LA CRISIS DEL EMPLEO

La carta del Gobierno para intentar bajar el paro general anunciado por la CGT

El equipo económico tiene en carpeta un proyecto para promover un régimen de compras que privilegie la industria nacional. Lo mandará en las próximas semanas al Congreso, donde busca apoyo del PJ.

El Gobierno guarda una carta de negociación para desactivar el paro nacional que la CGT anunció para fines de marzo. Se trata de un proyecto que tiene en carpeta el Ministerio de Producción, que encabeza Francisco Cabrera. La iniciativa promueve un régimen de compras que tiene como objetivo privilegiar a la industria nacional.

 

De prosperar, el proyecto reemplazaría a la ya existente ley 25.551, llamada Compre Trabajo Argentino, y establece, de la misma forma, medidas para priorizar a la industria nacional en las compras que realiza todo el sector público nacional y licenciatarios de servicios públicos, con incentivos para quienes ofrezcan productos con mayor contenido de producción argentina.

 

Según pudo saber Letra P, el proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso una vez que el presidente Mauricio Macri inaugure el período de sesiones ordinarias, el próximo miércoles, tiene como base el Plan de Desarrollo de Proveedores, que ya presentó el Ministerio de Producción en junio de 2016. "Entendemos que el único camino para tener una industria nacional desarrollada, que genere empleos, es consolidar una amplia red de proveedores locales”, dijo en ese momento Cabrera. El proyecto contó entonces con el apoyo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

 

Pocos meses después, en noviembre de 2016, el Gobierno armó, junto a los empresarios y la CGT, lo que se conoció como Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo. Entre las mesas que se crearon en ese marco, se incluyó la de "Desarrollo de Proveedores", que, según fue anunciado, tenía como objetivo "generar cadenas de valor con la participación de las pymes para su participación en obras de infraestructura y compras del Estado". 

 

De ese mismo diálogo surgió el "compromiso” de los empresarios de “no despedir (personal) hasta marzo de 2017”, para “darles certezas a los trabajadores de que hay un compromiso común tanto para generar nuevos empleos como para preservar los existentes”. En las reuniones que mantuvieron en los últimos días con representantes de partidos políticos, los integrantes del triunvirato que conduce la CGT dieron cuenta de una ola de despidos y suspensiones que afecta a todos los sectores del trabajo. Es decir, del no cumplimiento del compromiso anunciado como parte de la creación de Mesa de Diálogo, algo que la cúpula cegetista también denunció públicamente a pocos días de firmada el acta. 

 

 

“Todos los días echan gente de las fábricas. La apertura de importaciones está matando a todos. El Gobierno no va a dar marcha atrás y la CGT lo sabe, pero también entienden que no se pueden quedar quietos”, contó uno de los dirigentes que participó de los encuentros con los líderes sindicales, que ya anunciaron una movilización para el 7 de marzo y un paro general para fin de mes “si no hay rectificaciones” en la política económica. El Gobierno cuenta con ese margen de negociación y busca usar el proyecto como arma de negociación frente al conflicto.

 

Impulsada por el PJ, la ley 25.551, que rige actualmente, fue sancionada el 28 de noviembre de 2001, días antes del estallido que terminó con el gobierno de la Alianza. En el último año, en el Congreso se presentaron varios proyectos para modificar la norma y ampliar su alcance.

 

Una de las iniciativas fue presentada en junio de 2016 por Daniel Pérsico, senador por el Frente para la Victoria. El proyecto obtuvo el apoyo de la Asociación Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). La industria metalúrgica es una de las más golpeadas por la ola de despidos: según Adimra, ya hubo 9 mil despidos y unos 11 mil suspendidos en el sector.  

 

Casi en paralelo, el diputado por el Frente Renovador José Ignacio de Mendiguren presentó una iniciativa en la Cámara baja para modificar los porcentajes de preferencia a las ofertas de origen nacional que estipula la ley vigente.

 

El oficialismo buscará integrar su proyecto con los ya presentados por la oposición –que tuvieron giro a comisiones pero aún no llegaron al recinto-, con lo que se garantizará el apoyo del peronismo en sus diferentes versiones para la sanción de la norma, con la que apuesta a calmar los ánimos de la CGT.

 

Martín Yeza y Gabriel Vega luego de la asamblea del PRO.
Javier Milei firma el Pacto de Mayo en Tucumán.

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