Alejandro Incháurregui, el perito fundador del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), sobre quien está depositada la confianza de la familia de Santiago Maldonado, fue despedido en 2016 por el ministro de Seguridad bonaerese, Cristian Ritondo, trámite administrativo que no pudo realizar su antecesor sciolista Ricardo Blas Casal luego de la trágica inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata.
Tras la aparición del cadáver en el río Chubut, Inchárregui fue elegido como perito forense por la familia Maldonado para que supervise la autopsia del cuerpo, cuyos resultados se conocerán en los próximos días.
Segundo desde la izquierda, Incháurregui en la conferencia de prensa del miércoles último.
El experto cuenta con un nutrido currículum. Entre sus logros se destaca el reconocimiento de los restos del líder revolucionario Ernesto "Che" Guevara, su trabajo en la identificación de soldados caídos en la batalla de Malvinas y el hallazgo de cientos de cuerpos de desparecidos durante la última dictadura cívico militar.
Hasta abril de 2016, Incháurregui se desempeñó como director provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, cargo que debió abandonar luego de ser despedido por el gobierno de María Eugenia Vidal. Los motivos: el enojo de un juez federal y presiones de la Policía bonaerense.
El despido fue notificado el 20 de abril de aquel año. El perito escribió una carta pública en la que explicó cuáles cree que fueron las causas de su salida de una de las carteras más calientes del gobierno bonaerense. Alegó presiones policiales y describió el posible enojo del juez federal Sergio Torres por un incidente administrativo en el marco de la investigación por la cinematográfica triple fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci del penal de General Alvear. Los tres, condenados por el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopodo Bina, que desnudó la conexión entre la mafia de los medicamentos, la recaudación en la campaña que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia de la Nación y el narcotráfico.
Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Rirtondo.
LA CARTA. Tras una breve introducción, Incháurregi describió en su epístola que, "si bien en enero" de 2016 "hubo un embate de la Policía para que la Dirección Provincial pasara a ser una dependencia más de la Policía bonaerense (como muchas otras), la coyuntura se zanjó cuando las autoridades de la gestión Ritondo advirtieron que, entre otras, la Dirección Provincial a mi cargo se ocupaba de otros temas además de registrar los desaparecidos, como búsqueda de identidad de origen (la publicación "Tras la Búsqueda" ha sido desaparecida de la web), recompensas, registro de "N.N.", etc."
El perito no dudó en sostener que fue "precisamente el caso de una recompensa lo que generó un entredicho que sirvió de excusa al Ministro para que decidiera mi cese."
El juez federal Sergio Gabriel Torres remitió el 12 de enero del año pasado un oficio al ministro Ritondo señalando que un testigo de identidad reservada había aportado datos fehacientes que permitieron dar con el paradero de los prófugos Lanatta y Schillaci. "La Unidad Ministro remitió a la Dirección Provincial a mi cargo el oficio ya caratulado como expediente, por lo que le requerí al mismo juez que informe si se le había tomado declaración al testigos" en los términos del marco legal vigente, es decir, si el testigo es o fue miembro de las fuerzas armadas o de seguridad, en cuyo caso no puede cobrar la recompensa. "Tal requerimiento se lo hice al juez Torres el 03 de febrero y reiteré el 10 de marzo y el 04 de abril", pero Incháurregi nunca obtuvo respuesta del magistrado.
"Ante esta situación (tener un expediente paralizado porque el Juez que precisamente lo inició no respondió a tres requerimientos), solicité al Presidente de la H. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital, Dr. Martín Irurzun, que arbitre los mecanismos necesarios para que el juez Torres responda", detalló el ex funcionario bonaerense.
Ese escrito detonó la bomba. "El juez llamó por teléfono al ministro Ritondo para quejarse de mi reclamo (...) esa llamada generó un gran quilombo y el ministro ordenó mi cese en la función 'porque no querían indisponerse con un juez federal'". Así se selló la salida de Incháurregui del, en términos macristas, mejor equipo de gestión de los últimos 50 años. A Ritondo no le interesaron los más de 800 casos resueltos en diez años.
Ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo Casal.
EL ANTECEDENTE CASAL. Ésa no fue la primera ocasión en la que el forense incomodó al oficialismo de turno. Ya lo había hecho luego de la trágica inundación de la ciudad de La Plata ocurrida el 2 de abril de 2013, cuando la capital bonaerense quedó dada vuelta como una valija.
El manejo de la cifra de muertos fue la espada de Damocles que pendió sobre la cabeza del sciolismo por aquellos días. Los medios de comunicación revoleaban cifras de víctimas fatales de dudosa procedencia, aunque en su mayoría emanaban de "fuentes policiales".
Para intentar llevar un poco de calma y profesionalismo, Incháurregui aconsejó el uso de un protocolo para poner fin “a los rumores circulantes” que llegaban, como uno que daba cuenta de 300 cadáveres ocultados en un galpón. Incháurregui proponía, entre otras cosas, hacer una base de datos exhaustiva sobre edades, causas de muerte y estudios forenses practicados a los cadáveres y sostenía que “un informe más riguroso relativo a estos tópicos sería de utilidad a los efectos preventivos de futuras catástrofes análogas”, según se detalla en el libro “2A. El naufragio de La Plata”.
El memo llegó a medios de comunicación platenses, que publicaron que un funcionario del Ministerio que comandaba el operativo disentía con el tratamiento de las muertes. El escrito fue ignorado.
Más adelante, en un informe titulado “Sobre el tratamiento de los cuerpos en emergencias”, Incháurregui señaló que “la premura no debe prevalecer por sobre la calidad del trabajo”, a contramano de lo que operaba entonces el sciolismo: cerrar pronto el caso ante la opinión pública para dar paso a la campaña electoral de 2013, que terminó con un sopapo en las urnas para el Frente Para la Victoria, premonitorio de la derrota en 2015.
Una vez que el tema desapareció de la agenda de mediática, Casal intentó desplazar a Incháurregui, pero no pudo.