Cumpliendo un decreto de la dictadura, la Provincia le gira a la Iglesia $4,7 millones

En los considerandos de esta iniciativa, se marcó que “la vigencia de algunas normas conspira” contra el proceso de consolidación democrática, por lo que “es deber de los legisladores la observancia y revisión de todo aquello que en el marco legal pueda ser contrapuesto a los intereses de una democracia genuina”.

ACTUALES BENEFICIOS DEL CLERO. Tras focalizar en la raíz dictatorial del decreto, el proyecto resaltaba que la “cooperación” al Católico Apostólico Romano contemplado en la Carta Magna ya “es materializada de muy diversas formas”, tales como la exención del pago del Impuesto de Ingresos Brutos al Arzobispado y los Obispados en la Provincia, como así también se exceptúa del pago del Impuesto Inmobiliario a las entidades que gocen de personería jurídica pública en la Iglesia Católica, se excusa del pago del Impuesto a los Automotores al Arzobispado y los Obispados de la Provincia y, por último, exime del pago del Impuesto de Sellos a las instituciones religiosas reconocidas por autoridad competente.

Asimismo, el proyecto de la diputada Di Leo hizo hincapié en donaciones de terrenos e inmuebles fiscales a los Arzobispados y obispados bonaerenses “con ningún tipo de regulación en cuanto a su utilización por parte de los beneficiarios (el período analizado va desde 1976 hasta el 2006). Observando las fechas de sanción de estas normas, salta a la vista que cerca del 90 por ciento de las donaciones se llevaron a cabo durante la última dictadura”.

“Cabe aclarar que los sectores de la Iglesia beneficiados por esas políticas se vieron favorecidos también por la legislación nacional durante el mismo período”, fustigó el proyecto de derogación que también consignó que “el Estado provincial ha creado un régimen especial de subsidios a las religiosas de las distintas congregaciones ordenadas por la Iglesia Católica. La erogación es realizada por el Instituto de Previsión Social”.

“Es justa y factible, pues, la derogación del Decreto Ley 9655/81, sin incurrir en ninguna trasgresión legal, corrigiendo normas cuya validez es cuestionable por su propio origen y contribuyendo a la consolidación de nuestra institucionalidad”, se puntualizó.