La demanda de los usuarios del sector energético es particularmente elástica por las condiciones climáticas, pero el problema más severo se encuentra en la oferta. Las inversiones, costosas y a largo plazo, fueron escasas en los últimos 13 años, entrampadas en un enjambre de subsidios cruzados y tarifas congeladas que empezó a tejer desde 2003 el gobierno kirchnerista desde el Ministerio de Planificación, que conducía Julio De Vido y que -en un contexto de inflación creciente- deterioró al sector al punto de dejarlo sin capacidad de abastecimiento y con un sistema flaco en mantenimiento. Hoy, en el área que dirige el ex Shell Juan José Aranguren, tratan de desentrañar cómo sincerar tarifas y hacer viable algo que, por ahora, no parece serlo en los números ni en las inversiones ni en las tarifas.
Pero hay datos que llaman la atención. Por ejemplo, que de las dos distribuidoras de energía del Gran La Plata, Camuzzi Gas Pampeana haya mostrado una ganancia de $90,8 millones en 2015, según surge del balance publicado por la propia empresa en su página web. Sin números disponibles de lo que va de 2016, la empresa, que realiza inversiones a costa de sus usuarios porque son ellos quienes las pagan antes de recibir el servicio, no parece mala la ecuación económica, más si se le suma a cuenta al menos parte del tarifazo anunciado y pendiente de resolución judicial.
Camuzzi puede mostrar un servicio menos conflictivo que el de Edelap, la empresa que brinda energía eléctrica al Gran La Plata y partidos aledaños. Cortes permanentes –el último viernes, un gran apagón afectó a la mitad del casco urbano de la capital provincial-, problemas de suministro y una red deficitaria conforman un panorama poco alentador para los usuarios cautivos de la empresa, que perdió una cifra millonaria en 2015.
Hace cinco años, la concesión de Edelap pasó de la órbita de la Nación a la Provincia y el cuadro de tarifas que se aplica desde entonces es casi diez veces superior a los de Edenor y Edesur, que distribuyen energía en la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense.
Pero las boletas bimestrales de usuarios residenciales de Edelap orillan los $1.000 para una familia tipo, según datos del mercado corroborados por este medio.
En el balance de diciembre de 2014, el patrimonio de Edelap era negativo en 120 millones de pesos, lo que significa que, vendiendo todos sus activos, no podría cubrir sus deudas. Los resultados del ejercicio 2015 también arrojaron pérdidas. Según explicaron especialistas del sector a Letra P, la empresa sigue en declive y sólo puede sostenerse si la “banca” el gobierno de turno vía subsidios o impagos al Estado.
La empresa no parece sufrir la crisis en sus altas esferas: es propiedad del empresario Alejandro Macfarlane, CEO de Edenor durante ocho años y también director de Repsol YPF en los 90. Hoy es director del Banco Macro, de Jorge Brito. Macfarlane es yerno del ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy.
Lo acompañaba el consultor y ex sciolista Fabián Perechodnik, quien perteneció al directorio de la compañía hasta el 10 de diciembre de 2015. Ahora es secretario general de Gobierno en la administración de María Eugenia Vidal.
Edelap presta servicios a más de un millón de habitantes en un área de concesión de 5.700 km2 que abarca a seis partidos de la provincia de Buenos Aires: La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio. En su página web no otorga datos relacionados con pérdidas o ganancias de la empresa ni de sus autoridades, que deberían ser de fácil acceso tanto para el público en general como para sus clientes cautivos.
EL SECTOR. La mayoría de las empresas de servicios públicos que cotizan en Bolsa mostró números en rojo en el primer trimestre del año. Y, entre las diez que más dinero perdieron, estuvieron Edesur, Metrogas, Transportadora Gas Norte, Edenor, Transener, Camuzzi Gas y San Miguel.
