El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quiere tener aprobado antes de finalizar el año el tercer convenio de transferencia de competencias penales de la justicia nacional ordinaria a la porteña, que habilitaría a que en el distrito se traten delitos como corrupción de funcionarios públicos y enriquecimiento, entre otros. El oficialismo tiene apenas 24 horas y necesita 40 votos para que la Legislatura avale el proyecto. Pese a los tironeos, el PRO y el Partido Justicialista lograron un acuerdo que destrabaría la negociación. Todo a velocidad récord, porque la normativa aún no ingresó en el Parlamento.
Al no contar con los tiempos legislativos acordes, la Legislatura votará este proyecto sobre tablas, por lo cual se necesitarán 40 votos para habilitarla. Tras ese paso, luego sí alcanzará con mayoría simple, que el bloque oficialista Vamos Juntos la tiene y la sobrepasa, como explicó este medio. Sin embargo, al tratarse de una normativa ligada a la autonomía porteña, la mayoría de los bloques se expresará a favor.
El tercer convenio radica en un proyecto de ley aprobado por el Congreso nacional en 2011 pero que aún no fue refrendado por la Legislatura porteña. En la oposición hay predisposición a convalidar la iniciativa porque en las últimas horas hubo un cambio sustancial que permitió destrabar la negociación. El PRO debió modificar el artículo tres de la iniciativa, que había puesto en alerta al Consejo de la Magistratura porteño y al peronista Juan Manuel Olmos, figura clave del mundillo judicial capitalino.
Según el primer borrador, el fiscal general de la Ciudad sería el gran ganador del tercer convenio de transferencias. El titular de ese organismo, Luis Cevasco, alineado a Daniel Angelici, tendría potestad exclusiva para dictaminar sobre si están dadas las condiciones presupuestarias, edilicias y de recursos humanos para que se efectúe el traspaso. Además, siempre de acuerdo al primer proyecto, el fiscal general decidiría qué delitos y cuándo traspasarlos.
Ese escenario cambió drásticamente una vez que el Gobierno porteño se cruzó con la furia de los funcionarios judiciales ajenos a la Fiscalía porteña, que se plantaron contra la normativa. Los más afectados eran las otras reparticiones del Ministerio Público: la Defensoría General y la Asesoría Tutelar. La Magistratura porteña también se vio fuera del esquema de traspaso y elevó su queja.
Para destrabar la negociación fue clave un diálogo entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, y el ex consejero Olmos. La conversación logró modificar el proyecto de ley. Olmos puso el grito en el cielo cuando supo de que la Magistratura y el resto de las cabezas del Ministerio Público quedaban fuera del traspaso.
El expediente, al que accedió Letra P, se conocerá recién durante la sesión ordinaria del jueves 7 de diciembre, la última del año parlamentario. La modificación aclara que la “progresividad” será fruto de un trabajo conjunto entre las tres estructuras del Ministerio Público (Fiscalía, Asesoría y Defensoría) y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
Según pudo saber este medio, el Ministerio Público redactará una resolución que contemple los aspectos del traspaso y la Comisión de Transferencia de la Magistratura, que preside el juez Darío Reynoso, tendrá 20 días para emitir dictamen y para que se reúna el plenario con el objetivo de avalar la operación. Si el organismo judicial de la calle Diagonal Sur no se expidiera en ese plazo, la resolución del Ministerio Público se dará por aprobada.
Esta disputa, por estas horas saldada, se dio porque en el proyecto original el poder político en torno al traspaso recaía únicamente en Cevasco. El cambio en el expediente divide esa función y se haría lo propio con los fondos, que debe aportar el Gobierno nacional de Mauricio Macri. En este caso los fondos deberán ser negociados entre el Gobierno de la Ciudad y el nacional y sus ministros de Justicia, Ocampo y Germán Garavano, respectivamente.
Ocampo tiene una victoria en su haber. Meses atrás logró que el Ejecutivo nacional reconociera una millonaria deuda con la Ciudad por el primer y el segundo convenio de transferencias, que anteceden al desembarco de Cambiemos en la Casa Rosada.
DINERO Y DISPUTA. Los fondos fue justamente la razón por la que este tercer convenio quedó frizado durante años. El ex senador kirchnerista Daniel Filmus avanzó con el proyecto y fue refrendado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados de la Nación. Pero la Ciudad jamás autorizó el convenio porque el entonces alcalde Macri denunciaba que la presidenta Cristina Fernández no le transfería recursos monetarios para costear las nuevas competencias, los recursos humanos y la apertura de juzgado, entre otros elementos.
En esta oportunidad, el Presidente se comprometió a efectivizar el traspaso de competencias con recursos financieros como lo hizo cuando firmó el convenio junto a Rodríguez Larreta en la Casa Rosada, en enero de este año. La Legislatura porteña aprobó en abril el traspaso de 42 delitos, el fuero de Consumo, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia, Presupuesto y Bienes. Sin embargo, el Congreso aún no refrendó los expedientes y no se espera que lo haga hasta el próximo año.
El sistema judicial porteño dio sus primeros pasos tras la reforma constitucional de 1994 y la declaración de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Con el tiempo empezaron a abrirse las puertas de los juzgados porteños pero la denominada Ley Cafiero limitó las competencias y ató su desarrolló a convenios de transferencias progresivas, que aún no terminar de completarse.
El primer convenio de traspaso se firmó en el año 2000, durante el gobierno de la Alianza y con Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno porteño. El segundo se logró en 2004, con Néstor Kirchner como presidente y otra vez Ibarra como alcalde.
