"No puede ser que alguien que hace un atentado o un intento de homicidio sea liberado a las 24 horas. Una piedra puede matar a una persona. El que tira una piedra está dispuesto a matar", arengó el presidente Mauricio Macri el viernes 22, durante el breve brindis de fin de año que encabezó en la Sala de Periodistas de Casa Rosada. El mensaje, que sonó a directiva para el Poder Judicial, extendió ese tiempo a varias semanas. Seis jóvenes recibirán el año nuevo en prisión, a disposición de los jueces federales Claudio Bonadío y Sergio Torres. Cinco de ellos están privados de su libertad desde el jueves 14 de diciembre, luego de la primera jornada de incidentes y represión ocurridos frente al Congreso de la Nación, mientras la Cámara de Diputados intentaba sancionar la reforma previsional. Otros dos se presentaron espontáneamente este jueves por la noche, cuando supieron por los medios que había un pedido de captura que pesaba sobre ellos por parte de Torres: se trata de los militantes del Partido Obrero (PO) César Arakaki y Lucas Sauret. Al primero le negaron el pedido de excarcelación y le dictaron prisión preventiva, aunque el segundo fue liberado luego de este mediodía.
Bonadío está a cargo del expediente que investiga los incidentes posteriores a la represión desatada el jueves 14 de diciembre y Torres tiene en sus manos el caso que indaga los hechos del lunes 18, donde también es investigado el referente rosarino Sebastián Romero, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), que fue captado por las cámaras mientras disparaba un mortero pirotécnico de venta libre. Romero tenía un pedido de detención que fue apelado por sus abogados y rechazado dos veces: primero por Torres y luego por la Cámara Federal, que ahora habilitó a los defensores a presentar un recurso ante la Cámara de Casación Penal.
Los primeros cinco detenidos cumplirán 17 días de prisión este domingo cuando reciban el año nuevo, porque los pedidos de excarcelación que presentaron sus abogados fueron rechazados por Bonadío. Por esa razón, los cinco deberán esperar a las audiencias convocadas por la Cámara Federal de Apelaciones a partir del lunes 3, aunque no hay certezas de que sean liberados durante la próxima semana.
En todos los casos, la calificación penal es atentado y resistencia a la autoridad e intimidación pública, aunque, detrás de esas carátulas procesales, el juzgado de Bonadío ha procurado extender las tramitaciones “dentro de trabas burocráticas para demorar su liberación”, denunciaron los abogados.
ANTECEDENTES. Los presos a disposición de Bonadío son parte de las 45 personas que fueron detenidas durante la tarde del 14 de diciembre. Están alojados en el penal de Marcos Paz y son Esteban Rossano, José Carrizo, Diego Parodi, Sebastián Giancarelli y Juan Salomón Valotta. Los dos últimos están en situación de calle y trabajan como limpiavidrios en las inmediaciones del Congreso, donde fueron detenidos, explicó a Letra P la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que ya comenzó gestiones con la Procuración Penitenciaria de la Nación porque los dos jóvenes no tienen ningún tipo de asistencia ni medios para comunicarse con nadie.
El 14, hace dos semanas, todos fueron apresados bajo la tutela del Comando Unificado que había puesto en funcionamiento el Ministerio de Seguridad, con el fin de disponer de todas las fuerzas federales, además de la Policía porteña, para la custodia de la cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio que había concluido un día antes y que trasladó su poder represivo a los alrededores de la Plaza del Congreso.
Hasta este jueves la cifra total de presos había llegado a seis, pero una joven fue liberada por decisión de Bonadío y en la misma jornada se presentaron espontáneamente Arakaki y Sauret ante Torres. Al cierre de esta nota, el magistrado le dictó la falta de mérito a Sauret, porque demostró que no estaba en la marcha. Fuentes judiciales explicaron que Arakaki también sería derivado a la cárcel federal de Marcos Paz, luego de ser trasladado en forma transitoria a la unidad 29, (que corresponde a la Alcaidía Penal Federal), ubicada dentro de Comodoro Py. Su abogada defensora, Claudia Ferrero, presentó "un escrito al juez Torres reclamando por las condiciones de detención" y lo hizo responsable "por la vida e integridad" del joven, que ya soportó maltratos en las celdas de tribunales.
Curiosamente, los cinco jóvenes a disposición de Bonadío cayeron cerca del Congreso el jueves 14 fueron detenidos al voleo. A los dos detenidos que están en situación de calle (que fueron ferozmente golpeados), se sumó el joven Rossano, de 19 años, que fue apresado en la estación Saenz Peña de la Línea A del subterráneo. “Cuando están subiendo sienten olor a gas y ayudan a una señora que se estaba por desmayar. La agarran, la sacan. Al minuto viene la Gendarmería y lo detiene”, denunció su padre, Pablo Rossano, que señaló a esa fuerza como la responsable de acusar a su hijo de haber “tirado botellas en la manifestación”. Fue trasladado a la unidad que tiene esa fuerza en Retiro, pero “al día siguiente, la mochila aparece con piedras y panfletos de distintos partidos políticos. Esteban no está en ningún partido político”, aseguró el padre para demostrar que su hijo fue detenido al voleo y que le armaron una causa para mantenerlo tras las rejas. El expediente incluyó un allanamiento en la casa del padre del joven, en Morón Sur, que tuvo resultados negativos.
LIBERACIONES EN JUJUY. Este viernes al mediodía la justicia jujeña liberó a los últimos cuatro de los 25 empleados del Ingenio la Esperanza que fueron detenidos el miércoles 20 de diciembre, luego de un corte de ruta en reclamo de salarios atrasados, sobre el puente San Pedro en la ruta nacional 34. Los primeros 21 liberados salieron del penal de Alto Comedero antes de Navidad, pero habían quedado detenidos Sergio Juárez y Néstor Bautista, secretarios general y adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados del Azucar, además de Oscar Delgado, periodista del área de prensa del organismo de derechos humanos Centro de Acción Popular Olga Martínez de Arédez (CAPOMA). También recuperó su libertad el joven Roberto Molina, cuyo padre es trabajador del Ingenio y formó parte de un acampe de familiares que duró una semana para repudiar la arbitraria intervención del fiscal General Lello Sánchez, que responde directamente al gobernador Gerardo Morales.
Casi a la misma hora, frente a los tribunales federales de Comodoro Py, una multitud de militantes de los partidos que integran el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) reclamó la libertad de los detenidos. Los voceros de ese frente anticiparon que la semana próxima continuarán con las protestas hasta obtener la liberación de todos los presos.