El cierre de fábricas, los despidos y las suspensiones de personal son, en el arranque de 2017 –que, según el Gobierno, traería el despegue de la economía- consecuencias críticas de la aplicación del modelo productivo de la administración que encabeza Mauricio Macri. La crisis, según pudo determinar Letra P a partir de un amplio relevamiento, no distingue sector ni provincia: bajaron las persianas empresas en Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, San Luis, Neuquén, Santa Fé, Córdoba y Tierra del Fuego, con casos notorios y emblemáticos. Y en el sector comercial el “cierre hormiga” se da en todo el país.
Entre los últimos que se sucedieron, ya que se cuentan casi como el minuto a minuto de la TV, están el cierre de una planta industrial alimenticia en la pequeña localidad de Carlos Keen, partido de Luján, que dejó 67 despidos; el cierre de la imprenta AGR del Grupo Clarín, con 380 operarios cesanteados; el de la planta de Vicente de la ensambladora de las computadoras Banghó, que puso en juego el trabajo a 243 trabajadores; el conflicto en la textil GGM de Las Flores, que encontró una salida dramática con rebaja de salarios a la mitad, y el retraso en el pago de sueldos a 115 trabajadores de una planta de Canale en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, que derivó en un paro y la intervención de autoridades locales y provinciales, que por ahora suman esfuerzos pero quedan impasibles ante el avance del deterioro del mercado laboral.
A este cuadro se suma el silencio de las grandes gremiales empresarias, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la bonaerense UIPBA. Por ahora sólo desde el sector sindical se involucraron en los conflictos, aunque recién jueves, después de ocho meses esquivar la decisión, la CGT anunció un paro para la segunda quincena de marzo.
