La Corte Suprema le dio luz verde al tarifazo de la luz en la provincia de Buenos Aires (ver nota aparte “La Corte avaló…”) y otra vez los habitantes de este distrito resultan castigados, al menos si se los compara con los de otras regiones, como la Ciudad de Buenos Aires (CABA), donde las boletas cuestan por bimestre “lo que un café en un bar”, según les gusta decir a algunas espadas del PRO.
Aunque razón no les falta, se ve en estos primeros movimientos que, lejos de buscar justicia y equidad en un sistema preso del perverso entramado de subsidios al que lo sometió la gestión de Julio De Vido el frente de Infraestructura en los 12 años de gobiernos K, se sigue castigando a los sectores medios y medios bajos, mientras que los usuarios de Recoleta pagan la luz con el vuelto de la compra de un atado de cigarrillos.
Con argumentos discutibles pero con cierto grado de sensatez y olor a equilibrio político –es la misma Corte que pidió audiencias y falló contra el Gobierno respecto a las tarifas del gas-, el máximo tribunal determinó esta vez que los hogares deberán pagar los incrementos anunciados en enero, lo cual convierte en casi imposible saber cuánto y cuándo se pagará el aumento de la energía eléctrica.
El comportamiento de la demanda de los usuarios de luz cambió en la última década por su bajo costo subsidiado. Por eso, antes era el verano el período en que se incrementaba su consumo. Hoy, el frío también se enfrenta con artefactos impulsados a energía eléctrica, en especial por su menor costo de adquisición y un menor gasto, si se lo compara con el gas. Desde cocinas, calentadores y estufas hasta aparatos de aire acondicionado frío calor. Esto convirtió a esa demanda estacional en inelástica, que es lo mismo que decir que sube tanto cuando hace mucho calor como cuando hace mucho frío.
El ovillo de subsidios cruzados y tarifas congeladas que empezó a tejer en 2003 el gobierno kirchnerista se deterioró por una combinación de mayor demanda, costos crecientes e inflación.
Desde el Ministerio de Energía, que conduce el ex Shell Juan José Aranguren, siguen en permanente marcha y contramarcha al que lo obliga la judicialización de la cuestión tarifaria.
Fuentes del sector energético aseguran a Letra P que no hay horizonte para desentrañar cómo sincerar tarifas y hacer viable algo que, por ahora, no parece serlo en los números ni en las inversiones ni en las tarifas.
Es decir: el tarifazo que se aplique no alcanzará. Los subsidios representan un 67% del PBI bonaerense. La solución definitiva parece una tarea para magos y gurúes más que de técnicos y especialistas.
LOS FUNDAMENTOS. En esta cuestión, la Corte discutió la potestad de los denunciantes para realizar una acción colectiva en nombre de todos los usuarios. O sea que no cuestionó ni avaló los aumentos, sino que se centró en quiénes se presentaron ante la Justicia.
De acuerdo a los magistrados, el abogado Marcelo Honores, que ocupa interinamente el cargo de defensor del Pueblo bonaerense desde febrero de 2015, no podía presentarse como tal ante la Justicia por no estar designado definitivamente. "Es una vana invocación de un título que carece", destacan en el fallo. Por lo tanto, no podía ejercer su rol en forma plena y representar al Pueblo de la provincia de Buenos Aires en esta causa.
En relación a los diputados del Frente para la Victoria Walter Abarca y Evangelina Ramírez, consideraron que solo son representantes del Pueblo en el contexto de la Legislatura bonaerense, que no puede ser extensible a otros ámbitos. Con este argumento, desecharon la posibilidad de que pudieran pedir ante el Poder Judicial un recurso que afectase a todos los habitantes por igual.
Pero la Corte tomó desde otro ángulo la presentación de una asociación civil: envió el caso al tribunal de primera instancia, que deberá evaluar si el club "12 de Octubre" puede seguir la causa.
Mientras tanto, levantó la cautelar que había fallado el juez en lo Contencioso administrativo de La Plata Luis Federico Arias.