La disputa por el fondo del conurbano que inició María Eugenia Vidal ante la Corte Suprema y que afecta a las provincias derivó en un contraataque legal que pone en jaque los recursos de la Anses determinados en un artículo de la ley de Impuesto a las Ganancias, cuya inconstitucionalidad plantean los distritos.
Las provincias de San Juan, Catamarca, Tucumán, La Pampa y Salta dieron un primer paso el viernes, cuando elevaron ante la Corte la respuesta a la demanda de Buenos Aires a través de sus fiscales de Estado. Y el próximo jueves 28 hará lo propio Entre Ríos, cuya presentación estará en cabeza de Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de esa provincia y a la vez vicepresidente del foro federal.
“Tal como hicieron otras provincias, plantearemos la inconstitucionalidad de las asignaciones específicas establecidas en la ley de impuesto a las ganancias, que incluye el 10 por ciento del fondo del conurbano, el 2 por ciento de los Aportes del Tesoro Nacional, el 4 por ciento del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y el 20 por ciento destinado a la Anses”, explicó Rodríguez Signes a Letra P.
El planteo de inconstitucionalidad se basa en que, en consideración de las provincias, el artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias viola el artículo 75 inciso 3 de la Constitución Nacional que establece que es posible “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables” siempre que la nueva norma establezca un objeto específico, “por tiempo determinado” y haya sido aprobada “por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.
Esos requisitos, considera la mayoría de las provincias, no fueron cumplidos al sancionarse las sucesivas leyes que modificaron la de Impuesto a las Ganancias y que rompieron, en la práctica, la rigidez que tiene la ley de coparticipación, que data de 1988. Esa norma, que establece la distribución federal de los recursos, solo puede ser aprobada por el Congreso Nacional con el acuerdo de todas las provincias con la Nación y debe ser ratificada por todas las Legislaturas provinciales. En la práctica eso requiere de un acuerdo político casi imposible de lograr. “Entonces terminaron modificando la ley de coparticipación con la de Impuesto a las Ganancias y eso es inconstitucional”, explica el fiscal de Estado entrerriano.
En su demanda, Buenos Aires había planteado su derecho a percibir el 10 por ciento que establece el inciso b del artículo 104, sin el tope del monto de 650 millones de pesos fijados por ley, que constituyen el llamado fondo del conurbano. El excedente de ese monto es hoy distribuido entre las provincias. Si la demanda de Buenos Aires prosperara, se generaría un agujero fiscal que la mayoría de las provincias no podría afrontar. Para Entre Ríos, por ejemplo, implicaría una pérdida de 3.600 millones de pesos anuales. Casi lo mismo que la provincia tiene de déficit.
“Las provincias pensamos que el Impuesto a las Ganancias debería coparticiparse en un 100 por ciento, mientras que hoy solo se distribuye el 64 por ciento, producto de esas modificaciones a la ley”, explica Rodríguez Signes. Esa nueva distribución afectaría directamente al 20 por ciento que corresponde a la Anses.
Si bien Entre Ríos fue la primera provincia notificada por la Corte Suprema y la primera que debía contestar la demanda de Vidal, el viernes pasado cinco distritos ya hicieron sus presentaciones. Se trata de San Juan, Catamarca, Tucumán, La Pampa y Salta, que ya manifestaron su rechazo al planteo bonaerense y en su mayoría plantearon la inconstitucionalidad de las asignaciones específicas. San Juan y Catamarca consideraron, además, que la Corte Suprema no tiene competencia para entender en el tema mientras que Salta afirmó que el nuevo reparto de fondos coparticipables se debe debatir en el Congreso.
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A principios de septiembre, los gobernadores se reunieron en Buenos Aires en la Casa de San Juan para enviar a la Corte Suprema un mensaje y así evitar que el Máximo Tribunal dictara una cautelar en la causa. En un documento, los mandatarios les pidieron a los jueces que no tomara "resolución alguna” hasta tanto terminen de escuchar a los representantes de todos los distritos. Además pidieron una reunión con el Poder Ejecutivo para llegar a una solución política.
En busca de los acuerdos
La discusión por la distribución de los fondos estará en el centro de las negociaciones que mantendrá en los próximos meses la Casa Rosada con los gobernadores. El Gobierno tiene guardados bajo siete llaves – hasta después de las elecciones – los proyectos de reforma tributaria, reforma fiscal y del Impuesto al Cheque, que tiene previstos discutir en el Congreso.
El debate por ese paquete económico fue el eje de las conversaciones que mantuvieron este lunes por la tarde en Balcarce 50 el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Interior, Sebastián García de Luca; la secretaria de Relaciones Parlamentarias, Paula Bertol; y las autoridades legislativas de Cambiemos; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; los jefes de los bloques de diputados del Pro, Nicolás Massot, y de la UCR, Mario Negri; y Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica.
Según pudo saber Letra P, la reunión tuvo como objetivo ordenar la prioridad de los temas que el Ejecutivo enviará al Congreso y que tiene como eje principal el paquete económico. La complejidad de la discusión pasará por la necesidad de avanzar en negociaciones con los gobernadores, que necesariamente incluirá el debate por los fondos que reclama Vidal.