56 votos a favor, 11 en contra

El pacto con los gobernadores alcanzó para sancionar el blanqueo y pago a jubilados

En el Senado, el peronismo volvió a mostrar sus grietas y un grupo amplio de legisladores del FpV, enrolados en el PJ, apoyó el proyecto del Macri, que ya es ley.

La inclusión del acuerdo con las provincias por la devolución del 15% de coparticipación que retiene la Anses y de la posibilidad de pactar con los gobernadores la sistematización del reintegro para cubrir el déficit de las cajas previsionales le alcanzó al oficialismo para garantizar un paso sin trabas por el Senado del megaproyecto de blanqueo de capitales y pago de los juicios por actualización de haberes jubilatorios. Este miércoles, la iniciativa fue convertida en ley con el apoyo de un amplio grupo de legisladores del bloque del Frente para la Victoria (FpV) que responden a los gobiernos de sus distritos o están enrolados en el PJ tradicional.

 

El senador y ex gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo (FpV), no escondió las cartas y admitió cómo se dio esa negociación. “La única forma en que iban a tener tranquilidad las provincias de que se cumpla” el pacto alcanzado con la Nación para que, gradualmente, vaya reduciendo la retención de masa coparticipable “era poniéndolo en el proyecto y diciendo ´señores, si no aprueban esto no estamos de acuerdo con el resto´”. El referente del PJ jujeño no se quedó ahí y le apuntó, sin nombrarla, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “La devolución del 15% la tendríamos que haber hecho nosotros hace rato”, dijo.

 

Con mayor claridad lo expuso en su discurso de cierre el jefe de bloque del FpV, Miguel Pichetto: “Representamos a los estados provinciales y nos planteamos en San Juan (donde hubo una cumbre de gobernadores peronistas en enero) hacerlo con responsabilidad. Este no fue un canje espurio, sino un acuerdo institucional de gobernabilidad”. No obstante, el legislador rionegrino dejó un mensaje para el Ejecutivo: contó que "el acuerdo con los holdouts no ha mejorado la perspectiva de toma de crédito a mejores tasas” para las provincias.

 

Así, entre el interbloque Cambiemos, algunos socios estratégicos y un nutrido grupo de ex senadores kirchneristas consiguieron darle sanción definitiva a la ley con 56 votos positivos contra 11 negativos y una abstención, la del senador Fernando “Pino” Solanas.

 

Barrionuevo no fue el único de los senadores del FpV alineados con el PJ que admitieron que su apoyo a la ley, que además incluye una reforma del impuesto a los bienes personales, una moratoria impositiva y hasta el traspaso de la Unidad de Información Financiera (UIF) -órgano responsable de investigar lavado de dinero- a la órbita del Ministerio de Economía, se enfocaba en los gestos a las provincias que el Gobierno nacional filtró en los 97 artículos que componen la ley promocionada como de “Reparación Histórica”. Omar Perotti, quien sueña con pelear la gobernación de Santa Fe, sostuvo que, para su provincia, “el reclamo por la caja previsional es una verdadera política de Estado”.

 

Por su parte, el cordobés Carlos Caserio, histórico operador político del ex gobernador José Manuel de la Sota, dijo algo parecido: “Ojalá podamos hacer cumplir el compromiso del Estado nacional con las provincias cuyas cajas no han sido transferidas”. Mientras tanto, Daniel Lovera, quien responde al gobernador pampeano, Carlos Verna, celebró que “ese 15% que merecen las provincias ya no se va a poder discutir”.

 

La muñeca política mostrada por el oficialismo para incluir los acuerdos con los gobernadores en la ley ómnibus le sirvió para exponer, una vez más, la crisis del peronismo. Para la mendocina y camporista Anabel Fernández Sagasti (FPV), “incluir en esta ley el acuerdo con las provincias es un cinismo perverso contra el federalismo”. El sanjuanino Ruperto Godoy (FpV), siempre alineado con el cristinismo pero que la semana pasada sorprendió al votar con el oficialismo los pliegos de jueces de la Corte Suprema, entendió que enviar un proyecto con tantos temas tan diversos “constituye una maniobra extorsiva a los que estamos sentados en estas bancas”, porque “ésta es una ley ómnibus con varias leyes dentro lo cual es una trampa para las provincias”.