Estas empresas de servicios eran en su mayoría estatales hasta que la dupla Menem-Cavallo inició un proceso de privatización muy cuestionado a principio de los 90 que desembocó en resultados dispares según el sector. Las empresas de luz y gas tuvieron un proceso más “prolijo” -según los expertos- que otras como las de agua y la propia Aerolíneas Argentinas, que cambiaron de dueño varias veces y, en la mayoría de los casos, volvieron a manos del Estado.
Pero las energéticas gozaron de tarifas “dolarizadas” y ganancias fabulosas en ese período. En ese contexto, el servicio mejoró notoriamente comparado con la crisis profunda de los años de Alfonsín.
Luego llegó el congelamiento, de tarifas e inversiones, los subsidios que hicieron que un acomodado vecino de la Recoleta pague aún hoy facturas bimestrales de luz y gas de apenas $50 pesos y que los más postergados desembolsaran sumas similares en pocos días para tener una módica garrafa de 10 kilos, que supera largamente los $100.
Pero las empresas siempre se sostuvieron, con tarifas muy convenientes –como en los 90- o con subsidios millonarios. Los usuarios, las inversiones y la calidad del servicio son los grandes castigados del desmanejo energético.
Los millones de pesos en subsidios que durante el kirchnerismo recibieron las empresas del sector no evitaron la crisis energética, en gran parte por la falta de inversiones. Queda en zonas de grises la respuesta a una pregunta obvia: ¿en qué se invirtió ese dinero? ¿Alcanzaba sólo para pagar sueldos y parte del costo operativo o se podía hacer algo más?
UN SISTEMA COMPLEJO Y CON MAL SERVICIO. En luz y gas, Argentina pasó de ser exportadora neta a importadora. El sistema de energía eléctrica es hoy el peor de las últimas décadas.
La compañía que administra el negocio eléctrico en todo el país es Cammesa, una creación de los años ‘90 que nació como empresa mixta, pero que en la era K quedó controlada en la práctica por los ministerios de Planificación y Economía, relatan expertos del sector a Letra P. La empresa se encarga de comprarles la energía a las generadoras, como Central Puerto, Endesa Costanera y Yacyretá; luego la despacha y abastece a las distribuidoras, que le cobran la factura al cliente final. Luego le pagan a Cammesa, que a su vez debe girar los fondos a los generadores, en el final de ese ciclo. Nada de eso hoy funciona y la deuda acumulada de las distribuidoras como Edelap, Edenor y Edesur supera los $20.000 millones.
Para muestra del combo explosivo que enfrenta el sistema energético puede decirse que los balances del primer trimestre presentados a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por Edesur, Edenor y Metrogas acumulan, en conjunto, un rojo de $1.342 millones.
En el caso de las energéticas, en el mismo período del año pasado habían ganado $535 millones entre ambas, mientras que Metrogas había sufrido pérdidas, aunque de $119 millones.
Como se ve, la recomposición está lejos de darse. Y, además, las empresas acumulan multas por las deficiencias en el servicio.
Un dato a tener en cuenta: al asumir Aranguren como ministro de Energía, decretó la emergencia energética por un año y señaló que el sistema estaba a punto de colapsar. Consultores y gremios del sector dicen que razones no le faltaban.
Fuentes del sector aseguran que los subsidios del Estado seguirán y que una nueva realidad financiera se daría recién luego de más de cinco años y con una revisión integral de tarifas, pero que la calidad del servicio y las inversiones seguirán “entre algodones”. Igual destino tendrán los bolsillos de los consumidores hasta que la Justicia determine qué hará con el tarifazo. De todos modos, una solución con una suba uniforme seguirá beneficiando a los sectores de mayor poder adquisitivo y castigando a los del interior de ingresos medios y medios-bajos. La tarifa social, por ahora, parece salvar a un grupo de 9 millones de usuarios domiciliarios y demandantes de la garrafa social.
Desde las ONGs que defienden a los consumidores sostienen que el tarifazo es ilegal. El director de Consumidores Libres, Héctor Polino, asegura que no pueden aumentarse tarifas sin realizar audiencias públicas. Hasta hoy se hizo apenas una.
