La horizontalidad de una parte de la construcción política del Gobierno, un esquema complejo en una democracia históricamente centralizada en el Ejecutivo, sigue causándole más dolores de cabeza que beneficios al macrismo. No porque esta idea trunca de “equipo” deba ser descartada por ineficaz, sino, más bien, porque sobran los ejemplos que demuestran un desorden generalizado en la toma decisiones y en la confección de medidas. Uno de los casos recientes que dejan esto en evidencia es la marcha cansina del blanqueo de capitales, al que se llegó con la meta de recuperar divisas que se perdieron por diferentes razones.
Hace unas semanas, en una entrevista con el diario Ámbito Financiero, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, utilizó la nota para mandarles un mensaje a los bancos. Dijo allí que pareciera que las entidades, sin distinción de privadas, estatales, nacionales o extranjeras, juegan en contra de la progresión de la amnistía fiscal. Porque, según la visión del pariente del mejor amigo del presidente de la Nación, la banca transforma en un trámite kafkiano el proceso de consulta de clientes que pretenden limpiar sus divisas aún fuera del sistema.
Desde lo netamente técnico, desprovistos de cualquier observación analítica, los dichos del funcionario parecen ciertos. Pero hay matices.
Un banquero de una entidad nacional de las más exitosas históricamente contó a Letra P que actualmente, casi todos sus pares reciben las consultas de sus clientes, pero rechazan, sin entrar en análisis, todo intento de blanquear por parte de gente que no es cliente. Y que lo hacen por una razón sencilla: “Nuestros directores no quieren afrontar juicios futuros por responsabilidad penal. ¿Quién nos garantiza que en dos años no aparece una denuncia sobre una persona que dejamos entrar al blanqueo y que, por caso, se descubre que financió al narcotráfico o a campañas políticas?”, se sinceró.
El caso es testigo y grafica la trama oculta del blanqueo: los problemas en la aplicación de una norma que no se consensuó ni siquiera con los organismos de control.
El juego es bastante claro. El Ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Alfonso Prat Gay, quiere que la amnistía se haga a cualquier precio. Pero la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) han mantenido su normativa inalterada, incluso para el blanqueo. Ergo, hoy, aunque Economía se enfurezca, los bancos nucleados en las cámaras ABA (privados extranjeros), ADEBA (privados nacionales) y ABAPPRA (banca pública) emiten Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre cualquier mínimo movimiento que a la consideración del banco refleja cierta duda sobre los orígenes y los movimientos del dinero de clientes. Incluso, semejante movida se está produciendo desde que estalló en el mundo el FIFA Gate y se conoció cómo los bancos de especulación operan a diario con maniobras irregulares.
Otro factor extra que la banca quiere evitar es que surjan nuevos arrepentidos que develen operaciones. Y en la Argentina hay casos recientes de extrema gravedad en ese sentido, como las causas abiertas por cuentas sin declarar en el exterior de los bancos HSBC y JP Morgan y la cueva de dinero del banco galo BNP Paribas.
La realidad indica que las entidades que operan en Argentina nunca quisieron ser intermediarias de blanqueo, menos en un escenario global en el que las cartas empezaron a develar cierta intención global de transparentar grandes operaciones con acuerdos de información fiscal entre países. Tanto es así que, al inicio de la movida, cuando el Gobierno aún confiaba en recuperar al menos el 10% de los más de 300 mil millones de dólares de argentinos fuera del sistema, varios banqueros de renombre le sugirieron al propio presidente Mauricio Macri que la AFIP se encargara de monitorear a los clientes que iban blanquear, que la UIF los observara y que luego, sí, fuesen los bancos los que abrieran las cuentas donde se depositaría el dinero de los clientes blanqueadores.
Llamativamente, los banqueros aseguran que este gobierno mantiene una característica del anterior: empezó, de un día para el otro, a tener desconfianza en el sector privado, una noción que en el macrismo parece haberse forjado a base de desilusiones en casi todos los rubros de la economía.
Este combo de comprensiones disímiles de una misma realidad ha llevado a que, de manera desesperada, los actores en pugna en el tema blanqueo hayan empezado a jugar guerras personales. La AFIP, sugiriendo con bastante fuerza que aquellos que no blanqueen serán perseguidos desde el año 2017 y Hacienda, enviando comunicados confusos, como el último, emitido el lunes, en el que Prat Gay aseguró que el blanqueo “es una buena noticia para los argentinos que están en regla y una mala para los evasores”. En ese texto, el ministro agregó que “es la última oportunidad antes de que el Estado tenga el acceso directo y automático a la información” tributaria.
NÚMEROS QUE NO CIERRAN. En su visita a la Argentina, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, se mostró junto al responsable de la UIF estadounidense en el marco de una supuesta intensión de armar un esquema de cooperación en información fiscal entre ambos países. De producirse, sería clave para la Argentina: en Estados Unidos, hay una parte importante del dinero de los argentinos en el exterior. Pero todo huele más a gesto del momento que a realidad. De hecho, el país del Norte no se sumó en su totalidad al acuerdo global de la OCDE que regirá para buena parte de las naciones desde el año próximo.
Fuentes del sector financiero, sin embargo, creen que los bancos no están frenando los efectos del blanqueo y, aunque moderaron previsiones, aún suponen que el grueso de los ingresos llegará hacia fines de la amnistía, dado que se ha fijado para el último tramo un tipo de cambio diferencial.
Hoy, los números de dinero ingresado son especulaciones que mencionan un neto de entre 40 y 60 millones de dólares, prácticamente nada para lo que se esperaba. ¿Qué es lo que entonces podría sumarse? Los bancos estiman que todos los activos rastreables van a tener mayores incentivos, sobre todo aquellos montos que estén puestos en inmuebles en el exterior. En el sector están seguros de que el dinero que permanece en guaridas fiscales “seguras”, según las normas del mundo financiero, no van a blanquear. Tampoco, aquellos inversores pequeños que conserven divisa bien habida debajo del colchón o en cajas de seguridad.
Lo llamativo es que, si se observan hoy las necesidades insatisfechas de la economía argentina, poco tienen que ver con el éxito o el fracaso del blanqueo. Pero la paradoja es que ha sido el propio Gobierno el que decidió jugarse otra “madre de batallas” con este tema en particular. Una apuesta a todas luces innecesaria.
@leandrorenou