 

El más duro fue Marcelo Fuentes (FpV). Opinó que “esta ley, en un manual de técnica legislativa, se llama 'ley cazabobos'” y denunció que “este proyecto de ley encubre la intención política de destrozar el sistema previsional argentino”.

 

Ésta fue la clave para sortear sin problemas el pase por el Senado de un proyecto complejísimo, que en la Cámara de Diputados sufrió muchísimas modificaciones hasta conseguir los votos necesarios. El mismo Barrionuevo lo admitió y hasta deslizó por dónde viene el plan de unidad del PJ: “No estamos tratando el proyecto del Presidente. Este proyecto ha sido mejorado por el peronismo con el aporte de los compañeros nucleados en el Frente Renovador y el bloque Justicialista”.

 

ACCIONES y BLANQUEO. “¿Si no ingresan capitales le van a pagar o no les van a pagar nada a los jubilados?”. La pregunta la soltó en su discurso la también camporista Virginia García. Fue el punto de partida que usó la santacruceña para apuntar al comité de CEO´s que componen el gabinete nacional y abrir el debate por la venta de la cartera de acciones en empresas privadas que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra la Anses. “¿La venta de las acciones del FGS va a quedar en manos de quién ahora? ¿De los (Mario) Quintana, de Farmacity o de quién?”.

 

“No sabemos cuánto dinero ingresará con el blanqueo: si no alcanza, venderán acciones y reducirán el flujo de capital”, advirtió la sanjuanina Marina Riofrio (FpV). Su comprovinciano y aliado de Cambiemos, Roberto Basualdo, blanqueó que “si algunas acciones no son rentables quizás convenga venderlas; esta ley no obliga a venderlas pero permite hacerlo”.

 

La mención de Quintana, secretario coordinador del abinete nacional, no fue casual y no fue la única. El ex fundador-CEO de Farmacity tenía declaradas, al menos hasta el 31 de diciembre pasado, acciones en empresas como Clarín, Banco Macro, Pampa Energía, Petrobras Argentina o Siderar, del Grupo Techint. Todas firmas donde el FGS posee títulos. El mismo Barrionuevo, para justificar su voto a favor del proyecto, recordó que en el debate en comisiones “Quintana dijo que el Gobierno no quiere desprenderse de las acciones y yo le creí”.

 

El otro nombre propio que surgió en la discusión fue el de Luis María Blaquier, sobrino del magnate azucarero Carlos Blaquier y administrador del FGS. Fernández Sagasti recordó que el ex director de Clarín y ex Goldman Sachs está “imputado por haber sido el autor del más grande fraude a los jubilados”, que fue la venta de acciones que hizo el Grupo Clarín a las ex AFJP.

 

Curiosamente, ninguna de las voces oficialistas siquiera mencionó la derogación de la ley que impedía la enajenación de esas acciones sin aval del Congreso con dos tercios de los votos de ambas cámaras.

 

LITIGIO. Durante la discusión en el Senado se puso en cuestión el aspecto que, en la venta mediática del proyecto por parte del oficialismo, es la médula del megaproyecto: el pago de juicios a jubilados. “Evitar litigios habla de una buena gestión”, opinó Pamela Varesay (UCR). Más controlado fue Alfredo “Freddy” Martínez (UCR), miembro informante de Cambiemos: “Uno de los objetivos del programa es bajar la litigiosidad previsional”.

 

Los cuestionamientos de la oposición vinieron por el lado de que este proyecto lejos está de poner fin a la avalancha de juicios previsionales. Para Fernández Sagasti, la quita de “entre el 30 y el 60%” que propone el proyecto en comparación con el cálculo que utiliza la Justicia para cumplir con los fallos de la Corte Suprema permitirá que incluso los jubilados que acepten el pago que propone la ley “podrán seguir litigando”, ya que el artículo 14bis de la Constitución establece que los derechos a la seguridad social son “irrenunciables”.

 

El socialismo llenó Metropolitano en Rosario. 
Axel Kicillof y Carlos Bianco, en conferencia en la Casa de Gobierno.

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