del 24 de marzo hasta la decisión política de dejar de apelar las prisiones domiciliarias de genocidas condenados.

 

LA CAUSA. Así describe el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema de Justicia, los casos de los tres torturados y víctimas en la causa que tuvo a De Casas como abogado defensor:

 

“Martín Guidone – estudiante, de entonces 26 años de edad-, fue ilegítimamente privado de su libertad la madrugada del 2 de junio de 1976, y conducido a la Compañía de Comunicaciones de Montaña Nº 8. El 27 de setiembre de 1976, fue trasladado hacia el aeropuerto El Plumerillo, desde donde se lo conduciría a la Unidad Carcelaria Nº 9 de La Plata. Recién  el 20 de agosto de 1978, recuperó su libertad. Debe destacarse que, según se adelantó, Oscar Martín Guidone fue sometido a todo tipo de torturas, de tal grado de violencia física que le provocaron una lesión del vaso, tras lo cual debió ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente”.

 

Mientras que “dos militantes del Partido Comunista, Martín Ignacio Lecea de entonces 40 años de edad (actualmente fallecido) y Roberto Edmundo Vélez de entonces 18 años de edad, fueron ilegítimamente privados de su libertad el 9 de agosto de 1976, siendo conducidos a la Seccional Nº 34 ´Almirante Brown´ -dependiente de la Comisaría Séptima-, y más tarde a esta última dependencia. Tras ser allanado el domicilio del Sr. Lecea ambos fueron trasladados a la Compañía de Comunicaciones de Montaña Nº 8, en donde serían sometidos a torturas. Martín Ignacio Lecea permaneció en dicha dependencia militar hasta el 27 de setiembre de 1976, fecha en que fue trasladado a la Unidad Nº 9 de La Plata, mientras que Roberto Edmundo Vélez, el 6 de setiembre de 1976 fue trasladado –junto con Ángel Bartolo Bustelo- a la Penitenciaría provincial, donde permanecería hasta su traslado –también con Bustelo- al establecimiento carcelario de la ciudad de La Plata. Martín Ignacio Lecea recuperó su libertad el 7 de marzo de 1977, en tanto que Roberto Edmundo Vélez fue liberado el 24 de diciembre de 1976”.

 

En la audiencia en la que se informó la suspensión del juicio, Vélez pidió la palabra y dijo de Gómez Saa: “este señor no es responsable sólo del sufrimiento que padecieron tres personas, sino que perteneció al núcleo duro de la represión en Mendoza, ya que fue el segundo Jefe de Inteligencia después de Orlando  Dopazo, que dependía de Carlos Martínez, el arquitecto del exterminio en la Argentina, brazo derecho de Jorge Rafael Videla”.