La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó este viernes la elevación a juicio de la ex presidenta Cristina Kirchner por medio centenar de hechos de “administración fraudulenta" y “asociación ilícita” en el marco de la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor del Grupo Austral.
En el pedido de elevación a juicio, al que accedió la agencia Télam, el organismo encabezado por Laura Alonso pidió también que sean sometidos a un proceso oral y público el detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, y el también detenido empresario Lázaro Báez.
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“Las conductas por las que Cristina Fernández deberá responder, en calidad de coautora, resultan constitutivas de los delitos de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades”, indicó la OA en su presentación.
En tanto, para el ex ministro De Vido, para el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y para el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti pidió que en el debate oral respondan “como coautores de los delitos de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 51 oportunidades”.
Se trata de la causa que tramita en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, la misma en la que, semanas atrás, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento de la ex mandataria por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado.
En su presentación, la OA sostuvo que la ex mandataria “continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Kirchner”, para “beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos de la Dirección Nacional de Vialidad”.
Además de pedir un juicio oral y público contra la ex presidenta, De Vido, López, Periotti y Báez, se solicitó lo mismo en relación al ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner, entre otros.
Para la OA, todos ellos formaron parte de una “asociación ilícita” destinada a “apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015”.
Télam