El trabajo del juez Luis Federico Arias sacudió a la opinión pública platense, que a casi un año de la histórica inundación pudo conocer que, según la investigación del magistrado, el número de víctimas llega a 89. Lo que más resonó es que la lista “continúa abierta”.
Acompañado de la decana y concejal Florencia Saintout, el encargado de dictar sentencia sobre la tragedia más importante del 2013 en el país, se refirió a las “múltiples irregularidades” que existieron de áreas claves en el Estado para realizar un efectivo trabajo.
Lo primero que planteó fue que su tarea no implica determinar responsabilidades penales, patrimoniales o administrativas, sino que sólo se busca que la sociedad conozca lo que sucedió aquellos días de abril. “Acá exhibimos y mostramos lo que pasó. El número de víctimas es de 89 pero tenemos 16 casos que son dudosos, pueden ser víctimas de la inundación, pero no se ha podido comprobar por ausencia de pruebas”, insistió.
Las palabras del jurista, escuchadas por diferentes representantes políticos, tenían el objetivo de describir hechos que sigan determinando las situaciones de aquellos días de abril, cuando buena parte de la capital bonaerense quedó bajo el agua. “Pueden ir apareciendo más víctimas en otros procesos”. Inmediatamente de advertir esa situación, explicó cómo fue la metodología de su trabajo que terminó con el fallo reproducido por Letra P.
Tres hipótesis demostraron falencias
Fueron tres las hipótesis fundamentales que guiaron la investigación. La primera giró alrededor de las víctimas que están inscriptas en el Registro de las Personas, pero que podrían no haber sido computadas como víctimas fatales de la inundación por haberse cambiado las causas de su fallecimiento, o no fueron tenidas en cuenta porque eran victimas sanitarias (fallecieron en hospitales).
La segunda, giró sobre aquellas personas que no estaban inscriptas en el registro de las personas, que podrían estar en morgues todavía. “Eso no es nada descabellado”, sostuvo Arias, al recordar cómo los empelados de la entidad bonaerense, le comentaban (otros casos) como distintos cuerpos, ya momificados, fueron inscriptos con posterioridad. Con esa descripción, advirtió que podría “haber personas en las morgues”. Y una tercera, explicó que está relacionada a la perplejidad.
“Muchos testigos declararon haber visto cuerpos en el curso de los arroyos. Pero los cuerpos encontrados fueron hallados en un domicilio, en la vía pública o en un sitio específico de la ciudad”, aseguró el Juez, quien reconoció que esas personas, señaladas por testigos, “n saben donde estaán”.
“Han quedado muchos cabos sueltos en esta causa. Nosotros dictamos sentencia con el material probatorio que tenemos, pero esto es un comienzo y una aproximación a la verdad de lo sucedido. Pero nos sorprendimos por la inmensa cantidad de irregularidades que encontramos”, afirmó.
Sin bajarle el tono a las críticas, advirtió que se debió haber alertado a las autoridades sanitarias para que toda victima que pudiera tener cualquier vinculación con la inundación sea judicializada. “El fiscal (Condomí Alcorta) delegó su potestad investigativa y la puso en manos de la provincia de Buenos Aires. Los cuerpos fueron amontonados en la morgue y no se les hizo autopsia”.
“La Policía, de acuerdo a los testimonios, instruía a los familiares de víctimas para que llevaran el cuerpo a una funeraria privada. Les decían a que funeraria y les gestionaban el certificado de defunción pagando por la gestión, y se ponía una causa de muerte ajena a la inundación”, advirtió Arias.
Críticas a la Policía Bonaerense
Al ser consultado sobre el accionar de las fuerzas de Seguridad, le apuntó a efectivos de La Bonaerense, sobre todo a Carlos Jaime, a quien caratuló como uno de los grandes responsables “por el manejo de la morgue”.
En forma de cierre, advirtió que se “inventó una declaración” y que existió una adulteración de documentos.